Montañez y Asociados | AMPARO I https://montanezyasociados.com.mx Abogados Fri, 30 Aug 2024 00:20:58 +0000 es hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.6.5 AMPARO I https://montanezyasociados.com.mx/amparo-i/ Mon, 25 Jan 2021 12:38:18 +0000 http://montanezyasociados.com.mx/?p=891 AMPARO I 

(Actualización enero 2021)

Doctor en Derecho Roberto Montañez Perez (Facilitador)

MÉTODOS DE APREDIZAJE

 

 

La DIDÁCTICA CRÍTICA, propone una forma diferente de entender el hecho educativo, mediante el replanteamiento de los papeles de los involucrados (Facilitador y compañeros), así como del entorno, considerando que los problemas que debe resolver la educación trascienden el espacia áulico y que tienen un sentido ético, social y práctico, se considera en este método que la realidad no es algo que esté dado, sino que es siempre perfeccionable o reconstruible, a partir de la participación individual y colectiva. Se trata a fin de cuentas de personas humanas conformadas en un grupo, que a partir de sus acciones transformadoras construyen diferentes objetivos de conocimiento al mismo tiempo que se transforman a sí mismos y buscan transformar para bien a la sociedad, de ahí lo relevante del conocimiento de la realidad social, la participación oral de todos los involucrados en clase y el estudio anticipado del tema a tratar en cada sesión del grupo.      

En relación con el MÉTODO DE CASOS, a partir del análisis de la jurisprudencia comprenderemos los elementos conceptuales de las figuras legales que involucran al amparo, la responsabilidad del facilitador y de los propios participantes, será aportar jurisprudencia que refiera las figuras legales comentadas a partir de casos reales, comprendiendo perfectamente su alcance y obligatoriedad, pues la jurisprudencia interpreta la ley en base a ellos.

Una vez explicado el método de estudio de la materia de amparo, el material base (mínimo indispensable, no limitativo) para el curso es el siguiente: 

 

TEMA 1

CONCEPTO DEL JUICIO DE AMPARO

 

1.- CONCEPTO DE AMPARO: CONCEPTO DE AMPARO (Roberto Montañez Pérez) Juicio de Control Constitucional en tratándose del Amparo Indirecto del que conoce un Juez de Distrito o Procedimiento Autónomo de Control Constitucional entratandose del Amparo Directo del que conoce un Tribunal Colegiado de Circuito en cualquier materia, excepto en materia penal federal, pues en ésta materia conoce un Tribunal Unitario de Circuito, que se funda en lo establecido en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, el cual hace valer quien tiene interés jurídico o legítimo y se siente violentado en sus garantías individuales, derechos humanos o tratados internacionales, denominado quejoso, quien tiene la carga procesal de hacer valer sus conceptos de violación en contra del acto reclamado en las materias de estricto derecho, conceptos de violación en los que imputa dichas violaciones a la autoridad o particulares en funciones de autoridad que han llevado a cabo el acto u omisión reclamada a la que se denomina autoridad responsable, en el que interviene aquel a quien le puede deparar perjuicio la sentencia concesoria de amparo denominado tercero interesado, quien al igual que todas las partes goza de la posibilidad de hacer valer recursos como lo son la revisión, queja, reclamación e inconformidad, además de asistirle el derecho para hacer valer el amparo adhesivo en el amparo directo, con el objeto de fortalecer o aumentar los argumentos de la responsable y hacer valer violaciones procesales respecto del juicio del que deriva el acto reclamado, lo que no podrá hacer valer posteriormente de omitir éstas en el referido amparo adhesivo, interviniendo de igual forma el representante de la sociedad denominado ministerio público con idénticos derechos que los del tercero interesado, siendo el objeto del amparo consesorio el que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual, derecho humano o tratado internacional violado si el acto reclamado es positivos o que se conmine a la autoridad responsable a realizar los que por su naturaleza sean negativos u omisiones, so pena de que la autoridad responsable y su superior jerárquico sean destituidos de sus cargos y denunciados penalmente, como culminación del proceso de incumplimiento del fallo protector, por lo que éste ha de cumplirse de manera inmediata, puntual, sin excesos ni defectos. 

 

2.- GARANTÍAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD JURÍDICA.- La certeza jurídica es la seguridad que debe tener todo gobernado de que su libertad, propiedades, posesiones o derechos serán respetados por la autoridad y si ésta debe afectarlos deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, de tal manera que como se comentó y ahora se amplía, la certeza jurídica encierra tres garantías constitucionales fundamentales, las cuales en lo que interesan establecen lo siguiente: 

A).- GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO. – ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. ¨…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…”.

B).- GARANTÍA DE LEGALIDAD. – ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

C). – GARANTÍA DE AUDIENCIA. – ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. … Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…”.

3.- DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES. – El maestro LUIGI FERRAJOLY en su libo, Derechos y Garantías nos proporciona una definición formal del concepto de derechos fundamentales, como sigue:

 

Son derechos fundamentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica.

 

4.- TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR MÉXICO. Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya consté en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales.

6.- JERARQUÍA DE LEYES.- El 3 de septiembre de 2013, se discutió en sesión plenaria de los Ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación, lo que algunos consideran como el parteaguas del sistema de administración de justicia en México, pues se pensaba que la resolución por emitirse marcará en forma importante los pronunciamientos de la décima época jurisprudencial, de tal forma que el procedimiento de unificación de criterios que fue resuelto en dicha fecha tuvo por objeto el de determinar la prevalencia entre los dos criterios existentes a saber:

Décima Época
Registro digital: 2006224
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)
Página: 202

DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.

El 5 de abril de 2014 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces tienen la obligación de aplicar los Derechos Humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, aunque estableció que cuando la Carta Magna establezca límites o restricciones deben prevalecer las normas internas, el resultado de la contradicción de tesis ampliamente divulgado no dejó a todos satisfechos.

 
El Ministro Cosío expresaría a los medios de comunicación, un día después de resolverse la contradicción de tesis, cito: “la decisión de la Corte sí es un retroceso, en particular porque no se respeta el principio “pro persona”, que significa que se debe aplicar la norma más favorecedora para éstas”.

 

TEMA 2

JURISPRUDENCIA  

 

1.- CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA. –

 

Es importante distinguir en este curso lo que implica la jurisprudencia en sentido amplio y la que nos interesa que es la que reúne dos caracteristicas básica, la jurisprudencia como regla interpretativa y obligatoria. 

En sentido amplio, como ciencia del derecho ha merecido múltiples definiciones; basta recordar aquella inolvidable que de Ulpiano: “Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia” (jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto). 

Muchos siglos después encontramos otra definición con marcado acento positivista, según la cual la ciencia del derecho es el estudio de las normas e instituciones que imperan coactivamente en una comunidad estatal. 

Poco a poco se ha ido ampliando el concepto de derecho hasta que en la actualidad ese “conjunto de normas”, sólo viene a representar una parte del contenido conceptual, pues a la misma se le agrega una dimensión empírica y una dimensión de valor (axiológica), dentro de lo que se conoce como teoría tridimensional del derecho (Jellinek, Lask, Radbruch, Max Ernst Mayer, etc.). 

Esta concepción de jurisprudencia que se identifica con ciencia del derecho, no será estudiada en el desarrollo de este tema, pues la que habremos de analizar corresponde a la que reúne dos elementos a saber: como regla interpretativa y generadora de obligatoriedad.

 

1.2.- LA JURISPRUDENCIA COMO REGLA INTERPRETATIVA Y OBLIGATORIA. 

 

Por ésta, habremos de entender, en el derecho mexicano, no cualquier tipo de resolución, sino solamente aquellas que reuniendo ciertos requisitos que la ley correspondiente exige, es obligatoria para órganos jurisdiccionales determinado por la propia ley de amparo en base a la jerarquía, la cual puede generarse por reiteración de criterios, por contradicción y por sustitución.se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito.

De ahí que podamos definir a la jurisprudencia como¨: “La interpretación que realiza los operadores jurídicos en materia de amparo, respecto de la ley, siendo necesario que la referida interpretación adquiera fuerza vinculante para estos o diversas autoridades judiciales, administrativas o del trabajo.”

 

2.- JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN DE CRITERIOS

 

La jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, emitidas por Tribunales Colegiados o Unitarios de circuito

 

3.- JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS

 

La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia.

 

Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

 

  1. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;
  2. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y

III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente.

 

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran.

 

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

 

5.- JURISPRUDENCIA POR SUSTITUCIÓN.

 

Obedece a la existencia o nacimiento de situaciones jurídicas relevantes que superan paradigmas jurídicos existentes, como pueden ser por ejemplo la equidad de género, el respeto a la diversidad, a la libre determinación de las personas, a la individualidad, etcétera,

 

Sin embargo, no puede darse la referida sustitución por sí sola, pues el MOTIVO DE LA SOLICITUD, siempre debe ser por un asunto concreto, sea del Tribunal Colegiado o de las Salas, según de donde provenga la petición. Debe agregarse que la solicitud de modificación es FACULTATIVA, NO OBLIGATORIA. Así aparece de la tesis aislada del Pleno P. XXXIII/92, que dice: “JURISPRUDENCIA. EL ARTICULO 197, ULTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO NO OBLIGA A SOLICITAR SU MODIFICACIÓN SÓLO FACULTA PARA ELLO.”, otra duda a resolver consiste en responder si ésta procede ¿antes de que el tribunal solicitante resuelva o después?, en este dilema el Pleno de la Corte ha sido muy clara desde mil novecientos noventa y dos, al establecer la tesis P.XXXI/92, que dice: “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA.” Esta tesis revela la intención de la Suprema Corte en el sentido de que la solicitud de la modificación extraordinaria no paralice la función jurisdiccional, sino que se resuelva conforme al criterio ya establecido, a reserva del estudio que posteriormente se haga sobre la modificación. 

Finalmente, El Pleno o la Sala correspondiente que modifica los EFECTOS DE LA SENTENCIA JURISPRUDENCIA no necesariamente tienen que hacerlo en el sentido propuesto por el solicitante, sino como consideren pertinente conforme a derecho y con toda libertad, pero es importante señalar que, en caso de modificación, el nuevo criterio vale de ahí para lo venidero, pero no afecta a las situaciones jurídicas concretas de las ejecutorias que se hubieren dictado aplicando la jurisprudencia anterior. 

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia, se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala.

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta Ley.

 

6.- OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA.

 

La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener:

 

  1. El título que identifique el tema que se trata;
  2. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;

III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio;

  1. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; y
  2. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.

 

Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

 

TEMA 3

REGLAS GENERALES, 

PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO 

QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO, 

SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y

CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN

 

1.- REGLAS GENERALES: 

 

  • PROTECCIÓN: El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos en que realicen funciones en carácter de autoridades.

 

  • TRÁMITE: El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la Ley de amparo, una vez agotado el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

 

  • SUPLETORIEDAD: A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho.

 

  • EXCEPCIÓN A LA REGLA DEL TÁMITE O SUSTANCIACIÓN PRIORITARIA: De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley. La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

 

  1. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.

 

  1. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.

 

  1. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico.

 

  1. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes. 

 

2.- PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. ¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y EN QUÉ SE DISTINGUEN DE LAS REGLAS JURÍDICAS? 

 

De acuerdo con el sentido en que la doctrina utiliza el término “principios”, éstos a menudo incluyen un vasto conjunto de consideraciones teóricas y prácticas, sólo parte de las cuales se relacionan con las cuestiones que RONALD DWORKIN, filósofo del derecho y catedrático de derecho constitucional Estadounidense, egresado de la Universidad de Harvard, en sus libros Los Derechos en Serio y El Imperio de la Justica, manejó el tema de los Principios Generales de derecho señalando que: Aun cuando se considere que el vocablo “principio” se limita a parámetros normativos, incluida la conducta de los tribunales al decidir casos, hay distintas maneras de comparar las reglas y esos principios; pensó que todos los que han estudiado a fondo los Principios estarían de acuerdo en que éstos se distinguen de las reglas al menos por dos características. La primera es una cuestión de grado: a diferencia de las reglas, los principios son amplios, generales o indeterminados, en el sentido de que a menudo lo que se consideraría como un conjunto de reglas distintas puede servir de ejemplo o concreción de un solo principio. La segunda consiste en que los principios, como se refieren más o menos expresamente a algún propósito, meta, derecho o valor, son considerados desde cierta perspectiva como algo deseable de ser mantenido o adherido y, de este modo, no sólo como proveedores de explicación o fundamento de las reglas que los ejemplifican, sino que, al menos, como contribuyentes a su justificación.

MANUEL ATIENZA Y JUAN RUIZ MANERO, en su obra Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 2004, señalan que los principios en sentido estricto son normas, explícitas o implícitas, que establecen la obligación, permisión o prohibición de realizar una cierta acción —que se entiende expresa alguno de los valores superiores de un ordenamiento jurídico, de un sector del mismo, de una institución—, dirigidas a los operadores jurídicos a fin de indicar cómo seleccionar la norma aplicable o cómo interpretarla.

 

3.- PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO MÁS RELEVANTES Y DE APLICACIÓN DIRECTA AL JUICIO DE AMPARO. 

 

1.- INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, POR QUIEN GOCE DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. Se ejercitará a Petición de la Parte Agraviada, también llamada, Principio Dispositivo o de Jurisdicción Rogada, por quine goce de interés jurídico o legítimo.

 

Consistente en que el juicio de garantías sólo pude ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agravio, incorporando la figura del Interés Legítimo, cuando anteriormente era necesaria la existencia solo de un interés Jurídico.

INTERÉS JURÍDICO, para su integración se requiere: a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica, b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona, c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Ej. El respeto a la propiedad privada. 
INTERÉS LEGÍTIMO Se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ej. El respeto a los bosques donde tengo mi casa de campo, aunque no sea el propietario del bosque. 

(INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO? NÚMERO DE REGISTRO DIGITAL: 2009197.

 

2.- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE OFICIO, pues en el juicio de amparo son de orden público y por lo mismo de estudio preferente. 

 

Las causales de improcedencia podemos ubicarlas fácilmente equiparándolas a los efectos que producen los presupuestos procesales en el juicio de orden civil, pues dichas causas producen que se deseche el inicio del juicio de amparo. (Las causas de improcedencia se regulan en 23 fracciones contenidas por el Artículo 61 de la ley de amparo)

 

3.- APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO DE LA DEMORA, COMO ELEMENTOS PARA CONCEDER O NEGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. 

 

LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado. 

EL PELIGRO EN LA DEMORA consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. 

APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO DE LA DEMORA. CUESTIONES JURÍDICAS. REGISTRO DIGITAL: 2001572 Y REGISTRO DIGITAL: 161166

 

4.- DEFINITIVIDAD. Consisten en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables al acto reclamado, pues de no ser así el mencionado juicio será improcedente. Artículo 61 fracción XIV de la ley de amparo.

5.- EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO SON ERGA OMNES. El insistente reclamo de la comunidad jurídica a permitido incorporara a la ley la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que permite, para muchos terminar con la perniciosa formula otero o tambien conocida como teoría de relatividad del juicio de amparo, que no es otra cosa que la imposibilidad de que una declaratoria de inconstitucionalidad abarque a quien no hizo valer agravio personal o directo en contra del acto de autoridad, es decir, quien no promovió amparo contra el mismo, sin embrago, sin razón justificada, se dejó fuera de la figura legal señalada, a la materia recaudatoria, esta excepción, representa un ejemplo más del poder político sobre el jurídico, algo de lo que como juristas debemos sentirnos avergonzados o por lo menos insatisfechos. (Opinión personal del facilitador de libre interpretación). Excepción a la Declaratoria Cuasi General de Inconstitucionalidad Artículo 231 de la Ley de Amparo, materia recaudatoria.

 

6.- SISTEMA DE CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

 

La constitucionalidad de un ordenamiento jurídico equivale a la integridad y honorabilidad de una persona. En ambos debe haber congruencia en los principios y valores, en lo que se dice y se hace.

La congruencia del orden jurídico se basa en que debe prevalecer el principio de supremacía constitucional (derechos humanos y tratados) en la legislación nacional, que en nuestro caso involucra a la legislación federal y estatal. 

Hablando de control constitucional o control concentrado de la mismas, el único poder que lleva a cabo éste, es el Poder Judicial de la Federación, cuando resuelve y emite resoluciones de los amparos interpuestos contra normas consideradas inconstitucionales, sobre controversias inconstitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución. 

Con la reforma al artículo 1° constitucional llevada a cabo en el año 2011, en que se transforman a las garantías individuales en derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, y se establece la obligación para todos los jueces y magistrados judiciales y administrativos de tomar en cuenta por encima de la legislación nacional, lo que dicen los tratados internacionales en esta materia, de acuerdo a principios específicos de interpretación, siempre y cuando no contradigan la constitución.  

Esto quiere decir que el control de la constitucionalidad adquiere otra dimensión, al extenderse  esta obligación a todas las autoridades judiciales, por lo que la palabra extenso es la acepción adecuada del termino difuso, ya que también difuso significa confuso o poco claro, que aún que puede llegar a serlo, ésta última terminología no es la que debe deducirse de termino control difuso de la constitucionalidad, sería sinónimo entonces igualmente acertado denominarlo control extenso de la constitucionalidad a diferencia del control concentrado de la constitucionalidad que como se dijo solo corresponde al Poder Judicial Federal. 

Así pues, hablando del Control Difuso de Constitucionalidad debemos señalar que el control constitucional mexicano es parcialmente de carácter difuso al permitir a cualquier órgano de aplicación de la ley el negarse a aplicarla al advertir una contradicción constitucional de la mismas, a diferencia del sistema de Control Concentrado de Constitucionalidad pues a través del juicio de amparo son los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, quienes tienen a su cargo la decisión de conflictos sobre la constitucionalidad de algún acto de autoridad; aunque también es parcialmente concentrado, en cuanto corresponde únicamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conocimiento de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por lo anterior, con la expresión “CONTROL DIFUSO” nos referiremos a la facultad que tienen todos los órganos jurisdiccionales, en vía de excepción, de estudiar la constitucionalidad de normas generales, especialmente, y omitir su aplicación en casos de inconstitucionalidad.

CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. REGISTRO DIGITAL: 2010144

TEMA 4

 

PARTES, CAPACIDAD, PERSONALIDAD, PLAZOS Y 

NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO.

 

1.- PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO:

 

  1. EL QUEJOSO, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo denominado interés jurídico o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus garantías individuales, derechos humanos o los que deriven de los tratados internacionales y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.
  • El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Ej.  Vivo en Yucatán y promuevo amparo por la tala del bosque de Chihuahua.
  • El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común. 

 

B.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que reclama el quejoso.

 

  • Los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad.
  • El superior jerárquico de la autoridad referida en el amparo, tendrá ese carácter en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo, aún y cuando no haya sido referido en la demanda de amparo como tal.

 

C.- EL TERCERO INTERESADO, pudiendo tener tal carácter:

 

  1. La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

 

  1. La contraparte del quejoso.

 

  1. La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño.

 

  1. El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

 

  1. El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.

 

  1. EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL en todos los juicios, en donde éste facultado para interponer recursos.

 

2.- CAPACIDAD Y PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO:

 

A.- CAPACIDAD.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. (QUEJOSO MATERIAL)

 

B.- PERSONALIDAD.- El quejoso puede promover el juicio de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en  esta Ley. (QUEJOSO FORMAL)

 

  • Abogado.- El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civiles, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa deberá ser abogado. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona.

 

  • Defensor.- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.

 

  • Servidor Público.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables.

 

  • Cualquier persona mayor de edad.- El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante.

 

  • Cualquier persona incluso menor de edad.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.

 

3.- PLAZOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO. 

 

  • 15 días, para presentar la demanda de amparo.

 

  • 30 días, cuando se reclame una norma general auto aplicativo, o el procedimiento de extradición.

 

  • 7 años.- cuando el amparo se promueva contra actos que tengan por efecto la privación de la propiedad o posesión de derechos agrarios.

 

  • 8 años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión.

 

  • En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

 

4.- NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO.

 

Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley.

 

4.1.- DIVERSAS FORMAS DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO.-

 

 

  • EN FORMA PERSONAL; Algunos ejemplos: 

 

 

  1. a) Al quejoso privado de su libertad. 

 

  1. b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable;

 

  1. c) Los requerimientos y prevenciones;

 

  1. d) Las sentencias, dictadas fuera de la audiencia constitucional;

 

  1. f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional;

 

  1. POR OFICIO; Algunos ejemplos:

 

  1. a) A la autoridad responsable;

 

  1. b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y

 

  1. c) Al Ministerio Público de la Federación.

 

III.- POR LISTA; Algunos ejemplos:

 

Actuaciones de menor relevancia como la expedición de copias, autorizaciones, solicitud de oficios etc.

 

  1. POR VÍA ELECTRÓNICA; Algunos ejemplos:

 

Cualquiera de las anteriores, excepto las personales y solo a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica.

 

TEMA 5

 

COMPETENCIA, CONFLICTOS COMPETENCIALES, 

IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

 

1.- CONCEPTO DE COMETENCIA: SANTIAGO KELLEY HERNÁNDEZ: Es el límite de la jurisdicción, determinante para que una autoridad pueda actuar válidamente. 

 

2.-  ÓRGANOS JURISDICCIONALES COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO:

 

  • La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sala o en pleno.
  • Plenos de Circuito.
  • Los tribunales colegiados de circuito.
  • Los tribunales unitarios de circuito;
  • Los juzgados de distrito; y
  • Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados, en los casos previstos por esta Ley.

 

2.1.- LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ACTUANDO POR SALA O EN PLENO.- Las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los órganos jurisdiccionales, encargados de resolver respecto de la inconstitucionalidad de una norma general, y la Declaratoria Cuasi General de Inconstitucionalidad, lo cual acontece en los casos en los que por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, se declara la inconstitucionalidad de una norma, por lo que el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará en tal sentido a la autoridad emisora de la norma, con la desafortunada salvedad de que, la resolución declarativa de inconstitucional cuasi general no es aplicable a normas en materia tributaria. 

 

2.2.- LOS PLENOS DE CIRCUITO. – Es competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustentes los Tribunales Colegiados de los mimos circuito y especialidad.

 

2.3.- LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Son competentes para conocer del juicio de amparo directo, además de ser el órgano revisor de las resoluciones de amparo emitidas por los Juzgados de Distrito.

 

2.4.- LOS JUZGADOS DE DISTRITO. Son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.

 

2.5.- LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito y también conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. 

 

2.6.- LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS, EN LOS CASOS PREVISTOS POR ESTA LEY.

 

El Artículo 33 Fracción V de la ley de amparo, prevé la posibilidad de acudir el juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción de los estos, su procedencia se presenta respecto de violaciones a la leyes locales y el ámbito de competencia corresponde a la autoridad judicial del mayor rango del estado, su objetivo se advierte como doble, primero el permitir el desarrollo de la justicia local y segundo hacer de crecer el serio rezago del Poder Judicial Federal por la atención de un número de amparos que rebaza sus capacidades de administración de justicia, generando una justicia federal lenta. 

 

3.- REGLAS GENERALES SOBRE COMPETENCIA EN MATERIA DE AMPARO. 

 

  • EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. – La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.

 

  • EN DONDE EL ACTO RECLAMADO DEBA TENER EJECUCIÓN. –  En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

 

  • EN DONDE PRIMERO HUBIERE RECIBIDO LA DEMANDA. – Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.

 

  • FACULTAD DE ATRACCIÓN. –  El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten.

 

 

4.- CONFLICTOS COMPETENCIALES.

 

4.1.- REGLAS A APLICAR EN CASO DE CONFLICTOS COMPETENCIALES. – 

 

  • Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior.

 

  • Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspenderá todo procedimiento con excepción del incidente de suspensión.

 

  • Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto a que aquélla le corresponda, la requerirá para que cese en el conocimiento y le remita los autos.

 

  • Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito.

 

  • Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. 

 

  • Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita los autos. 

 

  • Cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.

 

  • Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.

 

5.- DIVERSOS TIPOS DE COMPETENCIA.

 

5.1.- COMPETENCIA OBJETIVA: La competencia propiamente dicha es el mismo concepto anterior estudiado de KELLEY HERNÁNDEZ y cito: Es el límite de la jurisdicción, determinante para que una autoridad pueda actora válidamente. La Jurisdicción es la función del estado de decir el derecho.

5.2.- COMPETENCIA SUBJETIVA: Además de que el funcionario judicial cuente con competencia en cuanto el ejercicio de su jurisdicción, es necesario que sea imparcial, luego entonces debe ser ajeno a relaciones de parentesco por filiación o afinidad o a sentimientos de amistad o animadversión, respecto de las partes, además de evitar obsequios, invitaciones personales a fiestas o convites, a efecto de garantizar la referida imparcialidad (evitando cualquier influencia de las partes), además debe actuar con independencia (evitando cualquier influencia de otro órgano de poder formal o de facto) y finalmente con objetividad (evitando que sus propias creencias. Principios y convicciones personales lo alejen de la aplicación de la ley) . En caso de que la imparcialidad referida anteriormente no se actualice por presentarse algunos de los supuestos también señalados, la autoridad judicial de mutuo propio debe EXCUSARSE y si no lo hace la parte agraviada puede hacer valer la RECUSACIÓN de la referida autoridad probando la causa de la misma.

 

6.- IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES.

 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

 

  1. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo; 

 

  1. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

 

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

 

  1. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

 

  1. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

 

  1. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

 

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y

 

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

 

  • Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento referidas anteriormente. 

 

  • Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos.

 

  • El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento.

 

TEMA 6

 

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

Dos instituciones fundamentales del juicio de amparo están constituidas por la improcedencia de la pretensión y el sobreseimiento de juicio, lo que equivale a las figuras que la doctrina denomina inadmisibilidad e imporcedibilidad.  

IMPROCEDENCIA- INADMISIBILID     SOBRESEIMIENTO-IMPROCEDIBILIDAD

El maestro HECTOR FIX ZAMUDIO, se refiere a LA IMPROCEDENCIA, como: “La inadmisibilidad de la pretensión manifiesta e indudable que impide el inicio del juicio de la demanda de amparo, por presentarse alguna de las causas a que se refiere el artículo 61 de la ley de amparo, como por ejemplo el desacato del principio de definitividad”  

EL SOBRESEIMIENTO según el maestro MÁXIMO CASTRO es “La declaración judicial de la existencia de un obstáculo jurídico o material que impide el examen de fondo de la controversia una vez iniciada ésta.” 

Todas las causas de improcedencia, dan lugar al sobreseimiento, sin embargo, el sobreseimiento además debe decretarse al presentarse el desistimiento, al no entregar el quejoso los edictos de notificación del tercero interesado, por la muerte del quejoso, al acreditase la inexistencia del acto reclamado, o cuando durante el juicio se advierta o sobre venga una causal de improcedencia. 

La improcedencia se decreta antes de iniciar el juicio (salvo que no se advierta de inicio o sobrevenga), el sobreseimiento al dictarse sentencia por causas que se adviertan o sobrevengan una vez iniciado éste, en donde se incluyen las propias causas de improcedencia y se adicionan otras como por ejemplo la muerte del quejoso.

Las causales de improcedencia son necesarias, porque todas ellas descansan en principios que fortalecen la seguridad jurídica o que constituyen candados para el debido funcionamiento del sistema judicial.

1.- IMPROCEDENCIA.

 

Solo para ubicar algunas de las causas de improcedencia, debemos referirnos a la siguiente parte del artículo 61 de la ley de amparo, pues su estudio total mi análisis completo será materia del segundo curso de ésta materia y cito: 

 

El juicio de amparo es improcedente:

 

  1. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
  2. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;

III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;

  1. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
  2. Contra actos del Congreso de la Unión…
  3. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;
  4. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;

XVIII. (PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD) Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. 

 

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE OFICIO. –  Finalmente, es necesario señalar que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

 

2.- SOBRESEIMIENTO.

 

El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:

  1. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que, de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.

No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio;

  1. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;

III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;

  1. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y
  2. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

 

Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que, en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización.

 

TEMA 7

 

INCIDENTES Y SENTENCIAS

 

1.- INCIDENTES. – Los incidentes, son todas aquellas cuestiones, ajenas al fondo del juicio de amparo, pero que son instrumentos legales de gran importancia para las partes en el mismo, incidencias, que pueden tramitarse a petición de parte o de oficio, sobre cuestiones que expresamente contempla la ley de amparo durante o una vez concluido el juicio.

Algunas de las cuestiones incidentales que pueden hacerse valer en juicio de amparo, son las siguientes:

1.1.- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO. – La incidencia más importante, sin duda la constituye el incidente de suspensión del acto reclamado, que es: 

“Una institución de seguridad en el juicio de amparo, que tiene por objeto evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación a los agraviados, y así conservar la materia objeto del conflicto, impidiendo que el acto reclamado se consume irreparablemente; de esta manera, al concederse la protección constitucional pueden restituirse las cosas al estado que guardaban antes de la violación.”

1.2.- INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES. –  Cuando a las notificaciones les faltaré algunas de las formalidades que exige la ley de amparo para su realización, podrán las partes, pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Este incidente no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada.

 

  1. 3.- INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE CONSTANCIAS DE AUTOS. – Es posible que durante cualquier proceso de amparo se presente el extravió de documentos o constancia del mismo, incluso la perdida de expedientes enteros, por tal motivo la ley de amparo prevé, el incidente de reposición de constancias de autos que se tramitará a petición de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3o de Ley de amparo permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho expediente digital.

 

2.- SENTENCIAS.

 

Etimológicamente, según lo define la Enciclopedia Jurídica Omeba, sentencia proviene del latín “sententia” y ésta a su vez de “sentiens, sentientis”, participio activo de “sentire” que significa sentir.

Luego, la connotación del concepto no deja de ser especialmente singular, pues implica el sentimiento que el juzgador se ha formado acerca de la controversia planteada a su consideración, a la luz desde luego de la norma jurídica, plasmado en el fallo que sólo a él es dado pronunciar.

Ya técnicamente hablando, para ALFREDO ROCCO la sentencia es:” el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquellas normas jurídicas que el derecho concede a un determinado interés”.

 

3.- PRINCIPIOS QUE DEBE OBSERVAR LA SENTENCIA DE AMPARO:

 

A). – EL TRIBUNAL DE AMPARO NO GOZA DE LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN, POR LO QUE DE CONCEDERSE EL AMPARO SERÁ ESPECIFICANDO LOS EFECTOS DEL MISMO.

 

La facultad de sustitución de la que no goza el Juez de Control Constitucional se traduce en la atribución con la que cuentan determinadas autoridades judiciales como las Salas Civiles al resolver las apelaciones ordinarias del juzgado de primera instancia, para reemplazar a éstos y en su lugar en caso de revocarse o modificarse el auto, interlocutoria  o la sentencia impugnada dictar otro u otra que considere apegada a derecho, dicho de otra manera, no existe reenvío en la segunda instancia en materia civil.

El Diccionario nos refiere que, sustituirse es la acción o efecto de sustituir y que sustituir significa “poner a una persona o cosa en lugar de otra” para efectos de la figura que se estudia se traduce en que el Magistrado de la Sala Civil al momento en que dicta sentencia de segunda instancia se coloca en el lugar del juzgador y en vez de éste dicta sentencia, esto es, se sustituye a él, contrario a la técnica del juicio de amparo en donde el juzgador en caso de que conceda éste debe especificar los efectos a cumplir por la autoridad responsable en el fallo protector.

B).- EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO SON ERGA OMNES VS RELATIVIDAD O FORMULA OTERO.

 

Los efectos de la sentencia de amparo serán generales para todas las personas que se encuentren en el rango de aplicación de la ley declarada inconstitucional bajo el procedimiento de Declaración Cuasi General de Inconstitucionalidad, excepto en materia recaudatoria. 

Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo en donde no se involucren cuestiones de constitucionalidad de leyes sometidas al procedimiento de Declaración Cuasi General de Inconstitucionalidad, sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

C). – PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO.

 

El juzgador de amparo, al dictar sentencia, está imposibilitado para subsanar las omisiones o suplir las deficiencias de los conceptos de violación o agravios, salvo en los siguientes casos:


  •  Cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

  •  En materia penal.

  •  En materia agraria, a favor de los núcleos de población ejidal o comunal o de los ejidatarios o comuneros en lo individual.

  •  En materia laboral, a favor del trabajador.

  •  En favor de los menores de edad e incapaces.

  •  Cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

 

D). – PRINCIPIO DE CONGRUENCIA. – Conforme al principio de congruencia, debe existir identidad o correspondencia entre lo controvertido por las partes y lo resuelto por el juzgador, sin que éste pueda incurrir en contradicciones por cuanto hace a las declaraciones, consideraciones y afirmaciones expresadas en la sentencia.

E). – PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD. – Por su parte, en términos del principio de exhaustividad, el juzgador de amparo, en la sentencia, debe referirse a todos y cada uno de los elementos de la litis, así como abordar todos los planteamientos formulados por las partes y valorar todas las pruebas que, en su caso, éstas hubiesen rendido.

TEMA 8

EL AMPARO INDIRECTO

PROCEDENCIA Y DEMANDA

 

1.- DIFERENCIA ENTRE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y EL INDIRECTO.

 

Para poder enfocar adecuadamente el tema en estudio es necesario establecer de manera breve la diferencia entre el amparo directo y el amparo indirecto, y las primeras interrogantes que se presentan son: ¿De dónde surge la denominación de amparo directo y amparo indirecto?, ¿Es correcta ésta?, la respuesta se encuentra en la propia ley de amparo que los refiere de esta manera, en los que utiliza estos términos en vez de los también muy usados en la doctrina de Uniinstancial y Biinstancial, denominación ésta última, que es imprecisa por el hecho de que como se h analizad en este curso el amparo directo también admite dos instancias entratandose de resoluciones que aborden la constitucionalidad de una ley, así pues, la denominación de directo e indirecto tiene que ver con el hecho de que la presentación de la demanda de amparo directo se realiza por conducto de la autoridad responsable, es decir, de manera directa ante quien emitió el acto reclamado y la de amparo indirecto se presenta ante el juez de distrito en forma indirecta con respecto a quien dictó el acto reclamado de ahí su denominación, aunque coincidiremos en que lo anterior solo es una cuestión de perspectiva, sin embargo, lo cierto es, que al otorgarnos la propia ley la referida denominación, debemos apegarnos a ella.

 

Ahora bien, mucho se ha discutido en la doctrina si debemos considerar al amparo directo como un auténtico juicio o en realidad solo es un recurso, al efecto debemos señalar que el amparo tiene características de ambos, pues el amparo directo, en realidad tiene la finalidad de que el juzgador de amparo, de nueva cuenta someta a su estudio la controversia de fondo planteada ante el juez natural, para determinar si es fundado o no, pero ahora desde el enfoque de la búsqueda de violaciones constitucionales, sin más materia que los conceptos de violación planteados en el mismo, lo que sin duda puede verse claramente como un recurso, sin embargo si dicho juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones respecto de las cuales no proceda algún medio ordinario ¿cómo el juicio de amparo directo puede ser un recurso si procede después de agotados éstos?, la respuesta pude encontrarse en que no se trata de un medio de defensa ordinario sino de uno evidentemente extraordinario, por el hecho de que solo tiene un propósito específico y determinado, la revisión de la constitucionalidad de las sentencias, resoluciones o laudos una vez cumplido el principio de definitividad.  

Por otro lado, el juicio de amparo indirecto es en sí mismo un juicio en toda la extensión de la palabra, pues abarca etapas procésales que le permiten ser considerado como tal, entre las cuales destaca el hecho de que él mismo cuenta con una etapa probatoria, que se desarrolla en la audiencia constitucional y prevé un catálogo específico de pruebas, cuyo desahogo se encuentra perfectamente establecido en la ley de amparo, lo que solo ocurre en los procedimientos seguidos en forma de juicios.

2.- PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO:

 

El amparo indirecto procede contra:

 

I.- Normas generales.

  1. Actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.

III. Actos o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.

  1. Actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio.
  2. Actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación.
  3. Actos que afecten a personas extrañas al juicio.

VII. Omisiones del Ministerio Público.

VIII. Actos de autoridad que determinen cuestiones de incompetencia.

 

3.- DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, QUE DEBE CONTENER.

 

La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará en forma general:

 

  1. El nombre y domicilio del quejoso.
  2. El nombre y domicilio del tercero interesado.

III. La autoridad o autoridades responsables.

  1. El acto reclamado.
  2. Bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado.

VIII. Los conceptos de violación.

 

La sustanciación de la demanda de amparo directo es objeto de su segundo curso.

 

4.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Razonamientos lógico jurídicos que expresa el quejoso en su demanda de amparo a la luz de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los derechos humanos y de los tratados internacionales, en las materias de derecho que se rigen bajo el principio de estricto derecho,  en contra de los argumentos y fundamentos aplicados en el acto reclamado por la autoridad responsable, en los cuales, el quejoso debe referir con precisión los preceptos jurídicos secundarios y/o constitucionales que fueron violentadas por la autoridad al inobservarlos o aplicarlos inexactamente, cumpliendo en dichos razonamientos con el principio de exhaustividad, así como con el principio de importancia y trascendencia, con el objeto de lograr que el juez federal que conoce del amparo, emita una sentencia en la que decrete la restitución al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada. 

 

TEMA 9

AMPARO DIRECTO Y ADHESIVO

 

1.- PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

 

El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

 

2.- QUE SE ENTIENDE POR SENTENCIAS DEFINITIVAS.

 

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

 

3.- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. 

 

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

 

4.- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. 

 

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

 

5.-  PROCEDENCIA DEL AMPARO ADHESIVO.

 

Si al presentarse el amparo directo, el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si éste último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Lo que se traduce en que le maro adhesivo solo existe con motivo de la existencia del amparo directo. 

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.

El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:

 

  1. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y
  2. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.

III.- Impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. (CONTRADICCIÓN J/P 10/2015 SOLO LOS DOS PRIMEROS SUPUESTOS)

 

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.

 

5.1.- CONSECUENCIA DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL AMPARO ADHESIVO.

 

La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluye el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.

 

6.- REQUISITO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.

 

La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

 

  1. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;
  2. El nombre y domicilio del tercero interesado;

III. La autoridad responsable;

  1. El acto reclamado.

Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia.

 

La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes.

 

TEMA 10

SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO

REGLAS GENERALES

Dentro del procedimiento del juicio de amparo indirecto pueden presentarse algunos incidentes, entre los cuales se encuentra el de suspensión.

El incidente de suspensión es una institución de seguridad en el juicio de amparo, que tiene por objeto evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación a los agraviados, y así conservar la materia objeto del conflicto, impidiendo que el acto reclamado se consume irreparablemente; de esta manera, al concederse la protección constitucional pueden restituirse las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

POR LO TANTO, PODEMOS DECIR QUE SUS REGLAS GENERALES SON LAS SIGUIENTES:

* La suspensión tiene por objeto paralizar los efectos del acto reclamado manteniendo las cosas en el estado que guarden en el momento de decretarse.

* El juzgador debe precisar el acto o actos que hayan de suspenderse para evitar todo tipo de confusiones en el quejoso y autoridades responsables.

* Al resolverse sobre la suspensión no procede estudiar cuestiones relativas al fondo del amparo.

* La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta que la suspensión procede en contra de la aplicación de una ley.

  1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.

De oficio o “de plano”, Es la que se decreta en el mismo auto en que el juez admite la demanda.

A petición de parte. Estriba en la naturaleza del acto; en los amparos indirectos, procede primero en forma provisional y después en forma definitiva.

1.1.- CUÁNDO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO.

La suspensión de oficio en el juicio de amparo está en razón de la naturaleza del acto reclamado y la necesidad de conservar la materia de amparo, en los siguientes supuestos:

  1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Federal;
  2. Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.

La suspensión señalada, se decreta de plano en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento.

Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.

Además, de igual forma procede la suspensión de oficio del acto reclamado, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen jurídico-ejidal.

1.2. LA SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE.

Se clasifica de la siguiente manera:

  1. Suspensión provisional.
  2. Suspensión definitiva.

La suspensión provisional, como su nombre lo indica, surte sus efectos mientras se resuelve sobre la definitiva, una vez celebrada la audiencia incidental.

Cabe señalar que en contra del auto que concede o niega la suspensión provisional, procede el recurso de queja.

Así también, el recurso que procede en contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, es el de revisión, del cual conoce el Tribunal Colegiado de Circuito.

Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.

En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.

2.- FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS. 

En los casos en que sea procedente la suspensión, pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.

Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.

2.- CONTRA GARANTÍA PARA DEJAR SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN. 

La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía.

TEMA NÚMERO 11 

MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. RECURSOS

 

1.- CONCEPTO DE RECURSO: (FÁBREGA) Se llama recurso judicial a la facultad que a los litigantes compete de pedir la enmienda de una resolución judicial, ante un tribunal superior. La naturaleza jurídica de los recursos judiciales estriba en la falibilidad humana, los jueces y tribunales pueden incurrir en errores al dictar sus resoluciones y por tanto es preciso que los litigantes gocen de medios para poder enmendarlos. 

 

Los recursos que prevé la ley de amparo son revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

 

2.- RECURSO DE REVISIÓN

 

2.2.- PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN:

 

  1. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

 

  1. a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental;
  2. b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;
  3. c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;
  4. d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y
  5. e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.

 

  1. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

 

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

 

2.2.- REVISIÓN ADHESIVA

 

La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

 

2.3.- ¿QUIEN CONOCE DE LA REVISIÓN CONTRA RESOLUCIÓN EMITIDA EN AMPARO DIRECTO?

 

Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.

Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.

 

2.4.- PLAZO

 

El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

 

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación.

 

3.- RECURSO DE QUEJA.

 

3.1.- EL RECURSO DE QUEJA PROCEDE:

 

  1. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

 

  1. a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;

 

  1. b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;
  2. c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
  3. d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado;
  4. e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;
  5. f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios;
  6. g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y
  7. h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo;

 

  1. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:

 

  1. a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente;
  2. b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
  3. c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y
  4. d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucionar o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados.

 

3.1.1.- Quien conoce del recurso de queja.

 

Décima Época
Registro digital: 2005704
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
Materia(s): Común
Tesis: XIX.2o.P.T.3 K (10a.)
Página: 2619

RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DISTINTO DEL QUE CONOCE DEL JUICIO NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN.

De conformidad con los artículos 97, fracción I, y 99, primer párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el recurso de queja que se interponga contra las resoluciones dictadas en el juicio de amparo indirecto, debe presentarse directamente ante el órgano jurisdiccional que conozca de él; por tanto, si el medio de impugnación erróneamente se presenta ante el Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer de aquél, ello no interrumpe el término para su interposición; de ahí que si el recurso fue recibido fuera de término por el órgano que conoce del juicio constitucional en primera instancia, debe desecharse.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

Queja 126/2013. Gobierno del Estado de Tamaulipas. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Rafael Segura Madueño. Secretario: Alberto Chávez Aguilar. Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3.2.- PLAZO

 

El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:

 

  1. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y
  2. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo.

 

4.- RECURSO DE RECLAMACIÓN

 

El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

 

4.1.- PLAZO

 

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

 

5.- RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

 

El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones posteriores al dictado de la sentencia de amparo que:

 

  1. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;
  2. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;

III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o

  1. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

 

5.1.- PLAZO

El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.

TEMA 12

CUMPLIMIENTO, REPETICIÓN, INEJECUCIÓN, EXCESO O DEFECTO

 

I CUMPLIMIENTO

 

El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata, puntual, sin excesos ni defectos. 

 

  1. REQUERIMIENTO.- En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, así mismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

 

1.2.1.- EXCEPCIONES AL PLAZO DE TRES DÍAS.- El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso.

 

  • REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO. – Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en ley de amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.

 

 

 

  • SUPERIOR JERÁRQUICO. – Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.

 

 

 

  • RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD AUN DEJANDO EL CARGO.- Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y quien asuma el mismo cargo, recibirá el mismo requerimiento que quien lo dejó para realizar el cumplimiento. 

 

 

  1. ATENUANTE DE SANCIÓN PENAL. – El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

 

  1. ¿QUÉ AUTORIDADES DEBEN ACTUAR PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO? Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

 

  1. ¿CUÁNDO SE ENTIENDE QUE LA EJECUTORIA FUE CUMPLIDA? La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, puntualmente, sin excesos ni defectos.

 

II.- REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO

 

Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, basta comparara los dos actos en cuanto a sus efectos; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, con independencia de sus causas, motivos o fundamento y en tal sentido advertir si se reitera la lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales. (Jurisprudencia de la Cuarta Sala SCJN registro 207678)

2.1.- PLAZO. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días.

2.2.- SANCIÓN. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de la ley de amparo.

  • Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado.

 

  • En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda.

 

  • Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió.

 

2.3.- ATENUANTE. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal.

 

III INEJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR

 

Debe partir de la base de que se impute a la autoridad responsable la ausencia total de actos encaminados a la ejecución, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, o bien se impute la total persistencia de la autoridad responsable en su conducta violatoria de garantías, cuando los actos reclamados sean de carácter negativo. Por tanto, las resoluciones deberán contraerse, exclusivamente, a estudiar y determinar si la autoridad responsable es o no contumaz para acatar la ejecutoria de amparo. (Jurisprudencia de la Tercera Sala SCJN registro 206569)

IV EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR

Se estima que existe exceso cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional, en tanto que hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. (Registro digital: 224837 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia por reiteración)

V.- PROYECTO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE

 El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

 

V.I. ¿CUÁL ES EL ACTUAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RECIBIR LA RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO?

 

  • Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda.
  • Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.
  • Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria.
  • En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior.

 

TEMA 13

INCIDENTE POSTERIOR A LA SENTENCIA, INCIDENTE DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN Y OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE CUMPLIR LA SENTENCIA

 

1.- INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO

El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.

 

El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que:

  1. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o
  2. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio.

 

La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia.

 

El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley.

 

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución.

 

Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente.

 

2.- INCIDENTE EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.

 

El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.

El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.

El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:

 

  1. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;
  2. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y

III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución.

 

Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.

 

 

OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE HACER CUMPLIR LA SENTENCIA

Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla.

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición.

Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió el amparo no obtuvieren el cumplimiento material de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada.

TEMA 14

MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO,

RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y DELITOS

 

1.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO

 

Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias:

  1. Multa; y
  2. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado.

Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten.

Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio:

  1. Multa;
  2. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y

III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República.

 

2.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

 

Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (desde el año 2016 UMA Unidad de Medida y Actualización) al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.

 

2.1.- MULTAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

 

Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:

 

  1. No rinda el informe previo;
  2. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda.

III. No informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto; y

  1. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional.

 

3.- DELITOS

 

A). DEL QUEJOSO, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y

 

B). DEL QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.

 

C). DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: En los siguientes casos:

 

  1. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;
  2. Repita el acto reclamado;

III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y

  1. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.

 

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo, además cuando:

 

  1. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;
  2. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;

VII. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;

VIII. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y

  1. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo. 
  2. Aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad.

 

La pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento.

 

D). AL MINISTRO, MAGISTRADO O JUEZ que dolosamente hubiere negado la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, se le impondrán pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación por un lapso de dos a seis años.

 

F). DEL JUEZ DE DISTRITO O LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DE UN JUICIO DE AMPARO O DEL INCIDENTE RESPECTIVO, cuando dolosamente:

 

  1. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados; y
  2. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia.

III. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta Ley.

 

TEMA 15

 

DECLARATORIA CUASI GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD, ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD Y CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL.

 

1.- COMO SE INTEGRA LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD: Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria.

Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general.

La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

  1. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y
  2. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad.

 

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

 

2.- DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

 

Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto:

  1. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido.

Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante.

El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.

Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad;

  1. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley.

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

 

2.- Acción de Inconstitucionalidad y Controversia Constitucional.

 

Es común confundir las figuras legales de control constitucional denominadas controversia constitucional y acción de inconstitucionalidad, al respecto incluso fue necesario el pronunciamiento del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada celebrada el once de julio del 2000, la que generara la jurisprudencia 71/2000, misma que ahora nos sirve como referencia clara, además de científicamente confiable para advertir las diferencia entre ambas figuras de Control Constitucional, a saber:

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. Si bien es cierto que la controversia constitucional y la acción de inconstitucionalidad son dos medios de control de la constitucionalidad, también lo es que cada una tiene características particulares que las diferencian entre sí; a saber: a) en la controversia constitucional, instaurada para garantizar el principio de división de poderes, se plantea una invasión de las esferas competenciales establecidas en la Constitución, en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se alega una contradicción entre la norma impugnada y una de la propia Ley Fundamental; b) la controversia constitucional sólo puede ser planteada por la Federación, los Estados, los Municipios y el Distrito Federal a diferencia de la acción de inconstitucionalidad que puede ser promovida por el procurador general de la República, los partidos políticos y el treinta y tres por ciento, cuando menos, de los integrantes del órgano legislativo que haya expedido la norma; c) tratándose de la controversia constitucional, el promovente plantea la existencia de un agravio en su perjuicio en tanto que en la acción de inconstitucionalidad se eleva una solicitud para que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación realice un análisis abstracto de la constitucionalidad de la norma; d) respecto de la controversia constitucional, se realiza todo un proceso (demanda, contestación de demanda, pruebas, alegatos y sentencia), mientras que en la acción de inconstitucionalidad se ventila un procedimiento; e) en cuanto a las normas generales, en la controversia constitucional no pueden impugnarse normas en materia electoral, en tanto que, en la acción de inconstitucionalidad pueden combatirse cualquier tipo de normas; f) por lo que hace a los actos cuya inconstitucionalidad puede plantearse, en la controversia constitucional pueden impugnarse normas generales y actos, mientras que la acción de inconstitucionalidad sólo procede por lo que respecta a normas generales; y, g) los efectos de la sentencia dictada en la controversia constitucional tratándose de normas generales, consistirán en declarar la invalidez de la norma con efectos generales siempre que se trate de disposiciones de los Estados o de los Municipios impugnados por la Federación, de los Municipios impugnados por los Estados, o bien, en conflictos de órganos de atribución y siempre que cuando menos haya sido aprobada por una mayoría de por lo menos ocho votos de los Ministros de la Suprema Corte, mientras que en la acción de inconstitucionalidad la sentencia tendrá efectos generales siempre y cuando ésta fuere aprobada por lo menos por ocho Ministros. En consecuencia, tales diferencias determinan que la naturaleza jurídica de ambos medios sea distinta. 

Controversia constitucional 15/98.— Ayuntamiento del Municipio de Río Bravo, Tamaulipas.—11 de mayo de 2000.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretario: Pedro Alberto Nava Malagón. 

El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy once de julio en curso, aprobó, con el número 71/2000, la tesis jurisprudencial que antecede.—México, Distrito Federal, a once de julio de dos mil. 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 965, Pleno, tesis P./J. 71/2000; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, junio de 2000, página 395. 

 

 

]]> TEORÍA GENERAL DEL PROCESO https://montanezyasociados.com.mx/teoria-general-del-proceso/ Mon, 25 Jan 2021 12:30:07 +0000 http://montanezyasociados.com.mx/2019/?p=633 TEORÍA GENERAL DEL PROCESO

(Actualización enero 2021)

Doctor Roberto Montañez Perez (Facilitador)

FORMA DE CALIFICAR: 50% EXAMEN 50% PARTICIPACIONES

MÉTODO DE APREDIZAJE DIDÁCTICO: El método de aprendizaje en esta clase es el de la DIDÁCTICA CRÍTICA combinado con el de APLICACIÓN DE CASOS, métodos que propone una forma diferente de entender el hecho educativo, mediante el replanteamiento de los papeles de los involucrados (Facilitador, compañeros, un solo grupo), así como del entorno, considerando que los problemas que debe resolver la educación trascienden el espacia áulico y que tienen un sentido social, se considera en este método que la realidad no es algo que esté dado, sino que es siempre perfeccionable o reconstruible, y a partir de la participación individual y colectiva, los participantes en individual ira definiendo su forma de entender y aplicar el derecho. Se trata a fin de cuentas de personas conformadas en un grupo, que a partir de sus acciones transformadoras construyen diferentes objetivos de conocimiento al mismo tiempo que se transforman a sí mismos y que finalmente dichos cambios inciden en su entorno personal y social, de ahí lo relevante de la participación oral de todos los involucrados en clase, previo el estudio diario del tema a tratar y la apertura mental de todos los involucrados.

 

OBJETO DE APRENDIZAJE I

 

La tarea más importante de la doctrina del derecho natural consiste en demostrar que es indispensable que haya un derecho positivo y, en consecuencia, un Estado encargado de establecerlo. Puestos en esta tarea, la mayor parte de los teóricos del derecho natural incurren en una contradicción característica. Si la naturaleza humana es la fuente del derecho natural, deben admitir que el hombre es fundamentalmente bueno, pero para justificar la necesidad de un orden coactivo en la forma del derecho positivo, deben invocar la perversidad del hombre.

Kelsen Hans. Teoría pura del derecho. 4ª Edición. 9ª reimpresión, Editorial Eudeba, Buenos Aires, 2009. Pág.90. 

 

CONCEPTOS BASICOS

1.- DERECHO.

VILLORO TORANZO: Sistema racional de normas sociales de conducta declaradas obligatorias por la autoridad por considerarlas soluciones justas a los problemas surgidos de la realidad histórica.

 

GARCIA MAYNEZ: Orden concreto, instituido por el hombre para la realización de valores colectivos, cuyas normas son integrantes de un sistema que regula la conducta de manera bilateral, externa y coercible, son normalmente cumplidas por los particulares y en caso de inobservancias aplicadas o impuestas por los órganos del poder público.

ROJINA VILLEGAS: Es un conjunto de normas bilaterales, externas generalmente heterónomas y coercibles que tienen por objeto regular la conducta humana en su interferencia subjetiva.

2.- ELEMENTOS QUE DEBE REUNIR EL DERECHO:

2.1.- BILATERALIDAD. Consiste en que la norma jurídica al mismo tiempo que impone derechos, también concede derechos a uno o varios sujetos. León Petrazizky, dice que las normas jurídicas son imperativo – atributivas, siendo esta, otra manera de designar el carácter bilateral del derecho, pues lo imperativo signifícale ordenamiento jurídico, que impone obligaciones, y lo atributivo que estatuye derechos y obligaciones, esta característica se opone a la Unilateralidad que consiste en que frente al sujeto a quien obligan las normas, no existe otro autorizado para exigir su cumplimiento aspecto que no es generador de derecho alguno. 

 

2.2.- HETERONOMÍA. La aplicación del derecho es erga omnes. Una persona podría discrepar con el contenido y las imposiciones de cierta norma, pero esto es irrelevante para el derecho: ese individuo está, de todos modos, sujeto a su cumplimiento. Sólo ciertos actos corporativos y jurídicos constituyen excepciones, al igual que ciertos usos y costumbres, el derecho es abstracto, general e impersonal. 

El maestro ROJINA VILLEGAS refiere que el derecho es generalmente heterónomo, pues no siempre lo es, por el ejemplo en el caso de los usos y costumbres de las etnias indígenas. 

 

RECORDAR, APLICACIÓN A CASOS: “INDÍGENAS QUE CAZARON IGUANAS” Y “EUFROSINA CRUZ MENDOZA”. 

 

“El desconocimiento de la ley no exime su cumplimiento”

 

2.3 CONDUCTA EXTERNA. – El Derecho posee exterioridad. Siempre se refiere a la relación de una persona con las demás, a la conducta exterior de una persona en relación con las otras, no son reguladas las maquinaciones si no se presenta una conducta externa, eso no significa que en silenció en varias situaciones produce efectos jurídicos.

 

“El pensamiento no delinque”

2.4. COERCITIVIDAD. Representa el legítimo uso de la fuerza para exigir el cumplimiento de leyes y normas si la situación la hace necesario y la aplicación de las sanciones correspondientes si el Derecho juzgado es violado.

 

“La ley debe cumplirse aún en contra de la voluntad del obligado a ella”

 

3.- IUSNATURALISMO- IUSPOSITIVISMO ¨GARCIA MAYNEZ¨

 

Según este autor, el derecho es susceptible de tener tres definiciones diversas y menciona que esta división solo tiene un valor teórico y que la reunión de las tres notas en todos y cada uno de los preceptos que forman un ordenamiento jurídico constituye el caso límite o ideal de realización de la justicia.

Define al derecho con los conceptos de validez intrínseca (iusnaturalismo) validez formal (positivismo) y positividad. Nos habla de derecho vigente, derecho justo y derecho positivo, pero menciona que no debemos quedarnos con esta reducción de ideas sino en el establecimiento de un orden jurídico que además de tener validez formal, valga de manera objetiva y goce de eficacia.

En su sentido objetivo dice que el derecho es un conjunto de normas. Trátese de preceptos imperativo-atributivos, es decir, de reglas que además de imponer deberes conceden facultades. 

El maestro LUIGI FERRAJOLY en su libo, Derechos y Garantías nos proporciona una definición formal del CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES, como sigue:

 

Son derechos fundamentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica.

 

RECORDAR APLICACIÓN A CASOS: “MARICELA ESCOBEDO”, “MOHAMMED ALÍ”  y “CENTINELAS DEL MURO DE BERLÍN” 

 

Hay demasiados argumentos para sostener que no estaban al alcance de un gran número de jóvenes guardias fronterizos la determinación del punto a partir del cual podía considerarse << más allá de toda duda>> que los disparos junto al muro, aun con estar amparados por el derecho positivo vigente, entonces, no sólo eran derecho injusto, sino además derecho extremadamente injusto, lo que por ende constituía el presupuesto de su antijuridicidad.

Alexy Robert, Derecho Injusto, Retroactividad y Principio De Legalidad Penal. La doctrina del Tribunal Constitucional Federal Alemán sobre los homicidios cometidos por los centinelas del muro de Berlín, Disponible en: http://bib.cervantesvirtual.com/servlet/SirveObras/12383873132368273109213/Doxa23_09.pdf. Pág. 228. (Consultado el 20 de abril de 2015). 

 

4.- CONCLUSIÓN RESPECTO DEL CONFLICTO ENTRE DERECHO NATURAL Y EL DERECHO POSITIVO.

La posición de los positivistas es más restringida pero más segura, si pensáramos en facultar a nuestras autoridades para aplicar el derecho en base a su sentir intrínseco, tomando en cuenta la “irresistible atracción” que produce el poder y la falibilidad humana respecto de sus “encantos” podríamos ocasionar un caos práctico respecto de la aplicación del derecho y un mayor control del estado sobre los gobernados, que se podría transformar en abuso.

El equilibrio entre ambos derechos seria que el positivo comprendiera eficazmente al derecho natural, desafortunadamente la historia ha dado muchos ejemplos en contrario como los expuestos en clase.

“La Justicia no es alcanzable totalmente porque siempre evoluciona.”

 

5.- DERECHO PUBLICO. Conjunto de normas jurídicas, cuya relación se establece entre un particular y el estado cuando hay subordinación del primero al segundo o si los sujetos de la misma son dos órganos del poder público o dos estados soberanos (García Máynez)

 

6.- DERECHO PRIVADO. Será aquella relación donde los sujetos se encuentren colocados por la norma en un plano de igualdad y ninguno de ellos interviene como entidad soberana. (García Máynez)

 

7.- DERECHO SOCIAL. Conjunto de normas jurídicas que tienen por objeto la regulación de las relaciones entre particulares con diferencias marcadas procurando la equidad y la justicia social, procurando proteger a las clases económicamente débiles. (Rough Abemus)

 

8.- UBICACIÓN DE LA TEORIA GENERAL DEL PROCESO EN LA CLASIFICACION GENERAL DEL DERECHO.

 

  • DERECHO PÚBLICO. Relación de supra-subordinación, estado- particular, estado – estado. En él se encuentran ramas del derecho como el derecho administrativo, constitucional, penal, concursal y el de nuestra materia DERECHO PROCESAL.
  • Derecho privado. Relación entre particulares, en él se ubica el derecho civil, mercantil.
  • Derecho social. Particulares con diferencias marcadas, derecho agrario, laboral y familiar en caso de menores.

 

9.- IMPORTANCIA Y JUSTIFICIACION DE LA TEORIA GENERAL DEL PROCESO.

 

La teoría general del proceso se ocupa del estudio de los conceptos, principios e instituciones que son comunes en las diversas disciplinas procesales, el derecho sustantivo es “el que”, el derecho procesal es “el cómo”, de ahí la relevancia de su estudio, que otorgara las bases para la adecuada comprensión de las materias procesales y su correcto desempeño. Es garantía constitucional de todo gobernado la de debido proceso y de sacramentar importancia constitucional, como también lo son la garantía de audiencia y la de la exacta aplicación de la ley.

 

El maestro JOSE BECERRA BAUTISTA establece: “El abogado que no conoce la técnica adjetiva del derecho y se limita al estudio del derecho sustantivo, carece de un arma definitiva en el ejercicio de la profesión pues no sabrá pedir justicia”.

 

OBJETO DE APRENDIZAJE II

 

“De la Independencia de los individuos, depende la grandeza de los pueblos.”

José Martí

 

 

NORMA PROCESAL

1.- CONCEPTO DE NORMA.

 

GARCÍA MÁYNEZ: La norma suele usarse en dos sentidos:

 

  • Sentido Amplio (lato sensu): Aplicase a toda regla de comportamiento, obligatoria o no.
  • Sentido Estricto (stricto sensu): Designa, de modo exclusivo, el principio de acción cuya observancia constituye un deber para aquel a quien se dirige.

 

VILLORO TORANZO: Es un orden general, dado por quien tiene autoridad, para regular la conducta de otros.

VÍCTOR FIERRO: Son las reglas de conducta, impuestas por el Estado, que buscan un debido comportamiento humano mediante el conferimiento de facultades y la imposición de obligaciones, a fin de lograr una armoniosa convivencia en el núcleo social.

 

MARIO ÁLVAREZ: Se entiende a la norma jurídica que, con carácter general y obligatorio, resulta de un proceso específico de creación por parte del órgano o autor facultado al efecto.

 

2.- CONCEPTO DE LEY.

 

ROJINA VILLEGAS: Disposición de orden general, abstracta y obligatoria que dispone no para un caso determinado, sino para situaciones generales.

 

VILLORO TORANZO: Norma que se establece para regular nuestras acciones y que no tiene fuerza obligatoria sino después de su promulgación.

 

3.- DIFERENCIAS.

 

La noma es genérica, no solo abarca disposiciones de carácter jurídicas, sino también existen normas religiosas o morales, en tanto que la ley es una especie norma positiva y concreto, de tipo jurídico, heterónoma y coercible, no es establecida por la propia persona o por líderes morales o eclesiásticos, sino por el estado agotando un procedimiento legislativo, la ley es parte del derecho positivo que comprende un orden general y tiende a ser completo.

 

La ley y el derecho son normas, solo que de carácter exclusivamente jurídico y la ley es parte del derecho que es un conjunto de leyes.

 

4.- CLASIFICACIÓN DE LA NORMA.

  1. Normas morales
  2. Religiosas y
  3. Jurídicas (El derecho es norma jurídica dentro del que se encuentra la ley)

 

 ¿QUE ES LEY O CUENTA CON ESA FUERZA EN EL SISTEMA LEGAL MEXICANO?: 

  • La Constitución. (Garantías individuales)
  • Tratados o convenciones Internacionales.
  • Jurisprudencia por reiteración de criterios, unificación o sustitución.
  • Códigos.
  • Jurisprudencia de la CIDH y CEDH
  • Principios Generales de Derecho.
  • Reglamentos o Leyes Orgánicas.

 

  1. ELEMENTOS DE LA NORMA PROCESAL.

 

  1. Racionalidad: 

Consiste en que la ley fue creada con el objeto de resolver un problema específico y determinado.

  1. Bilateralidad: 

La ley la ley es impero atributiva, confiere derechos al mismo tiempo que genera obligaciones.

  1. Coercitividad: 

Producir efectos jurídicos y sanciones que deben de cumplirse aun en contra de la voluntad del sentenciado y establece cargas procesales.

 

6.- IMPORTANCIA DE LA LEY EN EL TIEMPO.

 

La aplicación de la ley en el tiempo representa un problema jurídico interesante, los abogados debemos contar con la pericia de determinar cuál es la ley procesal aplicable al juicio que nos ocupa y por tal motivo debemos analizar los Artículos transitorios de los Códigos Procesales y determinar qué ley será la que utilice atendiendo a la fecha en que se suscitaron los hechos controvertidos o se redactó el documento que dio origen a la obligación en disputa, pues la ley se actualiza y transforma en base a la realidad histórica y es necesario atender su vigencia. 

 

7.- EL PROBLEMA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL TIEMPO (IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY)

 

El Estado en el ejercicio de sus facultades otorgadas por las Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos mediante sus autoridades y como identidad jurídica, llegará a afectar la esfera jurídica de los gobernados. 

 

Dentro de un régimen jurídico esa afectación de derechos debe de obedecer a determinados principios previos, llenar ciertos requisitos, debe estar sometido a un conjunto de modalidades jurídicas, sin su estricta observancia de estos requisitos, no sería válida desde el punto de vista del derecho.

Ese conjunto de exigencias jurídicas a que tiene que sujetarse cualquier autoridad para producir válidamente la afectación en la esfera del gobernado y que se traduce a una serie de requisitos y condiciones, es lo que conocemos como LAS GARANTÍAS DE SEGURIDAD JURÍDICA, “conjunto general de condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de diferente índole en la esfera del gobernado” (Fuente jurisprudencial)

En el artículo 14 de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos encontramos una trascendental importancia dentro de nuestro orden constitucional, a tal punto, que a través de las garantías de seguridad jurídica que contiene, el soberano encuentra una amplísima protección a los diversos bienes que integran su esfera de derecho.

El artículo 14 constitucional contiene cuatro garantías de seguridad jurídica fundamentales que son: irretroactividad legal (párrafo primero), la de audiencia (párrafo segundo), la de legalidad en materia judicial penal (párrafo tercero), y la de legalidad en materia judicial civil (lato sensu).

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA SOBRE LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD LEGAL

Al interpretar la disposición constitucional de: “A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna”, surge inmediatamente esta pregunta: ¿El válida la ley retroactiva en beneficio de alguna persona?, la repuesta lógica es afirmativa.

El problema de la retroactividad legal se conoce también como conflicto de leyes en el tiempo, o sea, que se traduce en la cuestión consistente en determinar, en presencia de dos leyes, una antigua, que se supone derogada o abrogada, y otra nueva o vigente, actual, cuál de las dos debe regir a un hecho.

La ley a partir de que entra en vigor, rige para el futuro, esto es, está dota de valides de regulación respecto de todos aquellos, hechos que se suceden con posterioridad. Por ende, una disposición legal no debe normar acontecimientos o estados producidos con anterioridad al instante en que adquiere fuerza de regulación, ya que estos quedan sujetos al imperio de la ley antigua. La retroactividad consiste, pues, en dar efectos reguladores a una norma jurídica sobre hechos, actos o situaciones producidos con antelación al momento en que entra en vigor, bien sea impidiendo la supervivencia reguladora de una ley anterior, o bien, alterando o afectando un estado jurídico preexistente.

8.-EL PROBLEMA DE LA APLICACIÓN DE LA LEY EN EL ESPACIO.

 

Para atender la importancia de la aplicación de la norma en el espacio debemos acudir a un presupuesto procesal denominado competencia que no es otra cosa más que el ámbito territorial dentro del cual el juzgador goza de jurisdicción.

Cunado analicemos en tema específico los presupuestos procesales, analizaremos los aspectos específicos competenciales.

Por el momento habremos de reflexionar si es posible en nuestro sistema legal aplicar la figura jurídica denominada Jurisdicción Universal, propuesta en diversos casos específicos, a saber:

  1. Baltazar Garzón, juez que llevó ante un tribunal a Augusto Pinochet.

 

  1. Benjamin Ferencz fiscal que atendió los denominados “Casos de Nuremberg”.

 

OBJETO DE APRENDIZAJE III

 

Un adecuado órgano de control no solo debería alternar la organización y discusión ciudadana, sino que también debería ser activo en la pretensión e integración de las minorías más débiles en el sistema político. Si esta actividad no se cumpliese del mejor modo, se correría el obvio riesgo de desvirtuar la democracia, reemplazando el autogobierno de todos por la imposición de la voluntad de un grupo más poderoso por encima de la de otro que lo es menos. 

Gargarella Roberto, La Justicia Frete al Gobierno, 1ª reimp, s.e., Corte Internacional para el Gobierno de Transición. Quito Ecuador, 2011, Pág.269

 

 

PRETENSION

1.- CONCEPTO

COUTURE.- También reconocida como acción o reclamación que la parte actora o acusadora formula en su demanda o en su acusación.

 

CLAUDIA OLMEDO.- Acción procesal es el poder de presentar y mantener ante el órgano jurisdiccional una pretensión jurídica postulando una decisión sobre su fundamento y en su caso ejecución de lo resuelto.

 

CARNNELUTTI.- Es la exigencia de la subordinación del interés propio. Figura que consiste en realizar una manifestación de voluntad ante el ente jurisdiccional hará hacer valer un derecho o pedir el cumplimiento de una obligación.

 

2.- CARACTERÍSTICAS:

 

  • Acto jurídico
  • Manifestación de la voluntad
  • Acto individualizado
  • Derecho cierto y determinado
  • Derecho subjetivo

 

 

3.- PRETENSIÓN SIMPLE.- Exigencia, dame algo, esta pretensión no interesa al ámbito jurídico, solo se reduce a una solicitud que realiza una persona a otra sin pasar por la excitación de la autoridad judicial.  

4.- PRETENSIÓN PROCESAL.- exigencia, pero no nace del interesado directamente, sino que debe acudir a un tercer como es el  juez para que éste efectué el reclamo de la mismas.

5.- PRETENSIÓN Y LITIGIO.- La pretensión es un precedente al litigio, ya que el litigio es el conflicto de intereses calificado por la pretensión de uno de los interesados y resistencia del otro.

6.- PRETENSIÓN Y ACCIÓN.- De la existencia de la pretensión se puede llegar a la acción, como una de las formas de hacer valer la pretensión. Es un medio para inducir la pretensión en el campo de lo procesal.

La acción simple precedida de la pretensión, por que quien acciona lo hace en función de una pretensión.

 

OBJETO DE APRENDIZAJE IV

 

Los regímenes totalitarios, no han hecho sino extender y generalizar, por medio de la fuerza o de la propaganda, está condición: inmovilidad (mecanismo que avanza de ninguna parte hacia ningún lado). Todos los hombres sometidos a su imperio la padecen. 

 

Paz Octavio, El Laberinto De La Soledad, 2a reimpresión, Editorial Fondo de Cultura Económica de España, S.L., Madrid, 1998, Pág.28. 

 

 

ACCIÓN

1.- CONCEPTO.

 

  • GIUSEPPE CHIOVENDA.  Poder jurídico de dar vida a la condición para la actuación de la voluntad de la ley.  

 

 

La acción es un poder que corresponde frente al adversario respecto del cual se produce el efecto jurídico de la actuación de la ley.  El adversario no está obligado a ninguna cosa frente a este poder, esta simplemente sujeto a él.  La acción se agota con su ejercicio sin que el adversario pueda hacer nada para impedirla.

 

  • ENRIQUE VÉSCOVI.  Poder jurídico de reclamar la prestación de la función jurisdiccional.  

 

  • Es un derecho subjetivo procesal y autónomo.  Se dirige al juez para solicitarle la puesta en movimiento de la actividad judicial y obtener un pronunciamiento.

 

 

  • EDUARDO JUAN COUTURE.  Poder jurídico que tiene todo sujeto de derecho para acudir a los órganos jurisdiccionales para reclamarles la satisfacción de una pretensión.

 

 

 

  • FRANCESCO CARNELUTTI.  Derecho subjetivo material entre la prevalencia del interés sobre la litis, y sujeto pasivo a la otra parte. 

 

 

Es el interés para obrar y es de carácter autónomo.  Es el derecho subjetivo público, abstracto, autónomo, que goza todo sujeto de derecho, en cuanto es expresión esencial de este, que lo faculta a exigir al estado tutela jurisdiccional para un caso concreto.

 

 

  • JOSE BECERRA BAUTISTA.  La acción es un derecho subjetivo procesal distinto del derecho sustancial hecho valer, consistente en la facultad de los órganos jurisdiccionales, para la aplicación vinculativa de una norma abstracta a un caso concreto.

 

 

 

  • RAFAEL DE PINA VARA. Facultad de los particulares y poderes del ministerio público de promover la actividad de un órgano jurisdiccional y mantenerla en ejercicio hasta lograr que este cumpla su función característica en relación con el caso concreto que se le haya planteado.

 

 

2.- DEMANDA.

En la mayoría de las materias del derecho excepto la materia penal, la demanda consistirá en: 

El documento o la comparecencia que se presenta ante la autoridad judicial, por quien cree que ha sido violentado en su derecho a quien se le denomina actor, en donde indica la acción que ejercita en contra de persona demanda a quien se denomina demandado, las prestaciones concretas cuyo cumplimiento o pago le reclama, expresando de manera clara y detallado los hechos que guardan relación con el litigio señalando las circunstancia de tiempo, lugar y modo, así como los fundamentos sustantivo y adjetivos de derecho en los que apoyan su reclamo, con la finalidad de que la autoridad judicial sancione al respecto y emita una sentencia condenatoria.

Debemos recordar que en materia penal la intervención de los particulares se realiza mediante el actuar del Ministerio Público o representante social, quien puede actuar de oficio en la comisión de determinados delitos graves o por denuncia de los particulares en tal supuesto o bien mediante la presentación de la querella necesaria, cuando solo el ofendido se encuentra facultado para hacerlo.

3.- REQUISITOS DE LA DEMANDA.

 “El juicio principiará por la demanda, en la cual se expresarán con claridad y precisión los hechos, los fundamentos de derecho, la acción que se intenta, la persona contra quien se promueve el juicio y la petición que se deduzca de los antecedentes referidos., un caso de excepción sería la comparecencia para demandar el depósito de persona o bien el requisito de ofrecer pruebas desde la demanda o contestación tratándose de los juicios sumarios.

 

Ahora bien, también por regla general, en la demanda el actor debe adjuntar los siguientes documentos: los documentos fundatorios de la acción, los documentos con los cuales acredita la personalidad y las copias necesarias para el traslado.

 

4.- PRESTACIONES.

Son los reclamos concretos y específicos expresados en vía de acción en la demanda, los cuales no puede evadir o aumentar el juzgados al pronunciarse sobre ellos, en las que opera el principio de estricto derecho (ejemplo materia mercantil civil y fiscal) que es opuesto al principio de suplencias de la queja que existe en materias de derechos social como la laboral o la agraria, respecto de la parte más vulnerable, en las cuales es obligación del juzgador suplir la deficiencia del accionante o demandado. (Roberto Montañez Pérez)

5.- JURISPRUDENCIA, SENTENCIA INCONGRUENTE.

 

SENTENCIA INCONGRUENTE. ES AQUELLA QUE INTRODUCE CUESTIONES AJENAS A LA LITIS PLANTEADA O A LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN LA APELACIÓN. 

 

El principio de congruencia en una sentencia de primer grado consiste en que debe dictarse en concordancia con lo reclamado en la demanda y la contestación, y en la de segunda instancia, en atender exclusivamente los agravios expresados por el apelante, o los apelantes, en caso de adherirse al mismo la parte que obtuvo, o bien, cuando apela porque no obtuvo todo lo que pidió, porque de lo contrario se desnaturalizaría la esencia del recurso. Por ende, existe incongruencia en una resolución cuando se introducen en ésta elementos ajenos a la litis (alguna prestación no reclamada, una condena no solicitada), o bien, cuando el tribunal de alzada aborda el estudio de cuestiones no planteadas en la demanda, o en la contestación de ella, o que no fueron materia de la apelación porque el que obtuvo no apeló adhesivamente para que dicho tribunal de alzada estuviere en aptitud de estudiar las cuestiones omitidas por el inferior.

 

 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE V

 

Picasso decía que la inspiración existe, pero tiene que pillarte trabajando. De manera semejante, la habilidad dialéctica, argumentativa, existe, pero tiene que pillarte preparado, conocedor del fondo del asunto. No se puede argumentar bien jurídicamente sin un buen conocimiento del Derecho. 

 

Atienza Manuel “Diez consejos para argumentar bien o Decálogo del buen argumentador” en DOXA, Cuadernos de Filosofía del Derecho, No. 29, Alicante, 2006, p. 474

 

 

DERECHO DE DEFENSA

 

1.- DERECHO DE DEFENSA. 

CONCEPTO. 

Se trata de un derecho fundamental de toda persona que debe ser atendido en todos los órganos de la función jurisdiccional, en todas las etapas y en todas las materias, encierra la obligación de los funcionarios encargados de la impartición de justicia de privilegiar los principios de equidad procesal y seguridad jurídica, debido proceso y exacta aplicación de la ley. (Roberto Montañez Pérez)

“Toda persona tiene derecho a ser defendida por un abogado”

VICTOR MORENO CATENA.- Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. 

2.- LA CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Es el documento mediante el cual el demandado siguiendo la misma formalidad de la demanda hace valer sus excepciones con el objeto de obtener una sentencia absolutoria o que reduzca los efectos de la demanda.

3.- EXCEPCIÓN. 

* GIUSEPPE CHIOVENDA: Es la oposición de hechos tendientes a anular la acción o el contra derecho del demandado dirigido a invalidar el derecho del actor y a obtener una sentencia de rechazo de la demanda perteneciente a aquel o los derechos de impugnación con base en los hechos excluyentes.

4.- EXCEPCIÓN DILATORIA. Su eficacia se limita a suspender temporalmente la entrada en cuestión de fondo planteada por el demandante al órgano jurisdiccional. Tiene relación directa con los presupuestos procesales, siendo las más importantes el de competencia, capacidad, legitimación y personalidad.

5.- EXCEPCIÓN PERENTORIA. Causas en virtud de las cuales se extinguen las obligaciones civiles.

La eficacia de estas consiste en que se destruyen los efectos de la acción como por ejemplo en la Novación, prescripción, nulidad del contrato, pago y compensación.

6.- INTEGRACIÓN DE LA LITIS

Litis es el conflicto que debe resolver la autoridad jurisdiccional, la cual no es posible variar o alterar en aras de producir certeza jurídica a las partes que intervienen en el proceso y se constriñe generalmente a la acción intentada en la demanda y las excepciones opuestas en la contestación.

En materia mercantil la litis se integraba por la demanda y la contestación pero a partir del 24/mayo/1996 existe la réplica por parte del actor respecto de las excepciones del demandado.

7.- CERTEZA JURÍDICA. La palabra seguridad deriva del latín “securitas atis” que significa cualidad de seguro, certidumbre o conocimiento seguro y claro de alguna cosa, en este caso de la ley aplicable y en cuanto a la fijación de la litis, implica la seguridad del conflicto legal que se enfrenta y que solo sobre él puede y debe resolver la autoridad. 

Así, la certeza jurídica es la seguridad que debe tener todo gobernado de que su libertad, propiedades, posesiones o derechos serán respetados por la autoridad y si esta debe afectarlos deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, de tal manera que la certeza jurídica encierra tres garantías constitucionales fundamentales, las cuales son las siguientes: 

A).- GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO.- ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…”.

B).- GARANTÍA DE LEGALIDAD.- ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

C).- GARANTÍA DE AUDIENCIA.- ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…”.

 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE NÚMERO VI

Que todo aquel que se queje con justicia, tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare, lo proteja y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario.

 

Jose María Morelos

 

 

AMPARO

 

1.- CONCEPTO DE AMPARO 

 

(Roberto Montañez Pérez) Juicio de Control Constitucional en tratándose del Amparo Indirecto del que conoce un Juez de Distrito o Procedimiento Autónomo de Control Constitucional entratandose del Amparo Directo del que conoce un Tribunal Colegiado de Circuito en cualquier materia, excepto en materia penal federal, pues en ésta materia conoce un Tribunal Unitario de Circuito, que se funda en lo establecido en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, el cual hace valer quien tiene interés jurídico o legítimo y se siente violentado en sus garantías individuales, derechos humanos o tratados internacionales, denominado quejoso, quien tiene la carga procesal de hacer valer sus conceptos de violación en contra del acto reclamado en las materias de estricto derecho, conceptos de violación en los que imputa dichas violaciones a la autoridad o particulares en funciones de autoridad que han llevado a cabo el acto u omisión reclamada a la que se denomina autoridad responsable, en el que interviene aquel a quien le puede deparar perjuicio la sentencia concesoria de amparo denominado tercero interesado, quien al igual que todas las partes goza de la posibilidad de hacer valer recursos como lo son la revisión, queja, reclamación e inconformidad, además de asistirle el derecho para hacer valer el amparo adhesivo en el amparo directo, con el objeto de fortalecer o aumentar los argumentos de la responsable y hacer valer violaciones procesales respecto del juicio del que deriva el acto reclamado, lo que no podrá hacer valer posteriormente de omitir éstas en el referido amparo adhesivo, interviniendo de igual forma el representante de la sociedad denominado ministerio público con idénticos derechos que los del tercero interesado, siendo el objeto del amparo consesorio el que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual, derecho humano o tratado internacional violado si el acto reclamado es positivos o que se conmine a la autoridad responsable a realizar los que por su naturaleza sean negativos u omisiones, so pena de que la autoridad responsable y su superior jerárquico sean destituidos de sus cargos y denunciados penalmente, como culminación del proceso de incumplimiento del fallo protector, por lo que éste ha de cumplirse de manera inmediata, puntual, sin excesos ni defectos. 

2- ELEMENTOS PERSONALES EN EL JUICIO DE AMPARO:

2.1.- AUTORIDAD RESPONSABLE. – Es la emisora del acto reclamado como violatorio de garantías individuales, derechos humanos o tratados internacionales denominado, referidos por el quejoso en el juicio de amparo

2.2.- QUEJOSO: Es la persona que goza de interés jurídico o legítimo y comparece ante la autoridad judicial federal (Juez de Distrito AMARO INDIRECTO o Tribunal Colegiado de Circuito AMPARO DIRECTO) solicitando la protección de la Justicia de la Unión con el objeto de que se le restituya en el goce de sus garantías individuales, derechos humanos o tratados internacionales que señala le fueron violadas.

2.3.- TERCERO PERJUDICADO: Es la persona a quien le puede deparar perjuicio la resolución emitida en el juicio de amparo.

2.4.- JUEZ: Es el encargado de dirimir la controversia en el AMPARO DIRECTO correspondiente a tres magistrados que integran el Tribunal Colegiado de Circuito y entratandose del AMPARO INDIRECTO es el Juez de Distrito, en segunda instancia respecto del AMPARO DIRECTO la SCJN y del AMPARO INDIRECTO el Tribunal Colegiado de Circuito. 

2.5.- MINISTERIO PÚBLICO: Representante de la sociedad.

 

“Hemos sido tolerantes hasta excesos criticados, pero todo tiene su límite y no podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo el mundo ha venido sucediendo”

Gustavo Diaz Ordaz

“Más vale morir de pie que vivir de rodillas”

Estudiantes

 

OBJETO DE APRENDIZAJE VII

PRESUPUESTOS PROCESALES

 

1.- IMPORTANCIA Y CONCEPTO

En todo procedimiento, no es suficiente que contemos con las partes, con la demanda ni con la autoridad (juez) que resolverá la controversia planteada (litis), es necesario además que previo al inicio del procedimiento se cumpla con los presupuestos procesales, siendo los más importantes o presupuestos procesales de fondo, los de competencia, capacidad, legitimación y personalidad

CONCEPTO

EDUARDO PAYARES: Supuestos sin los cuales no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso.

 

GIUSEPPE CHIOVENDA Condiciones para que se consiga un pronunciamiento cualquiera favorable o desfavorable sobre la demanda.

 

RAFAEL DE PINA: Requisitos necesarios para que el juez este obligado a proveer sobre la demanda, tales como la competencia del órgano jurisdiccional y la capacidad de las partes, estos requisitos son irrenunciables.

 

 

2.- ANALISIS DE LOS PRESUPUESTOS MÁS IMPORTANTES

2.1.- COMPETENCIA

 

KELLEY HERNÁNDEZ: Es el límite de la jurisdicción, determinante para que una autoridad pueda actora válidamente. 

 

Solo la competencia territorial el prorrogable.

 

  1. ALCINA: Aptitud del juez para ejercer su jurisdicción en un caso determinado

 

ECHANDIA: Tiene por objeto determinar cuál va a hacer el tribunal que va a conocer con preferencia o exclusión de los demás de una controversia que ha puesto en movimiento la actividad jurisdiccional.

2.2.- CAPACIDAD

RAFAEL DE PINA: Facultad de obrar en juicio, es decir para realizar actos procesales, ya sea en nombre propio o en la representación a favor de otros.

2.3.- LEGITIMACIÓN

GIUSEPPE CHIOVENDA Potestad que tiene una persona (sea natural o jurídica) para afirmar e invocar ser titular de un derecho subjetivo material e imputar la obligación a otra.

 

Legitimación Activa: La tiene quien puede acreditar la titularidad de un derecho (legitimación directa), cuando el legitimado actúa en nombre del interés del titular del derecho será legitimación indirecta.

 

Legitimación Pasiva: La tiene quien como posible obligado a satisfacer el derecho o interés reclamado en el proceso puede oponer válidamente resistencia a las pretensiones efectuadas

No debemos de confundir la (legitimación activa indirecta) con el presupuesto procesal llamado personalidad, ya que mientras que en aquella se ejercitan los derechos del legitimado en forma activa directamente, en virtud de una representación preestablecida por la ley como puede ser el ejercicio de la patria potestad o tutela respecto de la personalidad, los instrumentos para conferir esas facultades, son el mandato, el poder judicial, la gestión de negocios, el endoso en procuración o las autorizaciones amplias que regulan la mayoría de los códigos procesales como el civil, familias, código de comercio e incluso la ley de amaro entre otros.

EDUARDO COUTURE: Es la condición jurídica en que se haya una persona con relación al derecho que invoca en juicio, ya sea en razón de su titularidad o de otras circunstancias que justifican su pretensión.

 

2.4.- PERSONALIDAD:

NESTOR DE BUEN: Idoneidad para formar parte de un juicio y fungir como representante de la parte actora o demandada y que se acredita con poder notarial o carta poder firmada por el otorgante ante dos testigos.

EDUARDO J. CONTURE: Aptitud o idoneidad para actuar en un proceso en el ejercicio de un derecho propio o en representación de otro.

 

3.- ANALISIS DE OFICIO DE LOS PRESUPUESTOS PROCESALES

Según el principio de estricto derecho en relación con el principio del impulso procesal, el procedimiento en materia civil no se puede agitar sin el impulso de las partes por lo que no es posible proceder oficiosamente al respecto, la excepción a tales principios la representa el estudio oficioso que debe realizar el juzgador respecto de los presupuestos procesales y al respecto es importante analizar y conocer el sentido de la siguiente jurisprudencia.  

 

¿Echa en falta no ponerse la toga de juez?

Sí, sobre todo porque tengo la convicción de no haber cometido ningún acto delictivo. No es cómoda la situación de sentirse inhabilitado hasta mayo del 2021. Yo quise ser juez desde los 17 años; estudié derecho para poder ser juez y discriminé absolutamente cualquier otra alternativa que no fuera la de examinarme para juez, por tanto, no puedo decir que no me apetezca volver y que me molestara profundamente la privación del ejercicio de la jurisdicción

Baltazar Garzón

 

 

OBJETO DE ESTUDIO VIII

FUNCION JURISDICCIONAL

1.- NATURALEZA:

Para entender la naturaleza jurídica de la función jurisdiccional debemos en primer término remitirnos al esquema clásico acogido por nuestra constitución de división de poderes, en la cual además del ejecutivo y legislativo se encuentra el poder judicial que es el encargado de hacer cumplir las leyes que regulan la convivencia social previamente decretadas validas mediante el proceso legislativo.

En segundo término, debemos recordar el concepto de jurisdicción (BECERRA BAUTISTA) “Es la facultad de decidir con fuerza vinculativa para las partes una determinada situación jurídica controvertida”.

Desde el punto de vista etimológico JURISDICCIÓN proviene de dos palabras latinas ius (derecho) dicere (decir), ósea, decir el derecho.

CONCEPTO DE FUNCIÓN JURISDICCIONAL (BECERRA BAUTISTA)

Es la actividad  de aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva aun en contra de su voluntad.

 

2.- CARACTERISTICAS:

Los caracteres esenciales de la función jurisdiccional, son la facultad decisoria; la facultad de coerción y la facultad de documentación.

FACULTAD DECISORIA: Tiene que ver con la facultad y obligación que tiene el juzgador de sancionar determinadas conductas puestas a su consideración a través del procedimiento jurídico pertinente.

FACULTAD DE COERCIÓN: Representa el valor tangible de la primera pues permite que aquella sea cumplida a cabalidad aún en contra de la voluntad de quien resulte derrotado en la contienda legal o litigio.

FACULTAD DE DOCUMENTACIÓN: Otorga la perpetuidad de lo resuelto y que lo resuelto sea respetado con la característica de fe pública a efecto de perpetuar el resultado obtenido en el litigio.

3.- FUNCIÓN FORMAL Y MATERIAL

(EDUARDO PALLARES) Cuando la solución de las controversias y en general la tutela del derecho, queda encomendada al poder público, aparece la función jurisdiccional. Resulta de la sustitución de la actividad de los particulares por la del Estado, en la aplicación del derecho objetivo a casos concretos. En vez de que cada presunto titular de facultades jurídicas decida acerca de la existencia de las mismas y pretenda hacerlas valer por medio de la fuerza, el Estado por conducto del órgano jurisdiccional (JUEZ) se sustituye a él y en ejercicio de su soberanía, aplica el derecho al caso incierto o controvertido. 

De acuerdo a lo anterior la función jurisdiccional puede definirse como la aplicación de las normas jurídicas a casos concretos, aplicación que obliga a los particulares y puede hacerse efectiva aun en contra de su voluntad.

3.1. FUNCIÓN  FORMAL: 

La función jurisdiccional tiene que ver con su fundamento legal que se encuentra contenido en la garantía de audiencia establecida en el artículo 17 constitucional, y en el sistema de “división de poderes” implementado en nuestro país, según el cual nuestro sistema, en concepto constitucional debería ser republicano, democrático y laico y se divide en poder ejecutivo, legislativo y judicial.

 

3.2. FUNCIÓN MATERIAL:

La función  jurisdiccional tiene que ver con todo el aparato personal e institucional creado para la impartición de justicia, jueces, magistrados, ministros así como juzgados y tribunales, en base a la organización que para tal efecto que órgano establezca en su ley reglamentaria.

4.- CLASIFICACIÓN:

La clasificación de la función jurisdiccional se realiza por materia:

  • Civil (Estatal y federal)
  • Mercantil (Estatal y federal)
  • Electoral (Federal o estatal)
  • Penal   (Estatal y federal)
  • Fiscal ( Federal o estatal) 
  • Laboral (Junta local o junta federal)
  • Familiar (Estatal)
  • Agrario (Federal)
  • Administrativo (Municipal, Estatal y Federal)
  • Amparo (Federal)

 

5.- PRINCIPIO Y DERECHO FUNDAMENTAL DE TUTELA JURISDICCIONAL EFECTIVA.

La tutela jurisdiccional tiene tres etapas que corresponden a tres derechos bien definidos, que son: 1. Una previa al juicio, a la que le corresponde el derecho de acceso a la jurisdicción, que parte del derecho de acción como una especie del de petición dirigido a las autoridades jurisdiccionales y que motiva un pronunciamiento por su parte; 2. Una judicial, que va desde el inicio del procedimiento hasta la última actuación y a la que corresponden los derechos fundamentales del debido proceso; y, 3. Una posterior al juicio, identificada con la eficacia de las resoluciones emitidas o el derecho a ejecutar la sentencia. Vinculado a este derecho fundamental, en específico, a la etapa judicial, el artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el derecho al debido proceso que tiene toda persona como parte sustancial de cualquier procedimiento de naturaleza jurisdiccional y que comprende a las denominadas formalidades esenciales del procedimiento, que permiten una defensa previa a la afectación o modificación jurídica que puede provocar el acto de autoridad y que son (i) la notificación del inicio del procedimiento; (ii) la oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; (iii) la oportunidad de alegar; (iv) una resolución que dirima las cuestiones debatidas; y, (v) la posibilidad de impugnar dicha resolución. Ahora bien, cada una de esas etapas y sus correlativos derechos también están relacionados con una cualidad del juzgador. La primera cualidad (etapa previa al juicio), es la flexibilidad, conforme a la cual, toda traba debida a un aspecto de índole formal o a cualquier otra circunstancia que no esté justificada y que ocasione una consecuencia desproporcionada deberá ser removida a efecto de que se dé curso al planteamiento y las partes encuentren una solución jurídica a sus problemas. Conforme a esta cualidad, los juzgadores deben distinguir entre norma rígida y norma flexible, y no supeditar la admisión de demandas o recursos al cumplimiento o desahogo de requerimientos intrascendentes, que en el mejor de los casos vulneran la prontitud de la justicia y, en el peor de ellos, son verdaderos intentos para evitar el conocimiento de otro asunto. La segunda cualidad, vinculada al juicio, es decir, a la segunda etapa del acceso a la justicia, que va desde la admisión de la demanda hasta el dictado de la sentencia, donde como se indicó, deben respetarse las citadas formalidades esenciales que conforman el debido proceso, es la sensibilidad, pues el juzgador, sin dejar de ser imparcial, debe ser empático y comprender a la luz de los hechos de la demanda, qué es lo que quiere el actor y qué es lo que al respecto expresa el demandado, es decir, entender en su justa dimensión el problema jurídico cuya solución se pide, para de esa manera fijar correctamente la litis, suplir la queja en aquellos casos en los que proceda hacerlo, ordenar el desahogo oficioso de pruebas cuando ello sea posible y necesario para conocer la verdad, evitar vicios que ocasionen la reposición del procedimiento y dictar una sentencia con la suficiente motivación y fundamentación para no sólo cumplir con su función, sino convencer a las partes de la justicia del fallo y evitar en esa medida, la dilación que supondría la revisión de la sentencia. Con base en esa sensibilidad, debe pensar en la utilidad de su fallo, es decir, en sus implicaciones prácticas y no decidir los juicios de manera formal y dogmática bajo la presión de las partes, de la estadística judicial o del rezago institucional, heredado unas veces, creado otras. La última cualidad que debe tener el juzgador, vinculada a la tercera etapa del derecho de acceso a la justicia, de ejecución eficaz de la sentencia, es la severidad, pues agotado el proceso, declarado el derecho (concluida la jurisdicción) y convertida la sentencia de condena en cosa juzgada, es decir, en una entidad indiscutible, debe ser enérgico, de ser necesario, frente a su eventual contradicción por terceros. En efecto, el juzgador debe ser celoso de su fallo y adoptar de oficio (dado que la ejecución de sentencia es un tema de orden público), todas las medidas necesarias para promover el curso normal de la ejecución, pues en caso contrario las decisiones judiciales y los derechos que en las mismas se reconozcan o declaren no serían otra cosa que meras declaraciones de intenciones sin alcance práctico ni efectividad alguna. El juzgador debe entender que el debido proceso no aplica a la ejecución con la misma intensidad que en el juicio; que el derecho ya fue declarado; que la ejecución de la sentencia en sus términos es la regla y no la excepción; que la cosa juzgada no debe ser desconocida o ignorada bajo ninguna circunstancia y, en esa medida, que todas las actuaciones del condenado que no abonen a materializar su contenido, deben considerarse sospechosas y elaboradas con mala fe y, por ende, ser analizadas con suma cautela y desestimadas de plano cuando sea evidente que su único propósito es incumplir el fallo y, por último, que la normativa le provee de recursos jurídicos suficientes para hacer cumplir sus determinaciones, así sea coactivamente. 

 

 

6.- CÓDIGO DE ÉTICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.

INDEPENDENCIA

 

Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social. Consiste en juzgar desde la perspectiva del Derecho y no a partir de presiones o intereses extraños a aquél. 

 

Por tanto, el juzgador:

Rechaza cualquier tipo de recomendación que tienda a influir en la tramitación o resolución de los asuntos que se sometan a su potestad, incluso las que pudieran provenir de servidores del Poder Judicial de la Federación.

 

Preserva el recto ejercicio de su función denunciando cualquier acto que tienda a vulnerar su independencia.

 

Evita involucrarse en actividades o situaciones que puedan directa o indirectamente afectar su independencia.

 

Se abstiene de recomendar, insinuar o sugerir, con un fin ilegítimo, el sentido en que deban emitir los demás juzgadores cualquier determinación judicial que tenga efecto sobre la resolución de un asunto.

 

IMPARCIALIDAD

 

Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevención a favor o en contra de alguno de los justiciables. 

 

Por tanto, el juzgador:

 

Evita conceder ventajas o privilegios ilegales a cualquiera de las partes.

 

Rechaza cualquier dádiva que provenga de alguna de las partes o de terceros.

 

Evita hacer o aceptar invitaciones en las que el propio juzgador considere que se verá comprometida su imparcialidad.

 

Se abstiene de citar a las partes o personas vinculadas con ellas, fuera de las oficinas del órgano jurisdiccional en el que ejerza su función.

 

Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto.

 

 

OBJETIVIDAD

 

Es la actitud del juzgador frente a influencias extrañas al Derecho, provenientes de sí mismo. Consiste en emitir sus fallos por las razones que el Derecho le suministra, y no por las que se deriven de su modo personal de pensar o de sentir. 

 

Por tanto, el juzgador:

 

Al emitir una resolución, no busca reconocimiento alguno.

 

Al tomar sus decisiones en forma individual o colegiada, buscará siempre la realización del derecho frente a cualquier beneficio o ventaja personal.

 

Si es integrante de un órgano jurisdiccional colegiado, trata con respeto a sus pares, escucha con atención y apertura de entendimiento sus planteamientos y dialoga con razones y tolerancia.

 

Procura actuar con serenidad de ánimo y equilibrio interno, a fin de que sus decisiones estén desprovistas de aprensiones y prejuicios.

 

 

PROFESIONALISMO

 

 Es la disposición para ejercer de manera responsable y seria la función jurisdiccional, con relevante capacidad y aplicación. Por tanto, el juzgador:

 

Se abstiene de cualquier acto que pueda mermar la respetabilidad propia de su cargo, tanto en el ámbito público como en el privado.

 

Actualiza permanentemente sus conocimientos jurídicos estudiando los precedentes y jurisprudencia, los textos legales, sus reformas y la doctrina relativa.

 

Procura constantemente acrecentar su cultura en las ciencias auxiliares del Derecho.

 

Estudia con acuciosidad los expedientes y proyectos en los que deba intervenir.

 

Funda y motiva sus resoluciones, evitando las afirmaciones dogmáticas.

 

Dedica el tiempo necesario para el despacho expedito de los asuntos de su juzgado o tribunal.

 

Asume responsable y valerosamente las consecuencias de sus decisiones.

 

Acepta sus errores y aprende de ellos para mejorar su desempeño.

Guarda celosamente el secreto profesional.

 

Lleva a cabo por sí mismo las funciones inherentes e indelegables de su cargo.

 

Trata con respeto y consideración a sus subalternos.

 

Escucha con atención y respeto los alegatos verba les que le formulen las partes.

 

Trata con amabilidad y respeto a los justiciables.

 

Administra con diligencia, esmero y eficacia el órgano jurisdiccional a su cargo.

 

Cumple puntualmente con el deber de asistir a su tribunal o juzgado.

 

Sabe llevar el cumplimiento de su deber hasta el límite de sus posibilidades, y separarse de su cargo, cuando su estado de salud u otros motivos personales, no le permitan desempeñar eficientemente sus funciones.

 

Se abstiene de emitir opiniones sobre la conducta de sus pares.

 

Cumple con sus deberes de manera ejemplar para que los servidores públicos a su cargo lo hagan de la misma manera en los que les correspondan.

 

Busca con afán que sus acciones reflejen la credibilidad y confianza propias de su investidura.

 

 

EXCELENCIA

 

El juzgador se perfecciona cada día para desarrollar las siguientes virtudes judiciales:

 

Humanismo: En cada momento de su quehacer está consciente de que las leyes se hicieron para servir al hombre, de modo tal que la persona constituye el motivo primordial de sus afanes.

 

Justicia: En cada uno de los asuntos sometidos a su potestad, se esfuerza por dar a cada quien lo que le es debido.

 

Prudencia: En su trabajo jurisdiccional y en las relaciones con sus colaboradores, recoge la información a su alcance con criterios rectos y objetivos; consulta detenidamente las normas del caso, pondera las consecuencias favorables y desfavorables que puedan producirse por su decisión, y luego toma ésta y actúa conforme a lo decidido.

 

Responsabilidad: Asume plenamente las consecuencias de sus actos, resultado de las decisiones que tome, procurando que sus subordinados hagan lo mismo.

Fortaleza: En situaciones adversas, resiste las influencias nocivas, soporta las molestias y se entrega con valentía para vencer las dificultades y cumplir con su función jurisdiccional.

 

Patriotismo: Tributa al Estado Mexicano el honor y servicio debidos, defendiendo el conjunto de valores que, como juzgador federal del Estado Mexicano, representa.

 

Compromiso social: Tiene presentes las condiciones de iniquidad que han afectado a una gran parte de la sociedad a lo largo de nuestra historia, y advierte que la confianza y el respeto sociales que merezca serán el resultado de un trabajo dedicado, responsable y honesto.

 

Lealtad: Acepta los vínculos implícitos en su adhesión a la Institución a la que pertenece, de tal modo que refuerza y protege, en su trabajo cotidiano, el conjunto de valores que aquélla representa.

 

Orden: Mantiene la adecuada organización y planificación en el trabajo a su cargo.

 

Respeto: Se abstiene de lesionar los derechos y dignidad de los demás.

 

Decoro: Cuida que su comportamiento habitual tanto en su vida pública como privada, esté en concordancia con el cargo y función que desempeña.

 

Laboriosidad: Cumple diligentemente sus obligaciones de juzgador.

 

Perseverancia: Una vez tomada una decisión, lleva a cabo los actos necesarios para su cumplimiento, aunque surjan dificultades externas o internas.

 

Humildad: Es sabedor de sus insuficiencias, para poder superarlas, y también reconoce sus cualidades y capacidades que aprovecha para emitir de la mejor manera posible sus resoluciones, sin pretender llamar la atención ni esperar reconocimientos.

 

Sencillez: Evita actitudes que denoten alarde de poder.

 

Sobriedad: Guarda el justo medio entre los extremos y evita actos de ostentación que vayan en demérito de la respetabilidad de su cargo.

 

Honestidad: Observa un comportamiento probo, recto y honrado.

 

 

OBJETO DE ESTUDIO IX

PARTES

  1. SUJETOS PROCESALES

1.1 CONCEPTO:

Son todas las personas entre las que se constituye una relación jurídica procesal. Se trata de un concepto lato sensu en donde además de estar incluidas las partes (actor y demandado) se encuentran también todas las personas que intervienen en el proceso (juez, secretario, en su caso el ministerio público, peritos etc.…).

1.2.- DIFERENCIA ENTRE SUJETO PROCESAL Y PARTE:

El conocer la distinción entre sujeto procesal y parte se considera una obligación para los tratadistas de nuestra disciplina (Gracia Maynez).

La denominación de sujeto del proceso, corresponde a aquellas personas entre las cuales se constituye la relación jurídica procesal.

El concepto de sujeto procesal, por lo tanto, es más amplio que el de parte. Las partes son desde luego sujetos procesales; pero no todos los sujetos procesales son partes, el juez y el ministerio público (en materias no penales) son sujetos, pero no partes.

2.- PARTE

2.1.-CONCEPTO: Es sinónimo de litigante y éste es el que disputa contra otro en juicio sobre alguna cosa o derecho, ya sea como actor o demandante, ya sea como reo o demandado.

2.2.- CLASIFICACIÓN: 

-PARTE FORMAL: Es la persona que comparece a juicio como representante, apoderado, mandatario, gestor judicial o en materia civil autorizado en términos del artículo 64 del Código de Procedimientos Civiles del Estado o en materia mercantil autorizado en términos del artículo 1069, segundo párrafo, del Código de Comercio o 12 de la ley de amparo, en representación del demandante o del demandado (abogado).

-PARTE MATERIAL: Es aquella a favor o en contra de la cual se reclama la intervención del órgano jurisdiccional, el cual detenta un derecho subjetivo directo.

CHIOVENDA: Todo aquel que pide o contra el cual se pide una declaración de derechos.

 

2.3.- PLURALIDAD DE PARTES: 

En todo procedimiento puede existir una pluralidad de actores o una pluralidad de demandados, a la primera se le denomina litisconsorcio activo y a la segunda litisconsorcio pasivo, éste se convierte en necesario cuando resulta indispensable la comparecencia del litisconsorte en temas de copropiedad o de sociedad conyugal, por ejemplo. 

E decir, en un proceso se presenta una pluralidad de partes actores o demandados en un proceso, si son varios actores contra un demandado el litisconsorcio es activo, si existe un actor contra varios demandados el litisconsorcio sería pasivo o varios actores contra varios demandados el litisconsorcio sería mixto.

2.4.- AD CAUSAM (LEGITIMACIÓN) Y CAPACIDAD AD PROCESUM (PERSONALIDAD).

AD CAUSAM: Es la capacidad para ser parte en sentido material. Tiene capacidad para ser parte ad causam toda persona física o moral que tenga a su favor un derecho subjetivo directo.

CAPACIDAD AD PROCESUM: Es la capacidad para ser parte en sentido formal. Tiene capacidad para ser parte ad procesum solo aquella persona física que haya recibido de la parte material facultades para comparecer a juicio en su nombre, por no gozar de capacidad de goce o de ejercicio y lo harán por conducto de sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad con arreglo a derecho o los que representen a las sociedades o entes morales que requieran defender sus derechos por ser un ente ficticio de la ley o bien quienes deseen ser representados por un gestor judicial, apoderado, mandatario, asesor jurídico, autorizado (materia civil art. 60 y mercantil 1069).

2.5.- LEGITIMACIÓN AD PROCESUM Y AD CAUSAM.

LEGITIMACIÓN AD CAUSAM: Es la facultad en virtud de la cual una acción o derecho puede ejercitarse por o en contra de una persona en nombre propio (LEGITIMACIÓN).

LEGITIMACIÓN AD PROCESUM: Es cuando esa acción o derecho la transfiere la parte material a otra persona para que realice en su nombre las gestiones relativas al ejercicio o defensa de sus derechos (PERSONAIDAD).

2.6.- VARIACIÓN DE PARTES. – Existen procesos en los cuales puede presentarse una mutación de las partes, podemos explicar lo anterior en base a dos ejemplos:

RECONVENCIÓN: Es la figura legal que puede ejercitarse en determinados procedimientos y bajo lineamientos jurídicos especiales mediante el ejercicio de una acción por parte del demandado en contra del actor del mismo procedimiento o causa.

CAUSAHABIENCIA: Es la sustitución una parte material del proceso, por otra que queda obligado en los mismos términos que la sustituida, como si personalmente hubiese intervenido en la formación de la relación jurídica que le dio origen a la acción. 

Uno de los casos de la causahabiencia se presenta cuando una persona adquiere un inmueble mediante un crédito, otorga éste como garantía hipotecaria del pago del crédito, el propietario del inmueble vende el referido inmueble objeto de la garantía hipotecaria, de tal suerte que el nuevo propietario, aun y cuando no participo en la relación contractual mediante la cual se garantizó el pago del crédito con la referida hipoteca, en caso del vencimiento de crédito, al ejercitarse la ACCIÓN REAL hipotecaria (acción que persigue la cosa objeto de la garantía) deberá dirigirse al propietario actual de la cosa (en caso de ejercitarse una ACCIÓN PERSONAL como la que surgiría de una vía mercantil, se enderezaría en contra de la parte material que se obligó originalmente, respecto de todos sus bienes y no respecto de quien detente la propiedad del inmueble objeto de la garantía hipotecaria).

 

 

OBJETO DE ESTUDIO X

 

INTERVENCION DE TERCEROS EN EL PROCESO

 

1.- TERCEROS

 

1.1.- CONCEPTO: (KELLY HERNANDEZ) Se considera tercero a toda aquella persona que no es actor ni demandado en el juicio, en esta clasificación de terceros se encuentran los testigos y los peritos que sin tener ningún interés en el negocio ni ser partes en el mismo tienen conocimiento en los hechos debatidos y son llamados para que depongan en relación a los mismos, para que den su opinión según sean testigos o peritos.

2.- TERCERISTA

Es también denominado actor tercerista en materia civil por ser aquella persona que inicia el procedimiento denominado tercería, la cual puede ser coadyuvante o excluyente y esta última de preferencia o de dominio.

3.- TERCERIAS EN EL PROCESO CIVIL

3.1.- TERCERIA COADYUVANTE: Es aquella en donde el actor tercerista se presenta en un procedimiento principal con la idea de coadyuvar con la parte actora o demandada respecto de la ejecución de un bien que fue grabado en el referido proceso, para que se produzca la ejecución del mismo si coadyuva con la parte actora o para evitar dicha ejecución si coadyuva con la parte demandada. (Su actualización en la práctica es poco frecuente).

3.2.- TERCERA EXCLUYENTE DE DOMINIO: Tiene por objeto solicitar la declaración de que el inmueble objeto del gravamen no es propiedad de la parte demandada sino del actor tercerista, luego entonces se sustenta en el derecho de propiedad.

La prueba idónea para acreditar el derecho genuino en la tercería excluyente de dominio es que el documento traslativo de dominio que exhiba el actor tercerista goce de fecha cierta.

3.2.- TERCERIA EXCLUYENTE DE PREFERENCIA: Tiene por objeto que actor tercerista haga valer un mejor derecho de prelación y grado para adjudicarse el bien del gravamen (embargo, hipoteca, prenda).

 

 

OBJETO DE ESTUDIO XI

PROCESO

1.- NATURALEZA JURIDICA

La SCJN ha equiparado en cuanto a importancia el derecho sustantivo como al proceso mismo de tal suerte que el cumplimiento del proceso se encuentra elevado a garantía constitucional, precisamente en los términos a que se refieren los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución que consagran entre otras, las garantías de debido proceso, legalidad y audiencia, cuando establece:

A). – GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO. – ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…”.

B). – GARANTÍA DE LEGALIDAD. – ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

C). – GARANTÍA DE AUDIENCIA. – ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…”.

2.- ETAPAS DEL PROCESO EN GENERAL

2.1.- DEMANDA. Es el documento o la comparecencia que se presenta ante la autoridad judicial, en la cual se refiere la acción que se ejercita en contra de persona o personas determinadas, las prestaciones concretas cuyo cumplimiento o pago se les reclama, expresando de manera clara y detallado los hechos que guardan relación con el litigio en el que se expresan las circunstancias de tiempo, lugar y modo, y sin que sea condicionante, los fundamentos de derecho en los que apoyan su reclamo con la finalidad de que la autoridad judicial sancione al respecto y emita una sentencia condenatoria.

2.2.-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA. Es el documento mediante el cual el demandado siguiendo la misma formalidad de la demanda hace valer sus excepciones con el objeto de obtener una sentencia absolutoria o que reduzca los efectos de la demanda.

LA EXCEPCIÓN. Representa la oposición contra derecho del actor y tiene por objeto extinguir o reducir los efectos de la acción.

2.3.-PERIODO PROBATORIO. Es la etapa en la cual las partes gozan de la carga procesal para ofrecer y desahogar las pruebas tendientes a acreditar su acción o excepciones, según sea el caso. (Actualmente la mayoría de los procesos se realizan mediante el desahogo de audiencias, en materia civil y mercantil mediante dos audiencias se determina la admisión y preparación de las mismas y en la segunda su desahogo). 

2.4.- ALEGATOS. Es la etapa en la que las partes tienen la oportunidad de exponer al juez los argumentos, por los que debe resolver el juicio a su favor, este escrito no es de estudio obligado por el juez, sin embargo una exposición adecuada de alegatos puede favorecer el éxito de un litigio, pues en los mismos se efectúa análisis entre la acción, hechos y pruebas del actor y entre excepciones, contestación a hechos y pruebas del demandado, para convencer al juez de que el resultado del juico debe ser favorable a los intereses que representamos. (Actualmente la mayoría de los procesos se realizan mediante el desahogo de audiencias, en materia civil y mercantil, en la segunda audiencia después del desahogo de pruebas se otorga un espacio de tiempo limitado para exponer verbalmente alegatos). 

2.5.- CITACIÓN PARA SENTENCIA: Significa que el juzgador ha agotado el procedimiento y lo que resta es que le sean turnados los autos a efecto de que estudie y emitan la sentencia o resolución. (Actualmente la mayoría de los procesos se realizan mediante el desahogo de audiencias, en materia civil y mercantil, en la tercera audiencia procesal se dicta la sentencia de primera instancia)

3.- FORMAS DE TERMINACIÓN DEL PROCESO.

3.1.- SENTECIA: Resolución que emite la autoridad judicial (juez), en la cual decreta a que parte le asistió la razón en el procedimiento, previo el análisis que tiene la obligación de realizar respecto de la acción, excepciones y pruebas ofrecidas y desahogadas por las partes, esto es, fundando y motivando su resolución.

Para los efectos de la conclusión del proceso es necesario que la sentencia emitida se encuentre firme, esto es, que goce de los efectos de cosa juzgada.

3.1.1.- VÍA DE APREMIO: Aún y cuando el proceso concluye con la sentencia firme, en  materia civil si la sentencia no es acatada voluntariamente por el vencido en juicio, la parte que resulto favorecida deberá acudir a la vía de apremio, esto es dentro del propio procedimiento, llevará a cabo los trámites necesarios para su ejecución.

3.2.- DESISTIMIIENTO: Solicitud que efectúa la parte actora a efecto de extinguir totalmente la acción ejercitada o bien solo para no continuar más con el proceso instaurado, la primera será un desistimiento de la acción, la segunda de la demanda.

3.2.1.- DESISTIMIENTO DE LA ACCION: No se podrá ejercer nunca más, extingue totalmente la obligación o el derecho.

3.2.2.-DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA: Solo deja sin efecto el proceso iniciado y la acción, obligación o derecho continúan vivos.

3.3.- CONVENIO JUDICIAL: Acuerdo de voluntades celebrado en un procedimiento judicial (juicio) con el propósito de crear, transferir, modificar y extinguir los derechos y obligaciones que forman parte de la litis, convenio que tendrá los efectos de sentencia y que a solicitud de parte deberá ser elevado a la categoría de cosa juzgada.

 

 

OBJETO DE ESTUDIO XII

COMUNICACIÓN EN EL PROCEDIMIENTO

La actividad en el proceso generalmente se desenvuelve entre las partes, el órgano jurisdiccional y los terceros, en ocasiones, es necesario la intervención de órganos jurisdiccionales nacionales y extranjeros, así como de autoridades u órganos no jurisdiccionales, por lo que es importante que exista una regulación eficaz de los medios de comunicación entre estas para cumplir con el objeto de la función jurisdiccional.

1.- CONCEPTO: Es el mecanismo que deben implementar todos los que intervienen en un procedimiento judicial para cumplir eficazmente con la función de impartición de justicia.

2.- CLASIFICACIÓN:

 

1.- ENTRE EL ORGANO JURISDICCIONAL Y LAS PARTES O TERCEROS.

NOTIFICACIÓN: (Rafael de Pina Vara) Acto por el cual se hace saber de forma legal a una persona una resolución judicial.

NOTIFICACION POR LISTA: Se efectúa cuando las partes son sabedoras de la existencia del proceso y a la hora en que se emita algún auto por la autoridad se entiende que conocen del mismo al publicarse en el juzgado la lista de los acuerdos.

NOTIFICACIÓN POR CEDULA: No existe domicilio procesal de las partes, se obtiene una copia del auto que se está notificando y se agrega al expediente correspondiente como cédula, en ocasiones se fija en estrados la cédula.

NOTIFICACIÓN POR ESTRADOS: Cuando se hace por cédula y se publica es estrados.

NOTIFICACION PERSONAL O POR INSTRUCTIVO: Obedece a causas relevantes y de interés mayor en el proceso, por ejemplo podemos citar la cuestión relativa al desahogo de la prueba confesional, en donde es necesario acudir al domicilio procesal de las partes para enterar al absolvente de la prueba confesional que debe comparecer al desahogo de la misma y es fundamental que se haga de esta manera personal pues en dicha notificación además se le apercibirá de que de no comparecer se le tendrá por confeso de las posiciones (afirmaciones sobre los hechos) que califiquen por el juez de legales, en el evento de que la búsqueda realizada por el ministro ejecutor no se le localice personalmente a la persona que deba desahogar la confesional, dicha notificación se realiza por medio de instructivo, el cual es el documento en el que se anota primordialmente el día y hora de la notificación, además de los datos del asunto y se agrega copia del auto a notificar.

EMPLAZAMIENTO: Es la notificación más importante en el proceso, pues en gran medida en ésta se consagra gran parte de la garantía de audiencia, consiste en el llamado judicial que se hace al demandado, para que dentro del plazo señalado comparezca primordialmente por escrito ante el tribunal a hacer uso de su derecho para contestar la demanda, es decir a cumplir con esa carga procesal, so pena de sufrir el prejuicio derivado de su incumplimiento, que consiste en tenerse por ciertos los hecho que dejare de contestar (confesión ficta).

CITACIÓN: Acto de poner en conocimiento de una persona un mandato del juez o tribunal para que ocurra a la práctica de alguna diligencia.

REQUERIMIENTO: Acto de intimar en virtud de resolución judicial para que haga o se abstenga de hacer una cosa en el cual deberá efectuársele un apercibimiento concreto y determinado como puede ser la aplicación de los medios de apremio.

 

2.- ENTRE DIVERSOS ORGANOS JURISDICCIONALES DE DISTINTA JURISDICCIÓN.

EXHORTO: Medio de comunicación entre autoridades judiciales del mismo rango o nivel con el objeto de solicitarle la práctica de una diligencia judicial fuera de su jurisdicción.

DESPACHO: Es igual que el exhorto, solo que se efectúa de autoridad de mayor a menor nivel.

SUMPLICATORIA: La doctrina tambien contempla la figura de la suplicatoria cuando dicha comunicación se efectúa de autoridad de menor a mayor nivel.

3.- ENTRE DIVERSOS ORGANOS JURISDICCIONALES Y TRIBUNALES EXTRANJEROS.

CARTA ROGATORIA: La función jurisdiccional no se encuentra reducida al espacio territorial de nuestro país, esta trasciende a cualquier parte del mundo y en tal sentido existen tratados internacionales en los cuales se establece los mecanismos de colaboración, generalmente dichas diligencias se desahogan por conducto de los consulados vía carta rogatoria que no es otra cosa más que un exhorto internacional.

 

4.- ENTRE ORGANOS JURISDICCIONALES DE LA MISMA JURISDICCIÓN Y OTRAS AUTORIDADES.

OFICIO: Documento oficial donde se plantea una solicitud concreta a diversa autoridad la cual tiene la característica de mandato judicial, de igual manera se utiliza entre autoridades jurisdiccionales del mismo distrito judicial.

 

Uno de los puntos fundamentales de la filosofía de Lombardi, estriba en lo que él dio en llamar “el segundo esfuerzo”, es decir tener el convencimiento y llevarlo a la práctica en todo momento de no darse por vencido e intentar nuevamente, con renovados bríos el lograr el objetivo buscado.

Un hombre puede ser tan grande como quiera ser. Si usted cree en usted mismo tiene el valor, la determinación, la dedicación, la competitividad y si usted está dispuesto a sacrificar las cosas pequeñas de la vida y pagar el precio por las cosas que requieres más trabajo.

 

OBJETO DE ESTUDIO XIII

ACTO PROCESAL 

1.- ACTOS Y HECHOS JURÍDICOS DE REPERCUSIÓN PROCESAL.

1.1. ACTOS JURÍDICOS:

ANDRÉS DE LA OLIVA: Son actos procesales, los actos jurídicos que se realizan en el seno y como parte de un proceso y que producen efectos en ese ámbito (aunque puedan tener también eficacia extraprocesal). Teniendo en cuenta su origen, pueden ser, actos del Tribunal y de las partes. 

EDUARDO COUTURE: Acto jurídico emanado de las partes, de los agentes de la jurisdicción o aun de los terceros ligados al proceso, susceptible de crear, modificar o extinguir efectos procesales.

1.2.- HECHO JURIDICO PROCESALES:

EDUARDO PALLARES: Se entiende todo acontecimiento o suceso que tiene trascendencia jurídica, esto es, que produce efectos jurídicos sin intervención de la voluntad humana. Eduardo Pallares

RAFAEL DE PINA VARA: Acontecimientos independientes de la voluntad humana susceptibles de producir efectos en el campo de derecho.

Ejemplo, nacimiento (marca el comienzo de la personalidad), la muerte (marca el fin de la personalidad y pone en marcha la sucesión por causa de muerte), el transcurso de tiempo (permite adquirir derechos mediante la prescripción adquisitiva o extingue acciones mediante la prescripción extintiva).

 

  1. –CARACTERISTICAS DE LOS ACTOS JURÍDICOS PROCESALES.
  • Sea realizado por cualquiera de los sujetos procesales.
  • Que tenga por objeto el impulso del procedimiento o la defensa en el caso de las partes de sus derechos, mediante dos principios principio de estricto derecho o suplencia de la deficiencia de la queja.
  • Que se encuentre regulado en la codificación especial del procedimiento que se encuentre en trámite.

 

3.- CLASIFICACIÓN DE LOS ACTOS JURÍDICOS PROCESALES:

  • Lícitos
  • Ilícito.

 

LOS LÍCITOS. – Se define dentro de una serie de preceptos:

  • Que esté ajustado a la norma moral de una sociedad y de una época.
  • Que no está prohibido por la ley.
  • Que el Derecho Positivo lo regule o lo nomine.
  • Que sea genuino y ético. (Abogado chicanero del francés chicane que significa argucia o trampa).

“La obligación de todo abogado litigante es actuar siempre con absoluta probidad y diligencia, el perseguir las causas genuinas y los más altos estándares éticos debe ser parte de su prioridad, en aras de mantener su integridad profesional y personal ante cualquier circunstancia, quien opine lo contrario no realice su juramento profesional para obtener el grado de licenciado en derecho al concluir su carrera” Roberto Montañez Pérez.

LOS ILÍCITOS. – Se ha definido la ilicitud en el acto diciendo que ésta existe cuando el acto va en contra del derecho positivo o de los parámetros éticos. En el acto jurídico ilícito el autor del acto debe proponerse un objeto o fin contrarios a las leyes del orden público. De la ilicitud del acto producirá la nulidad, ya sea la absoluta, ya, la relativa.

 

Como por ejemplo robo de constancias, auto embargo, robo de expedientes, simulación de actos jurídicos, obtener una resolución en base a hehcho falsos o mediante la utilización de pruebas alteradas, se incurre en Fraude Procesal y nunca se recomienda su realización.

 

 

OBJETO DE ESTUDIO XIV

ÁMBITO TEMPORAL DEL PROCESO

 

1.- IMPORTANCIA: No basta para el correcto trámite de un procedimiento legal el que las partes realicen actos jurídicos procesales, sino además es necesario que estos realicen en los términos y plazos que establezca la ley procesal del juicio de que se trate para que estos sean eficaces, pues debemos recordar que en derecho “los términos son fatales” esto es, se abren y se cierran de manera irremediable, de ahí la importancia de comprender el tema en estudio.

2.-FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL.- El artículo 17 constitucional en este aspecto establece:

“Toca persona tiene derecho a que se le administre Justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.”

3.- DIAS HÁBILES E INHÁBILES y 3.- HORAS INHABILES

A efecto de establecer los términos procesales es indispensable consultar la ley procesal del juicio de que se trate en donde existirá un apartado que nos indique los días inhábiles para efectuar dichas actuaciones, de tal forma que con toda certeza podamos realizar el cómputo de nuestros términos y evitar complicaciones jurídicas a nuestros clientes.

4.- TÉRMINO Y PLAZO

5.1.- TERMINO.- los términos procesales es el tiempo que tienes para poder ejercer una acción penal, civil, laboral dependiendo de la materia que se esté hablando, o en su defecto ofrecer un medio probatorio en el proceso, una contestación de demanda, un amparo directo o indirecto. Por ejemplo: tienes un término de 9 días para poder contestar una demanda en materia civil (vía ordinaria civil). Tienes un término no mayor a 15 días para ofrecer pruebas en materia penal, ahora, con las nuevas reformas en una sola audiencia se ofrece se admite y se desahogan las pruebas. Pero en pocas palabras es el tiempo en días para ofrecer o ejercer un derecho ante la autoridad jurisdiccional

RAFAEL DE PINA VARA: Momento en que un acto jurídico debe comenzar a producir o dejar de producir sus efectos característicos.

CIPRIANO GOMEZ LARA: Momento preciso señalado para la realización de un acto.

5.2.- PLAZO: Periodo de tiempo en que ha de realizarse o dejar de realizarse una actuación del proceso. Los plazos procesales se computarán con arreglo a lo dispuesto en el Código Civil. En los señalados por días quedarán excluidos los inhábiles.

CIPRIANO GOMEZ LARA: Lapsos dentro de los cuales es oportuno y procedente la realización de determinados actos procesales.

RAFAEL DE PINA VARA: Espacio de tiempo que generalmente se fija para la ejecución de actos procesales unilaterales.

 VESCOVI: “El plazo es la línea, el término un punto límite del plazo”

6.- BUZÓN JUDICIAL

Donde se centralizará la presentación de memoriales fuera del horario judicial y en días inhábiles, en caso de urgencia y cuando este por vencer un plazo perentorio.

Dicho buzón se instala en un lugar que sea de fácil acceso del edificio que ocupe la sala o juzgado y puede ser utilizado cuando se trata de promociones de término, ya que éstas podrán presentarse el día en que aquel concluya, fuera del horario de labores de los tribunales, en el domicilio del Secretario o persona autorizada para ello por el Juez respectivo, o en su depositándolas en el Buzón mencionado. 

 

(Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Judicial Del Estado de Chihuahua, Art. 82 Fracción VI).

 

7.- INACTIVIDAD PROCESAL

La inactividad procesal que configura uno de los presupuestos de la caducidad significa la paralización del trámite judicial en forma continuada durante los plazos que la ley establece.

Se da cuando las partes por alguna razón han dejado de promover por lo que se deduce en presunción legal que han perdido el interés en la continuación del proceso. La terminación del proceso por inactividad de las partes dependerá del tipo o rama del derecho que se trate y el tiempo lo fijará los códigos procésales.

8.- PRESCRIPCIÓN Y CADUCIDAD O PRECLUSIÓN.

Según el maestro Eduardo Pallares se debe de hacer una distinción entre prescripción y caducidad, que son figuras que generalmente se pueden confundir o utilizar indistintamente, cosa que sería equívoca.

8.1.- DIFERENCIAS

1.- La prescripción opera respecto al derecho sustantivo, mientras que la caducidad extingue el derecho procesal, por ejemplo, que caduque la instancia.

2.- La prescripción puede ser originada por diversos términos, en cambio la caducidad sólo se produce por el transcurso de un término único establecido procesalmente.

3.- La prescripción puede ser extintiva o adquisitiva, la caducidad es siempre extintiva.

La preclusión según Arellano García alude a la sanción que trae consigo el desaprovechamiento de los términos por la parte interesada. Si no se ejercita el derecho dentro del término legal que le ha sido fijado, se extingue este derecho en su perjuicio.

Asimismo, la preclusión la define el maestro Chiovenda como la institución general consistente en la pérdida de una facultad procesal por haberse llegado a los límites fijados por la ley para el ejercicio de esta facultad en el juicio o en una fase del mismo.

8.2.- PRECLUSIÓN.

Efecto del transcurso de los plazos y de la finalización de los términos consistentes en hacer imposible o completamente ineficaces los actos correspondientes.

CIPRIANO GÓMEZ LARA: Pérdida de los derechos procesales por no haberlos ejercido en la oportunidad que la ley da para ello. Clausura de cada uno de los periodos en que puede dividirse un proceso.

8.3- PRESCRIPCIÓN

La prescripción constituye una manifestación de la influencia que el tiempo tiene sobre las relaciones jurídicas y los derechos subjetivos. Éstos, a lo largo de aquél, nacen, se ejercitan y mueren. Aquí nos corresponde estudiar una de las causas que determinan la desaparición de aquéllos; la prescripción extintiva.

Pero bajo el término prescripción se recogen dos instituciones esencialmente distintas entre sí: la prescripción adquisitiva o usucapión y la prescripción extintiva. A pesar de su misma denominación las diferencias entre ambas figuras son sustanciales. Brevemente diremos que la usucapión determina un efecto adquisitivo de un derecho real y que además de con el tiempo juega con el elemento fundamental de la posesión. En cambio la prescripción extintiva provoca la desaparición de un derecho real o de crédito o de una acción, y se basa en un dato puramente negativo como es el no ejercicio de su derecho por el titular del mismo.

RAFAEL DE PINA VARA: Medio de adquirir bienes (positiva) o de librarse de obligaciones (negativa) mediante el transcurso del tiempo y bajo las condiciones establecidas al efecto por la ley.

 

 

 

OBJETO DE ESTUDIO XV

REPRESENTACION DE LAS PARTES

1.- IMPORTANCIA Y CONCEPTO

 

IMPORTANCIA: Se ha establecido para satisfacer necesidades humanas, si no existiera este instituto la actividad del hombre reduciría el patrimonio de los incapaces, ya que la representación suple la falta de capacidad de ejercicio de los derechos civiles de las personas o en los casos en los que la persona titular de un derecho, por múltiples razones no pueda intervenir en el proceso, puede alegar en terceras personas su representación.

Tradicionalmente, la doctrina ha venido situando la representación dentro del marco de la teoría general del negocio jurídico, como emisión de una declaración de voluntad o conclusión de un negocio jurídico por medio de otra persona. Pero como señala DÍEZ-PICAZO, la representación es una figura que comprende toda clase de actos jurídicos, incluso los no negociables, y se sitúa como un supra concepto en la teoría general del Derecho, por lo que es aplicable a todos los campos jurídicos.

RAFAEL DE PINA VARA: Facultad conferida legalmente a una persona para representar a otra en juicio.

CIPRIANO GÓMEZ LARA: Es una institución jurídica de muy amplia significación, la cual entraña la posibilidad de que una persona realice actos jurídicos por otra, ocupando su lugar o actuando por ella.

2.- REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA Y FORZOSA

2.1- REPRESENTACION LEGAL O FORZOSA (Cipriano Gómez Lara): Es la que el derecho establece con carácter imperativo, ejemplo, patria potestad.

2.2.- REPRESENTACIÓN VOLUNTARIA: El representante manifiesta su voluntad y no la del representado. (Es por voluntad del representado, por ejemplo, el mandato)

2.2.1.- MANDATO: El mandato es un contrato entre mandante y mandatario por el que este queda obligado, fundamentalmente, a realizar por cuenta del mandante los actos y negocios que le ha encargado; y el mandante a cumplir todas las obligaciones que el mandatario haya contraído dentro de los límites del mandato. El mandatario actúa por cuenta del mandante, pero en nombre propio. 

2.2.2.- PODER: El apoderamiento es un acto jurídico unilateral por el que el poderdante confiere al apoderado el poder de actuar en su nombre, no surge ninguna obligación ni a cargo del poderdante ni del apoderado. 

3.- SU REGULACIÓN EN LOS PROCESOS CIVILES, PENALES, MERCANTILES Y AMPARO.

3.1.- REPRESENTANTES LEGALES EN MATERIA CIVIL

ART. 64 (CODIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO): ARTÍCULO 64. Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre o representación, a persona con título de licenciado en derecho registrado y autorizado por la Oficina Estatal de Profesiones o por la Secretaría de Educación Pública, para el ejercicio de su profesión, para lo cual se proporcionará su número de cédula o registro correspondiente, quien se entenderá investido de la personalidad del autorizante, con facultades para promover, ofrecer y desahogar pruebas, formular preguntas y posiciones, interponer los recursos que procedan, alegar en las audiencias, y todas las necesarias para realizar cualquier acto en el proceso en defensa de los derechos del autorizante, con excepción de las de substituir la autorización, delegar facultades, desistirse de la acción, de la demanda, excepciones, recursos, transigir, comprometer en árbitros o de celebrar convenios. 

 

3.2.- DEFENSORES Y REPRESENTANTES LEGALES EN MATERIA PENAL

3.2.1.- DERECHO DE ELECCIÓN. El imputado tendrá el derecho de elegir un defensor de su preferencia o a una persona de su confianza para que lo representen. Si no lo hace, o si sólo designa a esta última, el Ministerio Público o el Juez le designarán un defensor público desde el primer acto en que intervenga.

La intervención del defensor no menoscabará el derecho del imputado a formular solicitudes y observaciones por sí mismo.

3.2.2.- HABILITACIÓN PROFESIONAL. Sólo podrán ser defensores los licenciados en derecho con cédula profesional debidamente registrada para ejercer la profesión. Los defensores designados serán admitidos en el procedimiento de inmediato y sin ningún trámite, tanto por la policía como por el Ministerio Público o el juzgador, según sea el caso.

3.2.3.- ACUSADOR COADYUVANTE Y ASESOR JURÍDICO. La víctima u ofendido podía constituirse en base al Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua como ACUSADOR COADYUVANTE, ahora, en base al Código Nacional de Procedimientos Penales puede designar varios o un ASESOR JURÍDICO, y en tal caso se le tendrá como parte para todos los efectos legales. Si se tratase de varías víctimas u ofendidos, deberán nombrar un representante común, y si no alcanzan un acuerdo, el juzgador nombrará a uno ellos.

3.3.- REPRESENTANTES LEGALES EN MATERIA MERCANTIL. 

ARTÍCULO 1069 (CODIGO DE COMERCIO): PARRAFO CUARTO: Las partes podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a una o varias personas con capacidad legal, quienes quedarán facultadas para interponer los recursos que procedan, ofrecer e intervenir en el desahogo de pruebas, alegar en las audiencias, pedir se dicte sentencia para evitar la consumación del término de caducidad por inactividad procesal y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. Las personas autorizadas conforme a la primera parte de este párrafo, deberán acreditar encontrarse legalmente autorizadas para ejercer la profesión de abogado o licenciado en Derecho, debiendo proporcionar los datos correspondientes en el escrito en que se otorgue dicha autorización y mostrar la cédula profesional o carta de pasante para la práctica de la abogacía en las diligencias de prueba en que intervengan, en el entendido que el autorizado que no cumpla con lo anterior, perderá la facultad a que se refiere este artículo en perjuicio de la parte que lo hubiere designado, y únicamente tendrá las que se indican en el penúltimo párrafo de este artículo. Las personas autorizadas en los términos de este artículo, serán responsables de los daños y perjuicios que causen ante el que los autorice, de acuerdo a las disposiciones aplicables del Código Civil Federal, relativas al mandato y las demás conexas. Los autorizados podrán renunciar a dicha calidad, mediante escrito presentado al tribunal, haciendo saber las causas de la renuncia. Los tribunales llevarán un libro de registro de cédulas profesionales de abogados, en donde podrán registrarse los profesionistas autorizados.

3.4.- REPRESENTACIÓN EN LA LEY DE AMPARO. 

ARTÍCULO 12 LEY DE AMPARO. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero.

 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE XVI

ALGUOS MEDIOS DE PRUEBA

 

1.- REGLAS SOBRE LA PRUEBA: La carga procesal de probar obedece en materias de estricto derecho a las siguientes reglas:

 

A).- El que afirma, tiene la carga procesal de probar.

 

B).- El que niega, solo tiene la carga procesal de probar, cuando su negativa implique la afirmación de un hecho o ésta sea contraria a los Principios Generales de Derecho a una presunción legal o un hecho notorio.

 

2.- CONCEPTO DE PERÍODO ORDINARIO DE PRUEBA: Es la etapa que de manera general fija la ley o el juez, para cada uno de los diferentes procesos regulados por las leyes procesales. Este período viene a constituir la etapa normal para el desahogo de las pruebas ofrecidas oportunamente por las partes, las reformas al Código procesal para establecer el proceso por audiencias, ahora proveen el mecanismo para desahogo de pruebas en las referidas audiencias.

3.- ALGUNOS MEDIOS DE PRUEBA:

 

3.1.- LA DOCUMENTAL.- 

3.1.2. CONCEPTO: Según Eduardo Pallares, las raíces etimológicas de la palabra documento dan a este vocablo el significado de: “todo aquello que enseña algo”, pero que, en realidad, el documento consiste en cualquier cosa que tenga algo escrito con sentido inteligible (o sea, aquello que pueda ser comprendido). Destaca que no importa el material en el cual se encuentren los signos, pudiendo ser papel, piedra, ladrillos, como se acostumbraba entre los asirios y babilónicos (documentos hechos en arcilla).

En la actualidad, el Código de Procedimientos Civiles del Estado, clasifica a los documentos en dos tipos:

  • Documentos públicos; y
  • Documentos privados.

Tradicionalmente pensamos que son documentos públicos aquellos expedidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones y con motivo de ellas, pero realmente este concepto solo constituye una mínima parte de lo que son los documentos públicos, pues para entender en forma completa a este concepto, es necesario tomar en cuenta las diversas referencias que establece la ley.

 

3.2.- PRUEBA PERICIAL.

3.2.1.- INTRODUCCIÓN: Los peritos son las personas que auxilian al juez con sus conocimientos científicos, artísticos o técnicos en la investigación de los hechos controvertidos.

Para CARNELUTTI los peritos son tanto auxiliares del juez como medios de prueba.

La prueba pericial procede cuando sean necesarios conocimientos especiales en alguna ciencia, arte o industria o lo mande la ley y, en diversas disposiciones, se establece la necesidad de la asistencia técnica al juez, por ejemplo: si el absolvente fuere extranjero, podrá ser asistido por un intérprete, que será nombrado por el juez.

Desde un punto de vista teórico, el juez tiene conocimientos generales que le proporciona su formación universitaria y especializados en la ciencia del derecho; sin embargo, en los problemas controvertidos se necesita acudir algunas ocasiones a personas que tengan otro tipo de conocimientos que son indispensables para el esclarecimiento de un problema judicial concreto.

Los peritos pueden actuar de varios modos: auxiliando al juez en la percepción o inteligencia de los hechos; indicándole los principios científicos o técnicos que le permitan deducir consecuencias de hecho indispensables al conocimiento de la verdad; deduciendo ellos mismos las consecuencias que de tales hechos derivan, al amparo de sus conocimientos especializados.

3.3.- LA INSPECCIÓN JUDICIAL.

3.3.1.- INTRODUCCIÓN: En los elementos o medios de prueba que se han analizado, el esclarecimiento de los hechos controvertidos se proporciona por personas o cosas y así, por ejemplo, en la pericial el perito es el que dictamina; en la confesional, las partes admiten o reconocen los hechos; en la documental, la información deriva del propio instrumento, y en la testimonial, los testigos declaran lo que saben acerca del proceso. O sea, en estos casos el juez es un receptor de información para llegar al conocimiento de la verdad, sólo recibe lo que se le informa.

Sin embargo, en el caso del reconocimiento o inspección judicial, el personal del juzgado adopta una conducta activa, ya que el juez o la persona que se haya comisionado es el que va hasta el lugar donde se encuentra lo que se va a inspeccionar u observar, siendo así el personal del juzgado el que constata y realiza el reconocimiento (Actitud Activa).

3.3.2.- CONCEPTO DE INSPECCIÓN JUDICIAL: Es el reconocimiento sensorial que realiza el personal del juzgado (juez y secretario), de las personas o de las cosas que tienen relación con los hechos controvertidos.

Así, por ejemplo, se pide al juez que constate que determinado bien se encuentra dañado, y en ese caso, el objeto de ese reconocimiento será verificar, constatar o reconocer personalmente que en realidad ese objeto presenta daños o averías. Este reconocimiento judicial puede recaer sobre personas o cosas que tengan relación con el asunto o controversia.

En el mismo reconocimiento inspección judicial, no se lleva a cabo valoración técnica, sino que simple y sencillamente se va a constatar lo que se aprecie por los sentidos, describiéndose lo que se observó, es decir, es solo una verificación objetiva de lo que se aprecie. Es el reconocimiento de cosas o personas a través de los sentidos.

3.4.- LA TESTIMONIAL

3.4.1.- CONCEPTO: Testigo es toda persona que, sin ser parte en el proceso, tiene conocimientos de los hechos controvertidos.

Lo anterior significa que la obligación de declarar como testigos, es general para todos los que tengan conocimiento de los hechos; por tanto, en principio, por igual pueden y deben declarar como testigos los menores de edad, los ancianos, los hombres, las mujeres, los nacionales o los extranjeros.

Solamente están exentos de esta obligación los ascendientes, descendientes, el cónyuge y personas que deben guardar el secreto profesional, en los casos en que se trate de probar contra la parte con la que están relacionadas.

3.4.2.- CLASE DE TESTIGOS

Doctrinalmente, se han establecido diversas clases de testigo, siendo estas las más sobresalientes.

1.- Testigos idóneos, son los que, por sus condiciones personales y el conocimiento de los hechos controvertidos, merecen fe en lo que declaran;

2.- Testigos abonados, los que no tienen ninguna de las tachas.

3.- Testigos de ciencia propia, son aquellos que tienen conocimiento directo y personal de los hechos por haberlos presenciado, visto u oído;

4.- Testigo auricular o de oídas, es el que no tiene un conocimiento directo y personal de los hechos, y solo sabe de ellos, por haberlo oído de otras personas.

5.- Los testigos instrumentales, son los que intervienen en el otorgamiento de un acto o contrato y son necesarios para la validez del acto, como en los testamentos, en los poderes, en los mandatos, etc.

6.-Testigo único, es el que declara cuando no hay otra persona que declare sobre el mismo hecho;

7.- Testigos de asistencia o para actos judiciales, son aquellos con los que el juez actúa en ciertos casos, a falta de secretario que autorice.

8.- Testigos Hostiles, son aquellos que el oferente no tiene la posibilidad de hacerlos comparecer por sí mismo, sino que requieren ser apremiados por el tribunal para que acudan a rendir su declaración.

 

4.- RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES EN SU APORTACIÓN: Al respecto en materias de estricto derecho, existe jurisprudencia que determina que la carga procesal respecto del correcto desahogo de las pruebas es responsabilidad exclusiva del oferente de las mismas al establecer:

 

PRUEBAS. EL OFERENTE ESTA OBLIGADO A VELAR POR SU CORRECTO DESAHOGO. La parte que ofrece pruebas en un procedimiento judicial, tiene la obligación de velar por su correcta recepción, cuidando que se desahoguen íntegramente, so pena de estar al resultado de cualquier deficiencia.

 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE XVII

RESOLUCIONES JUDICIALES

 

1.- CLASIFICACIÓN Y REQUISITOS

1.1.- CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO:

 

Las resoluciones judiciales pueden ser: SENTENCIAS o AUTOS. Sentencias son las que resuelven el punto principal del litigio o de la instancia. Autos, todas las demás resoluciones, ya sea que resuelvan un incidente (INTERLOCUTORIAS), un punto que no sea de mero trámite, o uno de mera tramitación. Toda resolución expresará la fecha en que se pronuncie y se autorizará por los funcionarios respectivos y por la persona que deba dar fe de ella, con firma entera. 

 

Las sentencias se ocuparán sólo de las acciones deducidas y de las excepciones opuestas respectivamente en la demanda y en la contestación, y de las demás pretensiones deducidas oportunamente en el litigio.  Cuando los puntos litigiosos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. Contendrán, además lo siguiente: 

 

a).- La parte informativa de la sentencia, como lo es la designación del lugar en que se pronuncien y la del Tribunal que las dicte; 

 

b).- Los nombres y apellidos del actor y del demandado, y el objeto del litigio; 

 

c).- Un extracto breve de los hechos exclusivamente conducentes a los puntos resolutivos de la sentencia; 

 

d).- Las consideraciones y los fundamentos legales de ella, comprendiéndose los razonamientos respecto de los presupuestos procesales y los razonamientos que el Tribunal haya tenido en cuenta para apreciar los hechos y para valorar las pruebas; 

 

e).- La condenación o absolución que proceda, y los demás puntos resolutivos correspondientes. 

 

Cuando hubiere de condenarse al pago de intereses, daños y perjuicios, o a la entrega de frutos, se fijará en la sentencia su importe en cantidad líquida, o se establecerán por lo menos, las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación. Sólo en el caso de no ser posible lo uno ni lo otro se hará la condena, a reserva de fijar su importe y hacerla efectiva en la ejecución de la sentencia. 

 

 Los autos contendrán, cuando no sean de mero trámite, una breve exposición del punto de que se trate, y la resolución correspondiente precedida de sus fundamentos legales. Cuando los autos sean de mero trámite, bastará la simple expresión de éste. 

 

2.- CONCEPTO DE SENTENCIA Y SU NATURALEZA JURIDICA.

 

Etimológicamente, sentencia proviene del latín “sententia” y ésta a su vez de “sentiens, sentientis”, participio activo de “sentire” que significa sentir.

 

Luego, la connotación del concepto no deja de ser especialmente singular, pues implica el sentimiento que el juzgador se ha formado acerca de la controversia planteada a su consideración, a la luz desde luego de la norma jurídica, plasmado en el fallo que sólo a él es dado pronunciar.

 

Ya técnicamente hablando, para ALFREDO ROCCO la sentencia es “…el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquellas norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés”. ROJINA VILLEGAS opina, por su parte, que la sentencia es un acto jurídico público o estatal, aduciendo que los actos jurídicos pueden ser meramente privados cuando son ejecutados únicamente por y entre particulares; mientras que la sentencia “…es exclusivamente un acto público o estatal, porque se ejecuta por el juez, por el Tribunal, y no participan en su celebración los litigantes”.

 

BECERRA BAUTISTA apunta, a su vez, que la sentencia “…es la resolución del órgano jurisdiccional que dirime, con fuerza vinculativa, una controversia entre partes”.

 

2.1.- ¿CUÁL SERÁ, EN CONSECUENCIA, LA ÍNDOLE JUSFILOSÓFICA DE LA RESOLUCIÓN JUDICIAL MÁS IMPORTANTE, ESTO ES, LA SENTENCIA?

 

Con el afán de despejar esta interrogante, pensamos que la naturaleza jusfilosófica de la sentencia judicial corresponde plenamente al problema central de la Filosofía del Derecho, esto es, a la idea de la justicia.

 

En efecto, la axiología del derecho positivo bien sabido es que se encamina al logro de la justicia. Por tanto, si la sentencia viene a ser la culminación natural de la función jurisdiccional, cuyo instrumento está constituido por las normas del derecho positivo que orientan el criterio del juzgador, es indudable que la finalidad del fallo judicial no puede ser otra que la pretensión por alcanzar aquel ‘VALOR ABSOLUTO’, como lo denomina RADBRUCH.

 

Lo anterior es tanto más cierto cuanto que la propia Ley Suprema, a fin de evitar la justicia por propia mano, prohíbe el ejercicio violento de los derechos, es decir, al margen de los tribunales creados ex profeso por el Estado.

 

Desde ARISTÓTELES ya se distinguía entre justicia conmutativa y justicia distributiva; entendida la primera como la correspondiente a sujetos ubicados en similar plano de igualdad, y la segunda como aquella propia de sujetos desiguales uno del otro e impartida por un ente distinto, colocado en superior grado de jerarquía.

 

Quepa como corolario de las consideraciones que anteceden, citar el pensamiento de BECERRA BAUTISTA acerca de la labor resolutora del juzgador: “El Estado-juez debe satisfacer el interés social de mantener la paz pública mediante la vigencia efectiva del derecho, haciendo justicia en los casos de violación o desconocimiento de la norma abstracta, declarando soberanamente cuál es la voluntad de la ley en el caso concreto y usando de los medios de coacción adecuados para el respeto, por parte del renuente, de ese querer soberano…”.

 

3.- PRINCIPIOS PROCESALES QUE DEBE OBSERVAR LA SENTENCIA:

 

A).- PRINCIPIO DE LA CONGRUENCIA.

 

Al margen de los diversos requisitos formales que toda sentencia civil debe revestir, en cuanto al fondo la sentencia debe de cumplir con el principio de congruencia, de tal suerte que será congruente el fallo que se ocupe de todas las cuestiones controvertidas por las partes y sometidas a la consideración del sentenciador; esto es, el juzgador debe analizar toda la litis, pero además, solo ajustarse a ésta y lo hará si solamente considere los hechos alegados y probados por los litigantes, esto es, cuando los rebase y tome en cuenta hechos diversos, será incongruente la sentencia al igual que si omite aspectos de la litis.

 

En otras palabras, en obsequio de la congruencia, el Juez está obligado a examinar y resolver sobre todas las acciones y sus correspondientes causa de pedir, así como sobre todas las excepciones y defensas materia del contradictorio, lo que implica que si únicamente examina algunas de ellas, quebrantaría dicho principio; además, deberá fallar sobre todas las cuestiones debatidas, sean en vía de acción o de excepción, pero basándose para ello de manera exclusiva en las cuestiones de hecho invocadas por las partes, las que no podrá suplir, pero tampoco exceder, pues en caso contrario la sentencia será incongruente; internamente en los casos explicados anteriormente en los dos párrafos anteriores y externamente si existe una discrepancia en el sentido del fallo en los considerandos y resolutivos de la sentencia o en los propios considerandos de la misma. 

 

B.- PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO. (MATERIA CIVIL).

 

El principio de estricto derecho implica que el Estado no debe de iniciar la función jurisdiccional, ni menos aún culminarla con el fallo decisorio dictado por el juzgador, mientras parte interesada no lo solicite en acatamiento a la máxima “nemo iudex sine actore; ne procedat iudex ex officio”.

 

Es decir, que el procedimiento judicial y la forma natural de concluirlo constituida por la sentencia, no pueden generarse de la actividad oficiosa del órgano jurisdiccional, excepto en casos específicamente contemplados por la ley.

 

 

OBJETO DE APRENDIZAJE XVIII

 

RECURSOS

 

1.- CONCEPTO DE RECURSO: (FÁBREGA) Se llama recurso judicial a la facultad que a los litigantes compete de pedir la enmienda de una resolución judicial, algunas veces ante el mismo juez o tribunal que la dictó, otras ante un tribunal superior. 

 

La naturaleza jurídica de los recursos judiciales radica en la falibilidad humana, los jueces y tribunales pueden incurrir en errores al dictar sus resoluciones y por tanto es preciso que los litigantes gocen de medios para poder enmendarlos. 

 

Los recursos que prevé el Código de Procedimientos Civiles del Estado consisten son los de apelación, revocación y denegada apelación.

          

2.- APELACION.

 

2.1.- OBJETO DE LA APELACIÓN. El recurso de apelación ordinaria tiene por objeto el que el Tribunal de segunda instancia examine si en la resolución apelada se aplicó inexactamente la ley, si se violaron los principios reguladores de la prueba, o si se alteraron los hechos; y en vista de ello, confirme, revoque o modifique la resolución apelada.

 

3.- REVOCACIÓN.

 

3.1.- PROCEDENCIA DEL RECURSO DE REVOCACIÓN. El recurso de revocación, deberá interponerse por escrito a más tardar dentro del siguiente día en que se hizo la notificación del auto que se va a recurrir, o surtió sus efectos la hecha por medio de lista, salvo lo dispuesto en el artículo 818 de este Capítulo.

 

3.2.- EFECTOS DE LA REVOCACIÓN.

 

Interpuesto en tiempo el recurso, con excepción de los casos a que se refiere el artículo siguiente, el Tribunal suspenderá la ejecución del auto recurrido, y ordenará correr traslado del escrito del recurrente a la parte contraria por el término de tres días y, evacuado que sea o una vez concluido dicho plazo para hacerlo, sin más trámite se dictará resolución dentro de las veinticuatro horas siguientes.

 

3.3.- REGLAS PARA DETERMINAR SI UN AUTO ES APELABLE O REVOCABLE EN MATERIA CIVIL.

 

 

  • Los autos que no sean apelables, podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso correspondiente, si se trata de la primera instancia; en la segunda, todos los autos podrán revocarse o modificarse mediante la interposición del recurso respectivo.
  • Serán apelables los autos que tengan fuerza de definitivos y desde luego la sentencia.
  • Se entenderá que los autos tienen fuerza definitiva, cuando causen un gravamen que no puede repararse en la sentencia que decida el negocio en lo principal.
  • Se entiende que no tienen el carácter de definitivos aquéllos que se refieran a la mera tramitación del juicio.

 

 

4.- CONCEPTO DE AGRAVIOS.

 

Razonamientos lógico jurídicos que expresa el recurrente en contra de los argumentos y fundamentos aplicados por el juzgador en un auto o sentencia, en los cuales el recurrente debe refiere con precisión los preceptos jurídicos que fueron inobservados o aplicados inexactamente por éste, cumpliendo en dichos razonamientos con el principio de exhaustividad, expresando la importancia y trascendencia de las referida con el objeto de lograr la modificación o revocación del auto o sentencia recurrida.  

 

5.- DENEGADA APELACIÓN.

 

Contra las resoluciones que declaren inadmisible la apelación, procede el recurso de denegada apelación, que en todo caso el juez admitirá forzosamente

 

 

]]> INVESTIGACIÓN JURÍDICA- GUARDIA NACIONAL II https://montanezyasociados.com.mx/inv-jud-guardia-nacional-2/ Tue, 27 Aug 2019 21:14:16 +0000 http://montanezyasociados.com.mx/2019/?p=638  

GUARDIA NACIONAL

EL RIESGO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN QUE PUDIERAN SER INCONGRUENTES A SUS PRINCIPIOS ORIGINALES

 

SEGUNDA Y ÚLTIMA PARTE

 

Roberto MONTAÑEZ PÉREZ

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. TEORÍAS DEL TERRITORIO INVIOLABLE DE NORBERTO BOBBIO, COTO VEDADO DE ERNESTO GARZÓN Y DE LAS ESFERAS DE LO INDECIDIBLE DE LUIGI FERRAJOLI. III. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL. IV. PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY. V. POSICIONAMIENTO JURÍDICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. VI. CONCLUSIONES  VII.- BIBLIOGRAFÍA.

 

RESUMEN: Nos cuestionábamos en la primera párate de este trabajo: ¿La creación de la Guardia Nacional en los términos de la propuesta del Ejecutivo Federal trastoca los principios de libertad y seguridad jurídica sustentados por la Constitución?, advertimos que podríamos estar ante diversos escenarios, es decir, que la propuesta del Ejecutivo Federal a efecto de formalizar la existencia de una Guardia Nacional castrense incorporada como policía preventiva no se concretara o por lo menos no en los términos propuestos en la iniciativa (así fue se estableció mando civil), así como la necesidad de profundizar en lo doctrinal, en aspectos jurisprudenciales, y explorarse, a mi entender como indispensables las teorías del Territorio Inviolable de Norberto Bobbio, Coto Vedado de Ernesto Garzón y de las Esferas de lo Indecidible de Luigi Ferrajoli, además de un análisis o confrontación de principios prexistentes de la constitución a la luz de las teorías doctrinarias que nos permitan calificar, basados en su profundidad y amplitud argumentativa las que resulten más convincentes y por lo tanto sustentables, por lo que ahora ya con la aprobación constitucional para la existencia de la Guardia Nacional, solo resta el estudio señalado, aunado a lo expuesto en la primera párate de este trabajo para comprometer la opinión con un sustento de derecho positivo y doctrinal que le puedan dar validez científica, esto último lo pongo a consideración de los lectores.

 

Palabras clave: Guardia nacional 1, constitución 2, inconstitucionalidad 3, principios constitucionales 4, esferas de lo Indecidible 5, territorio inviolable 6, coto vedado 7, reforma constitucional 8, núcleo constitucional 9, jurisprudencia 10, democracia 11, principio de mayoría 12.

 

  1. INTRODUCCIÓN

 

En la primera parte de éste estudio señalábamos que el procedimiento legislativo correctamente implementado desde su aspecto formal y material, decíamos que es el que genera y da legitimidad a la ley en nuestro país, que la implementación de éste es facultad del poder legislativo, en quien se deposita la soberanía que el pueblo le confiere para que en su beneficio establezca el marco constitucional aplicable; precisando que ésta aportación solo se plantea desde el punto de vista del nacimiento de la norma constitucional en cuanto a su aspecto material y no del formal, el objetivo de esta investigación se dirige a encontrar una respuesta a la interrogante siguiente ¿La creación de la Guardia Nacional en los términos de la propuesta del Ejecutivo Federal trastoca los principios de libertad y seguridad jurídica sustentados por la Constitución?, ya se señalaban aspectos introductorios con antelación, es por ello que ahora solo se reitera el aspecto de la falibilidad humana en combinación con el importante número de reformas a la Constitución, para avizorar la posibilidad de una combinación de esos elementos que genere incongruencias constitucionales internas, ocasionadas por la cada vez más grande probabilidad de cometer errores ante el “alud” de reformas que se han suscitado en los más resientes periodos presidenciales; entre más reformas más posibilidades de cometer errores, así, nos preguntamos, ¿Incorporar a la Guardia Nacional con formación castrense pondrá será un error?, ¿Pondrá en riesgo las libertades consagradas en la constitución?.

En el intento de dilucidad las anteriores interrogantes, me permito desarrollar en seguimiento a la primera parte de este estudio las teorías del Territorio Inviolable de Norberto Bobbio, Coto Vedado de Ernesto Garzón y de las Esferas de lo Indecidible de Luigi Ferrajoli, a saber:

 

II.- TEORÍAS DEL TERRITORIO INVIOLABLE DE NORBERTO BOBBIO, COTO VEDADO DE ERNESTO GARZÓN Y DE LAS ESFERAS DE LO INDECIDIBLE DE LUIGI FERRAJOLI.

 

Me permito hacer alusión por separado a las importantes aportaciones doctrinales de los juristas Norberto Bobbio, Ernesto Garzón y Luigi Ferrajoli, todas ellas, con sus propias caracteristicas y diferencias, centradas en lo toral a la idea de fijar restricciones o límites al poder del estado que asume a la democracia como forma de gobierno ¿Tendrá esas caracteristicas democráticas el Gobierno Federal actual?, en cuanto al control constitucional de los derechos fundamentales, advirtiendo que entre éstos postulados, existen diferencias importantes, que en palabras del propio Ferrajoli, son cuatro sustanciales a saber:

La primera diferencia consiste en el hecho de que de la “esfera de lo no decidible” he ofrecido una noción jurídica, como categoría de la teoría del derecho. El “coto vedado” de Ernesto Garzón Valdés- así como el “territorio inviolable” de Bobbio- es una categoría filosófico-política, que expresa el principio político, clásicamente liberal, de los límites impuestos a las decisiones políticas, aunque sean de la mayoría, en tutela  de los derechos de libertad…La segunda diferencia de mi noción de “esfera de lo indecidible” respecto a la noción de “coto velado” de Garzón Valdés o de “territorio inviolable” de Bobbio, es que aquella designa no solamente el espacio o el territorio  prohibido sino también el espacio y el territorio obligado: no solo lo que no puede ser decidido, si no también lo que no puede dejar de ser decidido. O sea lo que debe ser decidido. La primera esfera de las prohibiciones, o sea la de los limites negativos impuestos a la legislación en garantía de los derechos de libertad; la segunda es la de las obligaciones, es decir la de los vínculos positivos igualmente impuestos a la legislación en garantía de los derechos sociales. El conjunto de las dos esferas equivale al conjunto de las garantías de los derechos constitucionalmente establecidos, dirigidos a asegurar su efectividad… La tercera diferencia de mi noción de “esfera de lo indecidible” respecto a la de “coto vedado” de Garzón Valdés consiste en el hecho de que se refiere no solamente a los poderes públicos sino también a los poderes privados;  no sólo al Estado, sino también al mercado. Hay además una cuarta diferencia, sobre la que hemos discutido ampliamente Bovero y yo. En mi opinión, la esfera de lo indecidible diseñada por las constituciones constituye el rasgo distintivo de la democracia constitucional, y no puede por tanto ser ignorada al definirla. Bobbio y Bovero hablan de los derechos fundamentales, de libertad y sociales, como “precondiciones lógicas” de la democracia. Pero una precondición lógica es una condición necesaria, es decir una condijo sine que non, la cual por tanto no puede  dejar de formar parte de la definición del término definido. [1] 

Así, las definición jurídicas antes analizadas, guardan relación directa con los temas que se abordan en este estudio, pues si anteriormente, se han expuesto aportaciones encaminadas a establecer que, incorporados al texto total de la Constitución conviven Valores Fundamentales con disposiciones que no los son y por otro lado se ha expuesto la Tesis de la Ilimitabilidad de las Atribuciones del Poder Reformador, resulta necesario encontrar un enfoque distinto, aún que íntimamente relacionado con el tema en estudio; así como con las teorías y postulados del denominado neoconstitucionalismo, las cuales se dirige a analizar conceptos hermanos como lo son democracia y estado de derecho, pues sostiene el maestro Ferrajoli en su libro El Derecho y la Razón, la necesidad de distinguir entre legitimidad formal y legitimidad sustancia, o como el mismo nos aclara, entre condiciones formales y condiciones sustanciales impuestas al válido ejercicio del poder, ello para determinar los alcances de la toma de decisiones en ejercicio del mismo, desde el planteamiento del quien puede, como se debe, que se debe y que no se debe decidir, lo que impacta en el tema que nos ocupa; pues en términos generales las reformas constitucionales no son más que decisiones tomadas en ejercicio del poder genuina y legítimamente ejercido por el estado, en la sana coexistencia del sistema de división de poderes (deber ser), siendo en el poder legislativo en quien recae tal alta función y tan es así que sus decisiones inciden en el rumbo que quiere o debe tomar una nación, atendiendo su realidad histórica, en base a ello el maestro Ferrajoli, en primer lugar nos guía con la siguiente precisión:

Condiciones formales y condiciones sustanciales de validez que forman el objeto de dos diversos tipos de regalas: las reglas sobre quien puede y sobre quien puede y sobre cómo se debe decidir, las reglas sobre qué  se debe y no se debe decidir. Las reglas del primer tipo hacen referencia a  la forma de gobierno, las del segundo, a la estructura del poder. De la naturaleza de las primeras depende el carácter políticamente democrático (o, por el contrario, monárquico, oligárquico o burocrático) del sistema político; de la naturaleza de las segundas depende el carácter de derecho (o, al contrario, absoluto, totalitario o bien más o menos  de derecho) del sistema jurídico del sistema jurídico. [2]

El maestro Jaime García Cárdenas, tocante al tema de la democracia, nos expone lo relativo a la democracia consolidada, importante para ubicar mentalmente el nivel que tendía la nuestra y cito:

La democracia consolidada exige la protección de ciertos principios y derechos en la Constitución más allá de las simples mayorías políticas temporales. En la Constitución una democracia introduce un límite al poder absoluto que demos, a la absolutización del principio democrático a través de unas garantías muy fuertes a favor de los derechos humanos de cada individuo. Sin esas medidas de protección a los derechos de cada uno no puede hablarse de democracia. Por la razón, de que la teoría constitucional contemporánea de Ferrajoli  a diferencia de la de Zagrebelsky denomina al Estado contemporáneo Estado constitucional y no Estado de derecho. [3]

En cuanto al tema de la democracia el maestro Norberto Bobbio en su libro La Regla de la Mayoría: Limites y Aporías, nos señala que el concepto de democracia y la regla de la mayoría, solo coinciden en el elemento de consultar a los ciudadanos mediante el voto de determinadas decisiones, no refiere el voto a mano alzada con preguntas incidiosas en una asamblea popular como el titular del ejecutivo federal acostumbra hacer en nuestro país, de lo que resulta claro que existen estados como el nuestro no democráticos en tal aspecto, que aún que implementan ciertos mecanismos de consulta, esto no implica que su estatus sean respetuoso de un principio de mayoría, advirtiendo además que existe un interpretación inadecuada de lo que implica la definición clásica de democracia, sobre la errónea identificación de la regla de mayoría, precisando lo siguiente:

Esta errónea identificación –que se ha vuelto muy común– derivada de una interpretación equivocada de la definición clásica de democracia como gobierno de la mayoría. Debe considerarse que, en la tripartición clásica de la forma de gobierno, la democracia es definida como gobierno de la mayoría en contraposición a la oligarquía y a la anarquía, lo cual señala que el poder político se encuentra en manos de “los más” o de “los muchos”, en oposición al poder de uno solo o de los pocos. Así y todo, esto no quiere decir que el poder político se ejerza en esos regímenes mediante la aplicación de la regla de la mayoría. [4]

El derecho a la libertad o la esfera de libertad como la refiere el maestro Norberto Bobbio es uno de los derechos o gran gama de ellos, partiendo de la idea de que la libertad tiene una gama importante de ellos, los que mencionó el maestro, como ubicados dentro de un territorio fronterizo inviolable, que ni el principio mayoritario puede extralimitar, al efecto nos indica:

La amplia esfera de los derechos de libertad puede interpretarse como una especie de territorio fronterizo ante cual se detiene la fuerza del principio mayoritario. Así, buscando derivar un principio general de esta realidad, podemos sostener que uno de los criterios para distinguir entre lo que puede y lo que no puede ser sometido a la regla de mayoría es la distinción entre lo que ésta sujeto a opinión y lo que no lo está. Esto a su vez implica una distinción más, a saber, entre lo negociable y lo que no lo es: los valores, los principios, los postulados éticos y naturalmente también los derechos fundamentales no están sujetos a opinión, y por ende tampoco son negociables. En esta calidad, la regla del mayor número, que sólo se relacionan con lo que está sujeto a opinión, no es competente para juzgarlos. [5]

Este derecho de libertad es comentado por el maestro Ferrajoli en su libro El Derecho y la razón, señalado que el estado de derecho liberal, solo se ve limitado por las garantías individuales, nos habla de una regla de dejar vivir, dejar hacer, y que las prohibiciones, el derecho punitivo y la fuerza legal del estado representan una situación de excepción, por lo que cito al maestro:

Ni una ley, aún votada por una mayoría aplastante, puede disponer o consentir que un hombre sea castigado sin haber cometido algún hecho prohibido o por haber cometido actos inofensivos, meramente internos o sin culpa…[6]

Lo anterior, nos permite la válida reflexión en el problema esencial de éste estudio, en el sentido de cuestionarnos, si la inclusión de una Guardia Nacional operada por militares aún con mando civil, representa en sí mismo una trasgresión de la esfera de libertades, por acotarlas a un sistema militar, aún en razón de las mayorías y de una entendida lucha para reducir la inseguridad en nuestro país, se insiste, aún con la fuerza de la mayoría unánime representadas en el órgano legislativo, la esfera de los derechos ciudadanos de una persona debe ser protegida, según nos explica el maestro en cita, ya que los derechos fundamentales, de un solo ciudadano incluso, no pueden decidirse ni por una mayoría aplastante que así lo reclamara, en respeto del pacto constitucional y la convivencia civil, lo que implicaría, según lo explica “un linchamiento”,  y cito:

La primera regla de todo pacto constitucional sobre la convivencia civil no es, en efecto, que se debe decidir sobre todo por  mayoría, si no que no se puede decidir,  (o no decidir) sobre todo, ni siquiera por mayoría. Ninguna mayoría puede decidir la supresión (o no decidir la protección) de una minoría o  de un solo ciudadano. En este aspecto el estado de derecho, entendido como sistema de límites sustanciales impuestos legalmente a los poderes públicos en garantía de los derechos fundamentales, se contrapone al estado absoluto, sea autocrático o democrático. [7]

Ferrajoli, nos indica cuales es la fuente de legitimación de Las Esferas de lo Decidible, señalando que ésta es el poder legislativo, que es el referido poder el encargado de establecer válidamente lo que un estado decide para sí, con las limitantes ya señaladas anteriormente, lo que implica que en el problema que nos atañe, ni dicho poder, aún apoyado en su investidura adquirida por el voto y la elección popular, ni una consulta ciudadana, ni una ocultación a mano alzada en la plaza pública, son sufrientes para ir en contra de los derechos fundamentales de una sola persona, refiriendo al respecto:

Esta fuente es evidentemente la representación política: los órganos legitimados para tales actividades –la legislación, las actividades de gobierno, las actividades administrativas auxiliares a las actividades de gobierno y por tanto confiadas a los órganos dependientes de los poderes de gobierno- son evidentemente los que toman su investidura del voto y de la elección popular. [8]

No podemos olvidar que el punto de partida del problema planteado es una reforma constitucional, llevada a su aplicación práctica en un ley reglamentaria, lo que desde mi punto de vista no genera una diferencia irreconciliable con los temas antes citados, más aún, por tratarse de aspectos del ejercicio del poder por el estado, democrático y de línea liberal según el titular del Ejecutivo Federal, como lo sugiere el maestro Ferrajoli, nos encontramos en el campo del constitucionalismo, sin embargo, dicho campo ha sido debatido desde hace mucho tiempo por el propio maestro en base a lo que él denomina las tragedias de la primera mitad del siglo pasado  (referencia del 2008).

Así es, Luigi Ferrajoli se ha dedicado a profundizar en el estudio del constitucionalismo, y  según su particular concepción nos expone:

…implica una refundación jurídica del derecho y de las instituciones políticas, futuro de las duras elecciones impartidas por las tragedias de la primera mitad del siglo pasado. [9]

Así, bajo el contexto de la discusión de un nuevo constitucionalismo, surgen o se retoman las doctrinas referentes al Territorio Inviolable de Norberto Bobbio, la concerniente al Coto Vedado de Ernesto Garzón y desde luego la que tiene que ver con las Esferas de lo Indecidible de Luigi Ferrajoli, lo que genera un elemento de actualidad de la discusión y un confortamiento válido del problema planteado, y es así, porque si incluso los paradigmas constitucionales tradicionales, enfrentan serias discusión a raíz de lo que le maestro Ferrajoli denomina “las duras lecciones impartidas por las tragedias de la primera mitad del siglo pasado”, (cita anterior), es más fácil entender que un aspecto de apariencia incongruente, esto es, en una reforma constitucional, tenga vigencia el tema y genere nueva discusión, pero sobre todo respecto de le validez o no de tales postulados.

En el mismo tenor, es reforzada la idea antes señalada, en palabras del propio Ferrajoli, a saber:

Lo que ha ocurrido es un cambio de paradigma “revolucionario” en tanto afecta, no sólo el papel del derecho y las condiciones de validez de las leyes, sino también el papel de la jurisdicción (afectando la relación juez-ley), el papel de la jurisdicción y la naturaleza de la democracia. Así, la subordinación de la ley a los principios constitucionales equivale a inducir una dimensión sustancial tanto en las condiciones de validez de las normas, como en la democracia, para la que representa un límite, a la vez que la completa. [10]

Para superar éste aspecto, referente al constitucionalismo contemporáneo (al menos en este trabajo, pues se advierte difícilmente si no imposible superable por su constante evolución), sugiero agregar en resumen, el posicionamiento de tres destacados maestros, citados por el análisis crítico de la maestra Ana Micaela Alterio, mismos que establecen un punto de vista en cuando a la validez del derecho constitucional, con el fin de lograr en las constituciones liberales, una mejor institucionalización e instrumentación de la idea democrática ideal para generar una sociedad auto gobernada, según expone, de la siguiente manera:

Con el fin de resolver esta tensión y de acuerdo a la posición que se adopte en cuanto a la legitimidad de los sistemas democráticos, serán las diferentes propuestas institucionales que se propongan. La que nos ofrece Ferrajoli, al igual que las de autores como Garzón Valdés o Dworkin, [11] son calificadas por la doctrina como parte del Modelo “Elitista” o como pertenecientes al “Constitucionalismo Fuerte”. [12] Lo común a estas posturas es que identifican a las decisiones mayoritarias como potencialmente peligrosas y dan al derecho el lugar de la “corrección”, ubicándolo como instancia externa a la política, que evita los excesos de mayorías coyunturales. Este modelo prioriza las decisiones pasadas sobre las presentes y da al Poder Judicial el papel de garante de la estabilidad de los derechos positivados en la Constitución, quien además tendrá la última palabra institucional sobre la corrección de las decisiones mayoritarias. [13]

El posicionamiento anterior, de tres importantes referentes del constitucionalismo moderno, genera aliento en cuanto a la viabilidad del planteamiento del problema que ocupa en este artículo y deja “abierta la puerta” a la posibilidad de encontrar una salida o propuesta válida, fundada y racional del problema planteado, ya que si bien el poder formal, legal y legítimamente instaurado, bajo un régimen aparentemente democrático (digo de apariencia democrática, pues el análisis en tal sentido difícilmente soportaría un examen crítico, científico y serio, sobre la base de la ausencia o deficiencia de los aspectos de equidad, libertad ciudadana, información fidedigna de los ciudadanos, medios de comunicación trabajando con total libertad, sistema libre de afiliación de militantes de partidos, pluralidad ideológica, congruencia de los mismos partidos políticos en sus propios postulados cortinales, etcétera, no se da en nuestro país), en base a la existencia de un Control Constitucional consiente de los postulados antes señalados.

Sin embargo, podemos dejar asentado que el régimen al que nuestro país aspira, al menos en expectativa, sin percibirse una voluntad real para ello de los encargados del poder formal, es el democrático, de igual forma entendiendo, que no existe en el mundo ejemplo de democracia perfecta, según sostiene Ernesto Garzón al citar a Kelsen:

Si el ideal que subyace a la democracia es lograr la completa autodeterminación de cada cual, es comprensible que las <<democracias reales>> sean siempre un intento de aproximación a este ideal (cfe. Hans Kelsen, General Theory of Law and State, Harvard University Press, Cambridge, Mass., 1949, 288). [14]

Así, se fortalece la idea de que en nuestro país, también los derechos fundamentales deben ser (valores constitucionales) la prioridad de la protección a favor de los individuos, los culas deben ser resguardados y protegidos, ante las muchas veces caprichosas decisiones de las mayorías, en muchos de los casos, colocadas en el poder de manera circunstancial y por ello, en no pocas ocasiones, cegadas por ánimos revanchistas, pero indefectiblemente, entusiasmadas en influir en el los órganos del poder público del estado, ausentes de objetividad, por adolecer de los factores antes citados, cuando su investidura debería constreñirse a valores y estándares éticos más elevados, como los de independencia, autonomía, objetividad, profesionalismo y excelencia.

Ernesto Garzón sostiene la existencia de una vinculación conceptual entre democracia representativa y el coto vedado, señalado que esa mayoría no se traduce en su dominio respecto de las minorías, se ha pronunciado dicho jurista respecto al cuestionamiento de cuáles son los referidos derechos, cuya protección alcanza el perímetro de coto vedado y al respecto señala:

Los derechos incluidos en el <<coto vedado>> son aquellos vinculados con la satisfacción de los bienes básicos, en decir que son condición necesaria para la realización de cualquier plan de vida. Estos bienes básicos pueden ser llamados también <<necesidades básicas>>, en su doble versión de naturales o derivadas… …Esto equivale a preguntarse cómo se conocen los derechos fundamentales que están incluidos en prácticamente todas las Constituciones democráticas. Si el término <<conocen>> significa tan sólo entregarse de su exigencia universalmente aceptada, una vía fácil es recurrir al catálogo de derechos humanos incluidos  en las declaraciones de la Naciones Unidas y aprobadas por todos los Estados del mundo. [15]

En el trabajo denominado El Coto Vedado Como Fuente de la Desobediencia Civil, los maestros Luis Caroca Páez y Sebastián Cabello Osorio, señalan que aún que optan por el trabajo y la denominación de coto vedado de Ernesto Garzón, existen dos similitudes trascendentes entre la referida figura y la de Las Esferas de lo Indecidible de Ferrajoli, a saber:

1.- El núcleo de los derechos. Ambos se refieren al límite de la democracia o “la regla de la mayoría”, de donde, como explicamos al comienzo de este trabajo, se constituyen los límites sustanciales de la democracia, a esto último también se refiere un acápite que reservamos específicamente para su explicación, y decir por qué consideramos que “la esfera de lo indecidible” pertenece al “coto vedado”, por lo tanto no resultan contradictorios.

2.- Principios y derechos que la democracia no puede afectar. Los derechos que están sustraídos de la decisión mayoritaria son los mismos derechos fundamentales una vez reconocidos constitucionalmente, poseyendo un carácter contra-mayoritario y legítimamente del ordenamiento jurídico. [16]

Los mismos autores, agregan una terminología más al tema en cuestión, ellos hablan de El Núcleo del Derecho, refiriéndose precisamente a los derechos fundamentales, insistiendo en su necesaria protección per se, aún en razón legitimada del poder político, su trabajo se dirige a encontrar la justificación jurídica, respecto de una revolución o rebelión, ello ante una crisis originada por los órganos del estado generada por reprimir de manera sistemática y general dicho núcleo del derecho, aspectos a los que no se dirige este trabajo, pero que resultan significativos para entender el estándar de relevancia de los referidos derechos, en base a la denodada idea de hacerlos preponderantes, buscando siempre su conservación en estado de vigencia.

Por lo anterior, considero que es en este momento en donde, para continuar los objetivos planteados en este artículo, debe surgir el cuestionamiento en el sentido de establecer, si la incorporación de una Guardia Militar en la bores de seguridad pública se traduce en un desplazamiento del derecho a las libertades de los ciudadanos en México, pues los derechos fundamentales a saber de los autores citados, conllevan una gran trascendencia e importancia, la cual ellos mismos exponen de la siguiente manera:

La base  de los derechos fundamentales es independiente de la democracia que es, en consecuencia, el límite, que nace precisamente del núcleo del derecho al cual ni aun la regla de la mayorías puede inmiscuirse, y más aun considerando que los derechos para las democracias actuales constituyen el núcleo básico donde es posible la vida en sociedad y donde solo le quepa el Estado el reconocimiento de tales derechos. Es justamente el valor imperativo de estos derechos y la acción de reconocimiento, que le da sentido inmediato al ideal de los derechos fundamentales, y que este concepto de coto vedado existe como valor justificatorio de tales entidades, toda vez que su función es excluir de toda  consideración democrática, de quien detente para sí la adhesión de las mayorías, trayendo en consecuencia de su actuar la ilegitimidad de sus  actos. [17]

El maestro Michelangelo Bovero en su trabajo titulado Que no es Decidible, Cinco Regiones del Coto Vedado, expone que es frecuente entre los estudiosos de la teoría jurídica y política recurrir a la expresión castellana de coto vedado, que como se sabe se trata de una gran investigación de Ernesto Garzón, señalando que quizá sea más correcto llamarla reinvención, pues al respecto Norberto Bobbio, antes había conceptualizado una figura con idéntica finalidad, esto es, establecer que existen aspectos constitucionales intocables o restringidos aún para las mayorías en un régimen democrático, ello, señala Bovero, fue denominado por Bobbio como territorio o frontera inviolable, debe advertirse que de nuevo se introduce al tema el aspectos relativos a la democracia, resultando pertinente agregar la definición del régimen democrático del maestro Norberto Bobbio como sigue:

Un conjunto de reglas de procedimiento para la formación de las decisiones colectivas, en el que está prevista y propiciada la más amplia participación posible de los interesados>>. [18]

Este concepto de democracia, solo se trata una base genérica, pues el propio Bobbio, expone seis reglas para un entendimiento adecuado de la democracia, por su relevancia necesarias en este trabajo, lo que justifica su incorporación, cito:

La primera regla impone una condición de igualdad como inclusión: todos los ciudadanos pasivos, sometidos a la obligación política de obedecer las normas de la colectividad, deben ser ciudadanos activos, titulares del derecho-poder de participar, en primer lugar mediante el voto electoral, en el proceso de formación   de las decisiones colectivas sin discriminaciones. La  segunda regla impone una condición de  igualdad como equivalencia: los votos de todos los ciudadanos deben tener el mismo peso,  ninguno debe contar ni más ni menos que el de cualquier otro. La tercera regla impone una condición de libertad subjetiva: la opinión política de cada uno debe poderse formar libremente, sin distorsiones condicionantes, lo que exige que al menos sea garantizado el pluralismo de los (y en los) medios de información y persuasión. La cuarta regla impone una condición de libertad objetiva: los ciudadanos deben poder elegir entre propuestas y programas electorales efectivamente diferentes entre sí, dentro de una gama de alternativas lo suficientemente amplia  como para permitir a cada uno reconocerse en una orientación  precisa, lo que exige al menos que esté permitido y protegido el pluralismo de partido, asociaciones y movimientos políticos. La quinta regla impone una condición de eficiencia de todo el proceso de decisión colectiva, desde el momento electoral hasta las deliberaciones de los órganos representativos: las decisiones deben ser tomadas en función del principio de mayoría que es una regla técnica, idónea para superar la heterogeneidad, contraste o conflicto de las opiniones particulares. La sexta última regla de la lista que estamos examinando establece que <<ninguna decisión tomada por mayoría debe limitar los derechos de la  minoría, particularmente el derecho a convertirse a su vez en mayoría en igualdad de condiciones>>. [19]

Las reglas anteriores, nos podrían dar una luz en cuanto a poder establecer el tipo de democracia que nuestro país tiene, ejercicio que resultaría muy interesante realizar, pero desde luego no en este trabajo, en el que con independencia que se pueda coincidir o no en el nivel de democracia que tenemos, si podríamos estar seguros que no es la mejor, discutir si es regular y tener duda si es la peor, sea cual sea el nivel de democracia; debemos estar ciertos si calificamos a nuestra democracia como imperfecta o deficitaria, basados en la simple literalidad de las palabras, en relación con las seis reglas antes citadas, en la referida tesitura, el maestro Ernesto Garzón, en su trabajo denominado: Algunas Consideraciones Sobre la Posibilidad de Asegurar la Vigencia del <<Coto Vedado>> a Nivel Internacional, sostiene que una democracia sin el respeto al “Coto Vedado”, se traduciría en una democracia que acentúa los privilegios de las mayorías y puede convertirse en una declaración exclusivamente retórica de una sociedad tendiente a deslizarse por un peligrosa ladera que conduce a la exclusión de la mayoría de sus miembros, resultando más grande el referido riesgo tratándose de democracias imperfectas como es la que corresponde a nuestro país, según refiere el propio Ernesto Garzón y cito:

Las llamadas <<democracias imperfectas>> o <<deficitarias>> están, en buena medida, caracterizadas por la falta de vigencia de los valores y derechos  contenidos en el respectivo <<coto vedado >> constitucional. Su problema no reside tanto en la falta de un <<coto vedado >> cuando en su ineficiencia. Si ello es así, entonces el problema de las <<democracias imperfectas>> no se soluciona por la vía de una reforma constitucional sino tomando en serio sus constituciones y los imperativos legislativos de sus <<cotos vedados >>. [20]

El maestro estadunidense Ronald Dworking, realiza una calificación extrema quizá, pues asegura que el legislador que restrinja una libertad, como la de expresión, debe considerarse como un ladrón, lo que deja claro el nivel de los referidos derechos fundamentales, que evidentemente la doctrina como la antes analizada defienden con férrea argumentación, por ello dejo para el final de este tema las palabras del maestro Dworking, que señala:

La Constitución ha de independizarse de modo que imponga un deber jurídico al Congreso de, por ejemplo, no aprobar leyes que restrinjan la libertad de expresión pero no ha de interpretarse de manera que sustraiga el poder jurídico del Congreso de hacer válidamente una ley de este tipo si infringe su deber. Desde este punto de vista, el Congreso se halla en posición jurídica de un ladrón que tiene el deber jurídico de no vender bienes robados. [21]

Por lo anterior, me permito desarrollar dos teorías de análisis inexcusable en esta investigación, a saber:

 

III.- PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL.

 

El análisis señalado, parte de la clasificación que generosamente expone el maestro Jaime Cárdenas Garcia, respecto de los principios, de donde en este trabajo se toma su denominación, realizando el debido reconocimiento de autoría, en los términos más amplios que académicamente proceda, exponiendo el maestro en la clarificación señalada, lo siguiente:

Los principios suelen clasificarse en los siguientes tipos:

  • Principios fundamentales del ordenamiento. Se denomina así a los valores ético políticos que formaran el ordenamiento y que le dan fundamento o justificación. Ejemplos: el principio de constitucionalidad, el principio de igualdad, de soberanía popular, de irretroactividad de las leyes, el principio de conservación de los actos, el de certeza, etcétera.
  • Principios de un sector de la disciplina jurídica. Informan una institución particular o un sector de una disciplina jurídica (autonomía privada, debido proceso, dispositivo, principio del favor rei, y principio in dubio pro operario, etcétera). [22]

 

IV.- PRINCIPIO DE IGUALDAD ANTE LA LEY.

 

El principio de igualdad ante la ley, para el Maestro Luigi Ferrajoli alcanza el rango de derecho fundamental, así lo expone en su libro Derechos y Garantías, la Ley del Más Débil, en donde nos ilustra con las cuatro tesis que en materia de derechos fundamentales el ubica, siendo la primera la que remite a la radical diferencia de estructura entre los derechos fundamentales y los derechos patrimoniales, una segunda tesis (que es la que aquí nos ocupa) materializa el principio de igualdad jurídica, pasando a dos criterios más, el que se refiere a la actual naturaleza supranacional de los derechos fundamentales y la última y cuarta tesis, que identifica como la más importante y que se plantea en cuanto a las relaciones entre los derechos y sus garantías, atendiendo en este aspecto solo en la segunda citada por corresponder al tema en estudio y cuya idea se agrega en forma literal como sigue:

La segunda tesis es que los derechos fundamentales, al corresponder a intereses y expectativas de todos, forman el fundamento y el parámetro de la igualdad jurídica. [23]

Las consideraciones anteriores, nos llevan necesariamente a pensar en la desigualdad que pudiera estar provocando, en cuanto a la calidad de ciudadanos o personas con capacidad de obrar, entre los ciudadanos en México y los militares encargados ahora de velar por nuestra seguridad en las calles como cualquier policía civil, resulta claro advertir que su formación castrense nos colocará en una serie de situaciones y reacciones aún no dimensionadas y de riesgo constante, quizá menor que el que ya vivimos con motivo de la insostenible inseguridad actual, cuando la tendencia mundial se advertirte progresiva en cuanto a las igualdades y libertades ciudadanas, agregando a la letra la aportación del maestro Ferrajoli y cito:

En la actualidad, después de que también la capacidad de obrar se ha extendido ya a todos, con las solas excepciones de los menores y los enfermos mentales, la desigualdad pasa esencialmente a través del molde estatista de la ciudadanía, cuya definición con fundamento en pertenencias nacionales y territoriales representa la última gran limitación normativa del principio de igualdad jurídica. En suma, lo que ha cambiado con el progreso del derecho, aparte de las garantías ofrecida por las codificaciones, no son los criterios -personalidad, capacidad de obra y ciudadanía- conforme a los cuales se atribuyen los  derechos fundamentales, sino únicamente su significado, primero restringido y fuertemente discriminatorio, después cada vez entendido y tendencialmente universal. [24]

 

V.- POSICIONAMIENTO JURÍDICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

 

Está claro que los razonamiento planteados en los dos numerales anteriores, resultan significativos por su profundidad doctrinaria, que en la mayoría de las veces alcanza la positividad jurídica, sin embargo, las figuras aportadas como la de Valores Fundamentales de Otto Bachof, los postulados sobre Las Normas Fundamentales Dentro de La Constitución de Diego Valdez, la brillante exposición sobre Principios Básicos de la Constitución que refiere Ignacio Burgoa, o los Principios de la Conciencia Histórica del País a que hace alusión Flipe Tena Ramirez, sin olvidar los postulados sobre Principios de Importancia y Trascendencia de la Constitución que brillantemente expone el maestro Ramón Sanchez Medal, así como la brillante aportación de Carl Schmitt sobre Decisiones Políticas Fundamentales y su aportación al establecer una diferencia del texto constitucional entre Constitución propiamente dicha y leyes constitucionales, y los relevantes postulados, respecto de las figuras doctrinas del Territorio Inviolable de Norberto Bobbio, Coto Vedado de Ernesto Garzón y la Esfera de lo Indecidible de Luigi Ferrajoli, perdería su valor pragmático, si quien controla y determina la positividad de todos los aspectos constitucionales en nuestro país y sistema legal no dilucidara éstos aspectos, pues si en el caso que nos ocupa, la doctrina y en el derecho positivos, se analizan dentro del mismo universo del conocimiento, pero ubicados en dimensiones paralelas ajenas inconcurrentes, lo cierto es, que la primera podría genera razonamientos que aportará soluciones al segundo, pero ello, generaría un camino evidentemente más largo para lograr dicho fin, sin la coincidencia o por lo menos el reconocimiento de dichas teorías en el derecho positivisado, por lo que no se podría medianamente completar la investigación sobre el tema en desarrollo, sin acudir a lo que al respecto ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

 

En base a lo anterior, resultando trascendental agregar los siguientes criterios, mismos que ilustran los posicionamientos existentes al respecto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en primer lugar respecto a que, efectivamente, sería posible, jurídica y constitucionalmente, que el estado constitucional prevea medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales, entendiendo como reglas constitucionales, exclusivamente las de carácter adjetivo, es decir, las que regulan el proceso legislativo para dar lugar a la reforma o adición, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aparentemente “echa por tierra” el pensamiento de Bachof, González Small, Carl Schmitt, Manuel Martinez Sospenda, Ignacio Burgoa, Norberto Bobbio, Ernesto Garzón y Luigi Ferrajoli dándole la razón a la idea del maestro Felipe Tena Ramirez en cuanto a la Tesis de la Ilimitabilidad de las Atribuciones del Poder Reformador, criterio que agrego a la letra como sigue:

PODER REFORMADOR DE LA CONSTITUCIÓN. EL PROCEDIMIENTO REFORMATORIO RELATIVO EMANADO DE ESTE ÓRGANO CON FACULTADES LIMITADAS, ES SUSCEPTIBLE DE CONTROL CONSTITUCIONAL. No puede identificarse al Poder Reformador de la Constitución con el Poder Constituyente, debido a que la propia Norma Fundamental establece ciertos límites al primero, los cuales deben cumplirse para respetar el principio jurídico de supremacía constitucional, pues de lo contrario se daría prevalencia únicamente al principio político de soberanía popular -los mencionados principios deben coexistir siempre que se asocien adecuadamente con los momentos históricos y con el tipo de ejercicio que se trate-. El Poder Constituyente, soberano, ilimitado, no puede quedar encerrado dentro del ordenamiento constitucional. La historia ha demostrado que todos los intentos de organización jurídica del Poder Constituyente, en el mejor de los casos, han servido sólo para privar al pueblo de sus facultades soberanas, a favor de otras instancias u otros órganos estatales. Se considera que ese poder ilimitado se ejerce, de acuerdo con su propia naturaleza, como fuerza externa al sistema, por lo que siempre y en todo momento podrá reformar a la Constitución existente o establecer una nueva, pero su actuación no podrá explicarse en términos jurídicos, sino por las vías de hecho, esto es, mediante un proceso revolucionario. En cambio, ningún poder constituido puede extraerse de la órbita en que la Constitución sitúa su esfera de competencias; por ello es que resulta inaceptable la pretensión de convertir al Poder Constituyente en el Poder Reformador -ordenado y regulado en la Constitución- como la aspiración contraria de hacer del Poder de Revisión un auténtico y soberano Poder Constituyente. El Poder Reformador es un órgano regulado y ordenado en el texto constitucional, pues es en él donde se basa su competencia. Aun cuando se acepte que la competencia para reformar la Constitución no es una competencia normal, sino una facultad extraordinaria o, si se quiere, una “competencia de competencias”, ello no implica que se identifique, sin más, la facultad extraordinaria con el Poder Soberano. Claramente se trata de conceptos que no son idénticos, pues el Poder de Revisión nunca podrá tener otro fundamento que no sea la propia Constitución; de manera contraria, el Poder Constituyente, como poder soberano, es previo e independiente del ordenamiento. En consecuencia, es claro que solamente considerando al Poder Reformador como un poder constituido y limitado, la estructura de la organización constitucional democrática mantiene su coherencia y cobra sentido el principio jurídico de supremacía constitucional, ya que así ningún poder organizado y regulado por la Constitución puede ubicarse encima de ella. Sólo de este modo puede hablarse propiamente de una capacidad de la norma fundamental para controlar sus propios procesos de transformación. Con ello, la Constitución se presenta como auténtica lex superior y la reforma constitucional puede interpretarse como una verdadera operación jurídica. De todo lo anterior se concluye que si el Poder Reformador es un órgano complejo limitado y sujeto necesariamente a las normas de competencia establecidas en el texto constitucional, entonces es jurídica y constitucionalmente posible admitir que un Estado Constitucional debe prever medios de control sobre aquellos actos reformatorios que se aparten de las reglas constitucionales. Es decir, derivado de una interpretación del artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, cabe la posibilidad de ejercer medios de control constitucional contra la eventual actuación violatoria de las normas del procedimiento reformatorio. [25]

En cuanto al tema relativo a la existencia de principios o valores jerárquicamente más relevantes de la Constitución o lo que Manuel Martinez Sospenda refería como superfundamentalidad y Carl Schmitt como la Constitución, planteándonos si en el caso de nuestro país tal distinción existe en el concierto jurídico positivo y no solo en interpretaciones doctrinales, encontrando al respecto que la respuesta es un rotundo no, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha resuelto que: “De conformidad con el artículo 133 de la Constitución de la República todos sus preceptos son de igual jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los demás”, según la siguiente ejecutoria:

CONSTITUCION, TODAS SUS NORMAS TIENEN LA MISMA JERARQUIA Y NINGUNA DE ELLAS PUEDE DECLARARSE INCONSTITUCIONAL. De conformidad con el artículo 133 de la Constitución de la República todos sus preceptos son de igual jerarquía y ninguno de ellos prevalece sobre los demás, por lo que no puede aceptarse que algunas de sus normas no deban observarse por ser contrarias a lo dispuesto por otras. De ahí que ninguna de sus disposiciones pueda ser considerada inconstitucional. Por otro lado, la Constitución únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con los procedimientos que ella misma establece. [26]

Reitera la posición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a la igualdad jerárquica de los principios constitucionales en México, el criterio siguiente, agregando que, por tal motivo, ninguna reforma del Congreso de la Unión adolecen de inconstitucionalidad, lo que parecería resuelve totalmente los aspectos analizados con antelación, desde el punto de vista del derecho positivo del país, para los que piensan en que es posible que las normas constitucionales pueden ser inconstitucionales, al menos en base a los referidos criterios, el “litigio” está perdido, permitiendo agregar a la letra el miso de la siguiente manera:

CONSTITUCION FEDERAL. SUS ESTATUTOS NO PUEDEN SER CONTRADICTORIOS ENTRE SI. Las reformas a los artículos 49 y 131 de la Constitución, efectuadas por el Congreso de la Unión, no adolecen de inconstitucionalidad, ya que jurídicamente la Carta Magna no tiene ni puede tener contradicciones, de tal manera que, siendo todos sus preceptos de igual jerarquía, ninguno de ellos prevalece sobre los demás; por lo que no se puede decir que algunos de sus estatutos no deban observarse por ser contrarios a lo dispuesto por otros. La Constitución es la norma fundamental que unifica y da validez a todas las demás normas que constituyen un orden jurídico determinado y conforme a su artículo 133, la Constitución no puede ser inconstitucional; es un postulado sin el cual no se podría hablar de orden jurídico positivo, porque es precisamente la Carta Fundamental la que unifica la pluralidad de normas que componen el derecho positivo de un Estado. Además, siendo “la Ley Suprema de toda la Unión”, únicamente puede ser modificada o adicionada de acuerdo con las disposiciones de la misma que en el derecho mexicano se contienen en el artículo 135 constitucional, y únicamente por conducto de un órgano especialmente calificado pueden realizarse las modificaciones o adiciones, y por exclusión, ningún otro medio de defensa legal como el juicio de amparo es apto para modificarla. [27]

Ahora bien, el criterio siguiente pareciera resultar definitivo en sentido negativo, para quienes buscan un sustento legal que permita la impugnación de una norma constitucional que tildan de ser contraria a las Esferas de lo Indecidible, agrego:

PODER CONSTITUYENTE DE LA NACION. En él radica la facultad suprema de modificar las leyes y las instituciones, sin más límites que los que fijan el interés nacional, la civilización y los derechos naturales del hombre. [28]

Sin embargo, la redacción del criterio señalado expone una premisa principal que plantean tres caso de excepción, cuando sanciona que “En el poder legislativo radica la facultad suprema de modificar las leyes y las instituciones…”, establecido posteriormente su límite o casos de excepción, que corresponden: “…sin más límites que los que fijan el interés nacional, la civilización y los derechos naturales del hombre” , por ello es correcto afirmar, que desde la quinta época, año de 1918, en los albores del México con objetivos de institucionalizarse, se había sentado importantísimo precedente por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo la voz: PODER CONSTITUYENTE DE LA NACION, patentizando la existencia de valores superiores al poder legislativo y desestimando la omnipotencia que algunos autores critican, al establecer tres situaciones a respetar, cito: “el interés nacional, la civilización y los derechos naturales del hombre”, lo que permite sostener que el caso concreto de la incorporación de un cuerpo de seguridad nacional con raciocinio y formación militar genera un contrasentido jurisprudencial y constitucional a saber la tesis antes expuesta, pues sin duda atenta contra los derechos del hombre por más que pueda acarrear beneficios, los riesgo de que se vean coartadas las libertades pareciera una mala apuesta.

Expuesto lo anterior, arribo a las siguientes conclusiones:

 

 

VI.- CONCLUSIONES

 

  • El mecanismo constitucional se encuentra en serio riesgo por la clara ceguera de una mayoría que ha abandonado la importancia de las libertades consagradas en el núcleo constitucional, en arras de encontrar una seguridad perdida por la degradación de las autoridades que deberían garantizarla, entendiendo que dichas autoridad son igualmente responsables si propiciaron las causas de inseguridad o si generada ésta no lograron contenerla, enfrentamos un nuevo peligro.
  • El cumulo de opiniones doctrinales aportadas, nos han dejado claro que la constitución nunca debería verse afectada en su núcleo, que ni a la mayoría le está permitido hacerlo, que la mayoría no debería dejar de atender a los que consideramos que la Guardia Nacional representa un “caldo de cultivo” para la limitación de libertades y que el riesgo de su implementación y entrada en vigor se traducirá en una “solución contraproducente”.
  • Está claro que ahora son pocos los que escuchan y analizan con frialdad el aspecto jurídico constitucional, espero que las dos partes de éste articulo apoyen en el análisis jurídico indispensable para encontrar respuestas, la Suprema Corte en la Sétima Época lo entendió y lo puso por escrito en el pronunciamiento citado en este trabajo, no se espera que exista ningún pronunciamiento en contrario por dicho órgano de control, el más importante en jerarquía para pronunciarse.

Pareciéramos a merced del poder de quien una y otra vez nos refiere sus niveles preferencia para hacer prevalecer su forma de pensar, siempre citando al pueblo para justificar cualquier acción, insultando cualquier inteligencia al realzar sus consultas, ni el poder legislativo ni el judicial generan un contrapeso, son entonces éstos posicionamientos académicos los que deben de generar reflexiones y luces al respecto, por ello respetuosamente invito a la constante reflexión sobre el tema, al planteamiento de soluciones reales y el seguimiento constante de los fenómenos jurídicos que se presentaran en cuanto inicie operaciones la nueva fuerza de seguridad, “el fin nunca justificará los medios”.

Expongo finalmente en esta parte de la investigación la siguiente:

 

VII.- BIBLIOGRAFÍA

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

 

ALTERIO, ANA MICAELA. La “Esfera de lo Indecidible” en el Constitucionalismo de Luigi Ferrajoli: Análisis crítico, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, n°13, enero 2011, ISSN 1698-7950.

 

BOBBIO, NORBERTO; La Regla de la Mayoría: Límites y Aporías. Ágora. 1998 (8). ISSN 0328-3623.

 

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FUENTES HEMEROGRÁFICAS Y/O DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS:

 

 

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FUENTES JURISPRUDENCIALES

 

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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo III, Registro 290406, Consultada el 6 de mayo de 2019

Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a diciembre de 2015 (antes IUS), México 2016.

 

[1] FERRAJOLI LUIGI, La Esfera de lo Indecidible y la División de Poderes, 2008, Santiago de Chile, consultado en http/www.redalyc.org/articulo.oa?id=82060116 el 25 de abril de 2017.

 

[2] FERRAJOLI LUIGI, Derecho y Razón, editorial Trotta, S.A., 1995, Madrid, Pag. 858.

 

[3] CÁRDENAS GARCIA JAIME, Los Principios y su Impacto en la Interpretación Constitucional y Judicial, Modulo: Interpretación Político Jurídica de Normas y Principios; Instituto Federal Electoral, Editorial: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, México, 2004; Pag. 112.

 

[4] BOBBIO, NORBERTO; La Regla de la Mayoría: Límites y Aporías. Ágora. 1998 (8). ISSN 0328-3623. Pag. 254

 

[5] Ibíd. Pág. 269-270.

 

[6] FERRAJOLI LUIGI, Derecho y Razón, editorial Trotta, S.A., 1995, Madrid, Pag. 860.

 

[7] Ibíd. Pág. 859.

 

[8] FERRAJOLI LUIGI, La Esfera de lo Indecidible y la División de Poderes, 2008, Santiago de Chile, consultado en http/www.redalyc.org/articulo.oa?id=82060116, 19 de abril de 2017.

 

[9] FERRAJOLI, LUIGI. Democracia y Garantismo, Ed. De M. Carbonell, Trotta, Madrid, 2008, p. 304.

 

[10] FERRAJOLI, LUIGI. Pasado y Futuro del Estado de Derecho, Ed. De M. Carbonell, Neoconstitucionalismo, Trotta, Madrid, 2003, p. 19.

 

[11] DWORKIN, RONALD. La Democracias Posible, Paidós, Barcelona, 2008. Pag 213.

 

[12] SALAZAR, UGARTE. P. La Democracia Constitucional. Una radiografía teórica. Pag 91.

 

[13] ALTERIO, ANA MICAELA. La “Esfera de lo Indecidible” en el Constitucionalismo de Luigi Ferrajoli: Análisis crítico, Universitas. Revista de Filosofía, Derecho y Política, n°13, enero 2011, ISSN 1698-7950, pp. 26-28.

 

[14] GARZÓN VALDÉS, ERNESTO. Algo más Acerca del <<Coto Vedado>> consultado en https://rua.au.es/dspace/bitstrem/10045/10845/Doxa6_12.psf. 16 de abril del 2017. Pág. 5.

 

[15] Ibíd. Pág. 12

 

[16] CAROLA, PÁEZ LUIS Y CABELLO OSORIO SEBASTIÁN. El Coto Vedado  como Fundamento de la Desobediencia Civil., consultado en http:/www.derechoyhumanidades.uchile.cl/index.php/RDH/article/viewFile/19465/20625, 17 de abril de 2017. Pág. 11

 

[17] Ibíd. Pág. 13.

 

[18] BOBBIO, NORBERTO. El Futuro de la Democracia, Fondo de Cultura Económica, México 1996, Pag. 18.

 

[19] BOBBIO, NORBERTO. Teoría General de la Política, Madrid: Trotta, 2005, pag.460

 

[20] GARZÓN VALDÉS, ERNESTO. Algunas Consideraciones Sobre la Posibilidad de Asegurar la Vigencia del <<Coto Vedado>> a Nivel internacional, consultado en http://e-archivo.uc3m.4es/biststream/handle/10016/37136/DyL-2003-VII-12-Garzon.,pdf, 15 de abril de 2017. Pag. 18

 

[21] RONALD DWORKIN. “Los Derechos en Serio” (Talking Rights Seriously), Duckworth, Londres, 1977, pag.142.

 

[22] CÁRDENAS GARCIA JAIME, Los Principios y su Impacto en la Interpretación Constitucional y Judicial, Modulo: Interpretación Político Jurídica de Normas y Principios; Instituto Federal Electoral, Editorial: Dirección Ejecutiva del Servicio Profesional Electoral, México, 2004; Pag. 122.

 

[23] FERRAJOLI LUIGI, Derechos y Garantías. La Ley del Más Débil, Editorial Trota, 4ª Edición, S.E., S.L. Madrid, 2004, Pág. 42.

 

[24] Ibíd. Pág. 41.

 

[25] Tesis P. LXXV/2009, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. Tomo XXX Diciembre de 2009,  Registro 165713, Consultada el 6 de mayo del 2019

https://suprema-corte.vlex.com.mx/vid/tesis-jurisprudencial-pleno-aislada-76381579

 

[26] Tesis P. XXXIX/90, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Tomo V Septiembre de 1990, Página: 17, Registro 205882, Consultada el 6 de mayo de 2019

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=205882&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0

 

 

[27] Semanario Judicial de La Federación y su Gaceta, Séptima Época, Volumen 39, Informe 1972, Página 22, Registro 233476, , Consultada el 6 de mayo de 2019

https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?ID=233476&Clase=DetalleTesisBL&Semanario=0

 

[28] Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Quinta Época, Tomo III, Registro 290406, Consultada el 6 de mayo de 2019

Sistematización de Tesis y Ejecutorias Publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a diciembre de 2015 (antes IUS), México 2016.

 

]]> INVESTIGACIÓN JURÍDICA- GUARDIA NACIONAL I https://montanezyasociados.com.mx/inv-jud-guardia-nacional-1/ Tue, 27 Aug 2019 21:13:02 +0000 http://montanezyasociados.com.mx/2019/?p=635  

GUARDIA NACIONAL

EL RIESGO DE REFORMAS A LA CONSTITUCIÓN QUE PUDIERAN SER INCONGRUENTES A SUS PRINCIPIOS ORIGINALES

 

PRIMERA PARTE

 

Roberto MONTAÑEZ PÉREZ

 

SUMARIO: I. INTRODUCCIÓN. II. TEORÍA DE LOS VALORES SUPREMOS DE LA CONSTITUCIÓN. III. TEORÍA DE LA ILIMITABILIDAD DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER REFORMADOR. IV. CONCLUSIONES PRELIMINARES. V. BIBLIOGRAFÍA.

 

RESUMEN: Se afirma que la norma agregada a la Constitución mediante la reforma de alguna sus disposiciones, por la adición o incorporación de un precepto o la extinción de otro al ser derogado, o la incorporación de nuevas disposiciones tendientes a un solo aspecto del contrato social, como el de seguridad, concretamente la creación de la Guardia Nacional, es propensa a ser resultado del error atribuible al personal humano que integra el poder legislativo, en virtud a la intrínseca condición humana denominada falibilidad, de ahí el riesgo de crear normas constitucionales materialmente erróneas por conflictuales con las propias disposiciones o principios constitucionales prexistentes, por lo tanto el propósito inicial de este estudio será responde la siguientes interrogante ¿La creación de la Guardia Nacional en los términos de la propuesta del Ejecutivo Federal trastoca los principios de libertad y seguridad jurídica sustentados por la Constitución?, la respuesta deberá provenir del derecho constitucional positivisado, interpretado y desarrollado en la doctrina relacionada, y con la falibilidad humana, potencializada por el elemento de la sobrecarga de reformas y solo desde el punto de vista material y no del procedimiento formal de creación de la norma constitucional. No nos haremos cargo de aspectos diversos que pudieran viciar la función legislativa, pues ello nos desviaría a otras ramas de la investigación, como lo es el constitucionalismo en su forma, la sociológica, ética, filosofía del derecho o aspectos relacionados con el ejercicio del poder, es decir, la política.

 

Palabras clave: guardia Nacional 1, constitución 2, inconstitucionalidad 3, principios constitucionales 4, esferas de lo Indecidible 5, falibilidad humana 6,  reforma constitucional 7, valor supremo de la constitución 8, núcleo constitucional 9, valores preexistentes de la constitución 10, poder constituyente 11, ilimitabilidad  de atribuciones del constituyente 12.

 

  1. INTRODUCCIÓN

 

El procedimiento legislativo correctamente implementado desde su aspecto formal y material, es el que genera y da legitimidad a la ley en nuestro país, la implementación de éste es facultad del poder legislativo, en quien se deposita la soberanía que el pueblo le confiere para que en su beneficio establezca el marco constitucional aplicable; precisando que ésta aportación solo se plantea desde el punto de vista del nacimiento de la norma constitucional en cuanto a su aspecto material y no del formal, el objetivo de esta investigación se dirige a encontrar una respuesta a la interrogante siguiente ¿La creación de la Guardia Nacional en los términos de la propuesta del Ejecutivo Federal trastoca los principios de libertad y seguridad jurídica sustentados por la Constitución?

La innegable falibilidad humana en combinación con el importante número de reformas a la Constitución, que sexenio a sexenio se presentan en nuestro país agudizan el problema y aumentan las posibilidades de riesgo, Hector Fix-Zamudio realiza un pronunciamiento sobre dicho aspecto, es decir, respecto de la gran cantidad de cambios a la Constitución, especialmente los suscitados al final del siglo XX, tendencia que ha aumentado considerablemente en los inicios del siglo XXI; y que ahora bajo la presidencia de Andres Manuel López Obrador se advierte una nueva “oleada” de ellas, cito al maestro  Fix-Zamudio:

Debido a esa multitud de cambio y adicciones resulta difícil apreciar y entender nuestra Constitución Federal vigente en los últimos años del siglo XX. Es indudable que, desde el punto de vista de la técnica jurídica legislativa, su texto deja mucho que desear. [1]

Agrega el propio maestro en diversa parte de su libro:

Entre nuestros constitucionalistas existe consenso en el sentido de que numerosas reformas constitucionales, que a veces han sido sucesivas para sustituir o corregir modificaciones anteriores, han sufrido de graves errores técnicos y en ocasiones, inclusive, de defectos notorios, todos lo cual ha complicado la comprensión y aplicación de nuestro texto constitucional. [2]

Sobre el gran número de reformas, de igual forma se pronuncia el maestro Enrique Urbina Arzate, aunque agregando un ingrediente más como lo es, lo que refiere como Derechos de Papel, en su trabajo titulado Notas para la Reconstrucción Epistemológica de la Constitución en la Globalización, exponiendo a la letra su argumento:

México rebasa las 500 (actualmente más de 650) reformas y los temas que afloran constantemente, hacen necesario plantear de inmediato la reforma constitucional, como si de la ilusión de los tópicos en cuestión dependiera su acatamiento o consecución. Lamentablemente no es así. En 2011 se incluyó a los derechos humanos en el lenguaje jurídico del artículo primero de la Carta Magna y la violación de los referidos derechos, siguiente siendo la asignatura pendiente del Estado Mexicano. Nos hemos atrevido a llamar “derechos de papel”, a los derechos humanos incluso incorporados al texto constitucional, pues su sola inclusión en un texto de tal significado, no garantiza su disfrute. [3]

El importante número de reformas a la Constitución, ha aumentado de manera significativa en cada periodo presidencial, para algunos como el maestro Eduardo Urbina Arzate, muchas reforma no implican necesariamente el disfrute garantizado de mejores derechos e incluso señala son Derechos de Papel, para otros como el Doctor Hector Felipe Fix-Fierro existen importantes modificaciones, en las últimas tres décadas que no han sido solo cuantitativas sino cualitativas, aportándonos lo siguiente:

Los cambios constitucionales de las últimas tres décadas no han sido sólo cuantitativos, sino cualitativos. En términos generales han apuntado al fortalecimiento de los poderes legislativo y judicial frente al poder ejecutivo federal, de los derechos de los ciudadanos y de los medios para su defensa, así como de los mecanismos para la rendición de cuentas del gobierno y de responsabilidad de los servidores públicos, aunque de manera todavía insuficiente e incompleta. En lo particular, la Constitución se ha reformado de manera importante en las siguientes materias: -Control de la constitucionalidad de las leyes; -Autonomía de gobierno y administración de los municipios; -Sistema electoral y respectivo (federal y local); -Derechos fundamentales, tanto individuales como sociales, y sus medios de protección; -Derechos y autonomía de los pueblos indígenas; -Propiedad y justicia agraria; -Trasparencia y acceso a la información pública gubernamental; -Sistemas de justicia penal y seguridad pública; -Presupuesto y control de gasto público; -Relaciones del Estado con las iglesias y las comunidades religiosas. En el marco de estas reformas se han introducido nuevas instituciones y se han reformado de manera profunda las existentes; -Creación de los “organismos constitucionales autónomos”, como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (1992-1999), el Banco de México  (1993), el Instituto Federal Electoral (1996-2007), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2005), el Instituto Nacional para la Evaluación, la Comisión Federal de Competencia y el Instituto Federal de Teleco-comunicaciones (2013); -Nueva composición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Ampliación y especialización de sus facultades de control constitucional (1987-1994-1996-1999); -Creación del consejo de la judicatura Federal como órgano de gobierno y administración del Poder Judicial de la Federación (1995-1999); -Creación de la Auditoria Suprema de la Federación como órgano de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión con autonomía técnica para la fiscalización y evaluación del desempeño de las autoridades públicas (1999-2007).; Creación de la jurisdicción electoral federal (1987-1990-1993-1996-2007).; Creación de los tribunales agrarios (1992).; Creación de una jurisprudencia especializada para menores (2005); -Reconocimiento constitucional de los organismos de trasparencia y acceso a la información pública gubernamental (2007). [4]

Se piense en Derechos de Papel o en Verdaderos Cambios Significativos y Creación de Organismo Autónomos Necesarios como resultado de las reformas, adiciones o modificaciones al texto constitucional, lo no discutible estriba en el incremento exponencial en el número de reformas, perece que ahora bajo la presidencia de Andres Manuel Lopez Obrador es “borrón y cuenta nueva” lo que necesariamente genera el aumento de posibilidades de cometer errores en su promulgación, no solo en aspectos meramente gramaticales, de sintaxis, de terminología jurídica en desuso, o superada por coexistir preceptos de hace cien años con otros con días de vigencia, me refiero a errores que pueden ser de fondo y generar contrasentidos en la propia Constitución, por lo que se considera necesario en este momento determinar si efectivamente el número de reformas se ha incrementado, para determinar una tendencia, mediante una simple observación del registro oficial de las mismas, con la finalidad de tener una idea clara de la magnitud del problema y si la posibilidad de errar, se mantiene en los mismos márgenes de hace cien años o si en las épocas actuales su nivel de probabilidades ha aumentado.

Un análisis meramente aritmético de las reformas constitucionales desde el primer periodo presidencial en el que solo se reformó en ocho ocasiones la Constitución, al periodo anterior en donde se reformó en ciento cincuenta y cuatro veces la Constitución [5], incluso respecto de algunos artículos en tres y hasta en cuatro ocasiones, no nos deja duda en cuanto a la urgente necesidad de encontrar mecanismos idóneos de control que impidan incongruencias constitucionales internas, ocasionadas por la cada vez más grande probabilidad de cometer errores ante el “alud” de reformas que se han suscitado en los más resientes periodos presidenciales; entre más reformas más posibilidades de cometer errores.

La finalidad de toda Constitución es lograr que los constituidos en ella permanezcan unidos por la convicción del respeto a sus principios, como lo serían todas las libertades y garantías de seguridad, los cuales han de ser conformes o armónicos entre sí, incluyendo las nuevas disposiciones que sean adoptadas, de ahí la pregunta: ¿La creación de la Guardia Nacional en la forma propuesta por el Ejecutivo Federal sería contraria a los principios constitucionales preestablecidos?, resulta válido cuestionarse dicho aspecto, además de indagar sobre los mecanismos a implementar ante la posibilidad de que, por errores legislativos, en este caso, potencializado por el factor de sobrecarga de dicha función, se vulneraran los principios que ya se encuentran incluidos en la Constitución por ser originalmente adoptados, es decir, que a la hora de generarse una reforma o adición a la Constitución se adicionen, por error, disposiciones que eventualmente pudieran no armonizar con las ya existentes, rebasando las Esferas de lo Indecidible a que se refiere el maestro Luiggi Ferrajoly.

Las respuestas deberán generarse en la medida que nos adentramos al estudio de este tema, quizá lo que ocurra es que surjan nuevos cuestionamientos, o finalmente, la convicción en el sentido de que el poder constituyente (diputados y senadores) es infalible y lo sería en el asunto de la Guardia Nacional, a grado tal que podamos afirmar que una reforma como esa, por el hehcho de haberse producido mediante la implementación de un perfecto procedimiento formal constitucional no adolece de falla alguna.

Habré de sostener que el tema es importante, pues la incorporación a la seguridad de la nación de un sistema militarizado, no solo en la praxis, sino en su esfera jurídica constitucional, puede contrariar no solo los principios de libertades existentes en nuestra Constitución, sino además nuestras Garantáis de Seguridad Jurídica, como las de Debido Proceso y Legalidad, pues el actuar de los “policías militares” tendrán repercusión directa en todas las personas en este país, no solo en los que transgredan la ley, sino cualquier persona en aras del respecto al bando de buen gobierno y paz, no exclusivamente para enfrentar un presunto delincuente, sino también para garantizar la armonía social, sin la formación o preparación idónea para ello.

Habremos de preguntarnos: ¿Es posible que las reformas o adiciones constitucionales rebasando las Esferas de lo Indecidible sean inconstitucionales?, tal cuestionamiento pareciera un contrasentido, sin embargo, no es así, al efecto, es necesario analizar las diversas teorías, los conceptos de Constitucionalidad e Inconstitucionalidad y de igual forma los términos Exequibilidad e Inexequibilidad, en éste último de los casos, es necesario acudir al Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, que toma las palabras del maestro Hernán Alejandro Olano García y define la referida figura de la Exequibilidad e Inexequibilidad, como sigue:

“El principio normativo conservacionista o de la conservación del derecho o legalidad otorga esta preferencia a los planteamientos que ayudan a obtener la máxima eficacia a las normas constitucionales, en función de las relaciones sociales y la voluntad de la Constitución, también se le conoce como “principio hermenéutico de la interpretación del derecho” y consiste en que la Corte Constitucional, no puede excluir una norma legal del ordenamiento jurídico, por la vía de la declaración de la Inexequibilidad, cuando existe por lo menos, una interpretación a la misma que se aviene con el texto constitucional. De ser así, dice Edgar Solano Gonzalez (Sentencias manipulativas e interpretativas y respeto a la democracia en Colombia, 2000)…el juez de la carta, se encuentra obligado a declarar la exequibilidad de la norma legal condicionada a que esta sea atendida de acuerdo con la interpretación que se concilie con el estatuto superior.”  [6]

De lo anterior, podemos colegir que en la interpretación de la norma constitucional se presentan dos supuestos: el primero respecto de leyes secundarias por ser contrarias a la Constitución o sus principios (constitucionalidad o inconstitucionalidad, que no es el tema de investigación en este trabajo), y el segundo, el que conllevaría la necesidad de expulsar de la carta magna una norma Constitucional, por no existir en aquella, por lo menos, una interpretación a la misma que sea compatible con la “Esfera de lo Indecidible”.

Me permitió profundizar en ésta problemática, ponderando que en el caso concreto el debate jurídico y parlamentario de la incorporación o no de la Guardia Nacional al sistema de seguridad del país, se ha inclinado a favor de la mayoría de un grupo político dominante en ambas cámaras legislativas.

Además es importante el tema para los estudiosos de la materia constitucional y de amparo, pues es posible que los fines y propósitos de la incorporación de la Guardia Nacional genuinamente impulsados en cuanto al objetivo de lograr la paz y estabilidad social, se encuentren en riesgo, de trastocarse libertades y garantías de seguridad jurídica preexistentes,  de ahí la necesidad de éste análisis, es necesario elevar la discusión en tal sentido, para quedar tranquilos con la certeza que da el actuar infalible, de ser el caso, del órgano legislativo y de los órganos del estado encargados de velar por el respeto a la Constitución.

Por lo anterior, me permito desarrollar dos teorías de análisis inexcusable en esta investigación, a saber:

 

II.TEORÍA DE LOS VALORES SUPREMOS DE LA CONSTITUCIÓN

 

Debo iniciar el tema en cuestión exponiendo los argumentos del jurista y profesor Otto Bachof, quien tomaría como parte importante de sus estudios, el de las Normas Constitucionales Inconstitucionales, aunque se trata de un académico con un importante registro de obras jurídicas, en este caso, nos referiremos solo a una de ellas, Normas Constitucionales Inconstitucionales (Normas Constitucionales Inconstitucionales); Habré de mencionar que la referida obra es ideada por su autor, en el contexto cultural de la segunda postguerra mundial en Alemania, pues al igual que muchos juristas de la época, buscaron explicaciones a lo que otros, y el mismo Bachof, calificaban como la perversión del régimen en todos los aspectos, incluido el jurídico, por los lamentables hechos acontecidos durante el auge del nazismo, a raíz de que en el año de 1949 se promulgara el articulado de la Ley Fundamental de Bonn, que adolecía de preceptos presuntamente no válidos, atendiendo a los valores preponderantes de la Constitución existente, según palabras de Bachof, citadas por los juristas Domingo García Belaunde y Francisco Javier Diaz Revorio, en la obra citada titulada Normas Constitusionais Inconstitusionais respecto del articulado de la Ley Fundamental de Bonn lo siguiente:

Está impregnado de una cierta influencia iusnaturalista, que encuentra múltiples manifestaciones, entre otras, en la proclamación de que la dignidad humana es “intangible” (art.. 1.1), los derechos humanos “inviolables e inalienables” (art. 1.2), o la consideración como irreformables de los principios contenidos en los artículos 1 y 20 (dignidad, derechos, estructura federal, soberanía del pueblo, ciertamente en el momento antes descrito era comprensible un cierto renacimiento de las teoría iusnaturalista, como reacción al positivismo weimariano. Pero en cualquier caso, sea o no el iusnaturalismo el fundamento de la proclamación en la Ley Fundamental de Bonn de los principios mencionados, lo cierto es que  en la misma es apreciable la importancia dada a esos principios y valores fundamentales, en alguna medida y en cierto sentido parecen considerarse como de mayor valor que el resto de los preceptos constitucionales. O en todo caso indisponible incluso para el propio poder constituyente, al menos en su “versión” de poder constituyente constituido, pues en definitiva tales fundamentos se consideran inalterables. [7]

En la anterior tesitura, no se es ajeno a posicionamientos y principios de otras latitudes y contextos, como el derecho constitucional de los Estado Unidos de América, cuya aportación tomamos del maestro Eduardo Ferrer Mac-Gregor en su libro Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, al tenor de las siguientes palabras, cito:

Existen dos principios establecidos previamente en la jurisprudencia de la Corte Suprema Federal norteamericana. En primer lugar, de acuerdo con dicha  jurisprudencia, todas las normas generales deben interpretarse in harmony whit the Constitution, principio al que debe agregarse la regla sobre la presunción de constitucionalidad de las leyes, ya que también se supone que los organismos legislativos no expiden normas que intencionalmente contradigan a la Carta Suprema. [8]

Así es, sin soslayar posicionamientos aparentemente disímbolos, se señala que el tema a tratar del maestro Bachof, nos asusta un poco en cuanto a la referencia de la perversión del régimen en todos los aspectos, por las críticas que ha recibido el titular del Ejecutivo Federal de una cercanía (no probada) con regímenes dictatoriales, concretamente con el del Dictador Nicolás Maduro, sin embargo habremos de enfocarnos solo en la reflexión del maestro Bachof respecto de la existencia de ciertos valores que debían constituirse como parámetros para la validez de los demás preceptos constitucionales, y en base a ellos se presentó con la promulgación de la Ley Fundamental de Bonn, un abandono de las tesis más estrictamente positivistas, generando la existencia de normas constitucionales inconstitucionales, lo anterior, según las palabras de los juristas Domingo García Belaunde y Francisco Javier Diaz Revorio.

Ahora bien, del mismo texto de la cita anterior, debe destacarse la referencia expresa en cuanto a la trascendencia de las citadas reflexiones, en los ámbitos de tiempo y espacio, pues ciertamente los referidos conceptos de valores supremos de una Constitución, deben entenderse intocados, agregaría el autor, sólo modificados de manera progresiva en cuanto a una evidente potencialización de sus propósitos, resultando apropiado realizar la cita completa, como sigue:

No obstante y como antes decíamos, este trabajo posee una dimensión intemporal que hace que su discusión pueda tener interés en cualquier sistema constitucional. Y de hecho, tarde o temprano en casi todos los sistemas hay que plantearse si ciertos valores o principios pueden tener un carácter preferente y cuál es su posición con el resto del ordenamiento. El interés permanente en este trabajo, radica precisamente en que cualquier solución a la cuestión que plantea requiere acudir a la misma esencia del Derecho Constitucional y del propio concepto de Constitución. [9]

Por otro lado, existen ideas que ponen en duda el rigor de mantener los principios originales de un texto constitucional, bajo argumentos tan sólidos como lo son las profundas transformaciones sociales, como las actuales, que son cada vez más dinámicas, así lo pone de manifiesto el constitucionalista colombiano Luis  Carlos Sáchica, ¿Sería el caso de la denominada por el titular del Ejecutivo Federal Cuarta Transformación?, la aportación se comparte como sigue:

El problema, nada fácil de resolver, consiste en determinar la permanencia de las disposiciones constitucionales no sólo de acuerdo con el sistema más o menos complicado de la reforma formal, sino también las trascripciones operadas por medio de las costumbres, las convenciones y la interpretación constitucionales, que han sido estudiadas especialmente por los tratadistas angloamericanos. Sin embargo, este tema también empieza a preocupar a la doctrina de los cultivadores del derecho continental europeo y a los latinoamericanos, si se toma en consideración que las normas constitucionales escritas representan en principio el momento histórico en que fueron creadas, pero también deben aplicarse a épocas de profundas trasformaciones sociales, como las actuales, que son cada vez más dinámicas. [10]

En la misma idea y aun reconociendo la existencia de principios constitucionales preponderantes, ubicamos la valiosa aportación del maestro Fix-Zamudio, sugiriéndonos un interesante ejercicio mental para intentar destrabar el problema, en la parte final del texto que agrego: [11]

Estos principios y valores no deben considerarse como cerrados o inmutables, sino que su contenido puede variar con los cambios sociales, por lo que de ninguna manera podemos pensar que las reformas constitucionales que hemos mencionado y que han actualizado a nuestra ley fundamental, constituyan una traición o una desviación de los que establecieron los constituyentes de Querétaro, que en su concepción correspondían a la situación que vivieron en su época. Podemos imaginar que si dichos constituyentes se reunieran en este momento, adoptarían las instituciones que ahora regula nuestra Carta Federal, ya que son similares a las consagradas por las Constituciones latinoamericanas más recientes y que mencionamos con anterioridad.

En el ejercicio sugerido, difícilmente se podría concluir con una respuesta negativa, pues a mí entender dichos constituyentes se sujetarían a la realidad imperante, retos y objetivos de la sociedad mexicana actual, sin embargo eso no quiere decir que al igual que los constituyentes actuales estuvieran exentos de cometer errores.

Independientemente de los referidos posicionamientos, respecto a la validez o no de la modificación de principios o valores supremos de la Constitución, debemos hablar de la inconstitucionalidad que se incorporan a la Constitución vía reforma constitucional, el propio maestro Bachof nos explica:

Una ley de reforma constitucional (en la medida en que se trata de la Constitución, siempre una ley de reforma del texto constitucional, articula 79,1) puede contravenir de un principio de vista formal o material las disposiciones de la Constitución formal. El primer supuesto se da cuando la reforma constitucional no se encuentra contemplada en las disposiciones procedimentales. El ultimo se corresponde con el hecho de que una ley pretenda un cambio en las normas constitucionales a pesar de la intangibilidad declarada en el texto constitucional, lo que sucedería por ejemplo en el caso de una ley de reforma constitucional que pretendiese suprimir la distribución del Bund en Ländero la colaboración de estos en la función legislativa, reconocidas en el art 79,3 de la Ley Fundamental de Bonn, o afectar a los principios fundamentales recogidos en sus artículos 1 y 20. No es necesario aclarar que la norma de la reforma constitucional a pesar de que constituye por sí misma una norma formalmente constitucional, de uno u otro modo, sería inconstitucional. [12]

Raúl Gonzales Small, citando a Ramón Sanchez Medal apuntala la idea de que existen en toda Constitución principios de tal trascendencia que no es posible que se encuentren sujetos a contradicción o modificación por parte de poder alguno, explica éste aspecto que concibe como contranatural, es decir, que la Constitución no puede ir en contra de su misma naturaleza o mejor dicho de su génesis original, en la que pensaron los constituyentes de origen como los pilares de la nación, así efectúa su exposición al respecto:

Ramón Sánchez Medal, en su estudio intitulado Las reformas demolitorias de la Constitución, sostiene que por encima de la “vorágine de cambios legislativos, es indudable que deben existir principios de tal solidez y trascendencia que no puedan ser modificados, debiendo considerarse como el más importante la salvaguarda de la libertad del individuo”. Consecuentemente – señala Sánchez Medal – el argumento de que cualquier reforma de la Constitución con sujeción al procedimiento formal del artículo 135, hace que tal reforma sea ya parte integrante de la propia Constitución, y no pueda la Constitución  ir contra a ella mismas, es un razonamiento mutilante  e insostenible” [13]

Ahora bien, los posicionamientos que hemos venido desarrollando, en pro y en contra del aspecto medular a dilucidar, encuentran un óptica igualmente interesante en las palabras de Carlos Schmitt, al hacer una distinción entre la Constitución y las Leyes Constitucionales, efectuando su estudio al igual que Otto Bachof, respecto de la Ley Fundamental de Bonn, en el citado contexto cultural y social de la segunda postguerra mundial en Alemania, aportando al respecto la diferenciación señalada, que él mismo explica:

Distingue entre la “Constitución”, que es el conjunto de decisiones políticas fundamentales, y “ley constitucional”, que son las normas incorporadas a la misma Constitución, que por su contenido tiene la finalidad de llevar a la practica la voluntad constituyente. Refiriéndose a la Constitución de Weimar, dice que es una Constitución porque contiene las decisiones políticas fundamentales sobre la forma de existencia política concreta del pueblo alemán, y que la competencia para reformar las  “leyes constitucionales” es una competencia incluida en el marco de la Constitución, fundada en la misma, y no sobrepasándola. No envuelve la facultad de dar una nueva Constitución. El acto de dar la Constitución es cualitativamente distinto del de reformarla, por eso, una asamblea “constituyente” es cualitativamente distinta a un parlamento. Este puede reformar las normas de la Constitución (“leyes constituyentes”) pero no la Constitución (es decir en la terminología de Schmitt las “decisiones políticas fundamentales “) cuya potestad es del pueblo a través de su poder constituyente (obligatorio). [14]

Por su parte Karl Lowenstetein, refiriendo la existencia de valores fundamentales internos de la Constitución, se cuestiona:

¿Existen normas constitucionales anticonstitucionales cuya anticonstitucionalidad radica en hecho de que el legislador constitucional haya sobrepasado los límites internos que están impuestos por los valores fundamentales inminentes a una Constitución? El ámbito en el que se suelen producir estos conflictos en torno al contenido ideológico fundamental de una Constitución suelen ser en mayor parte de la veces, los posibles casos de aplicación de los derechos fundamentales, construyendo un caso extremo, ¿sería anticonstitucional si el legislador constitucional hiciese una excepción formal del principio de igualdad preceptuado en el artículo 3° de la ley fundamental –insertando en dicho artículo un párrafo 4- al establecer que dicho principio no regiría para los pelirrojos? Si bien el autor no puede decidirse a prohibir radicalmente un quebrantamiento efectuado por la Constitución misma al permitir excepciones para situaciones jurídicas o sus puestos de hechos determinados, una norma constitucional de este tipo estaría tan en contradicción con el principio de igualdad. [15]

Manuel Martinez Sospenda, ampliando los argumentos de Carlos Schmitt en cuanto a la diferenciación respecto de la Constitución en sentido propio y las leyes de la Constitución, nos plantea el término de superfundamentalidad para  referirse a la primera (la Constitución), que como él dice, tiene tal carácter, por estar “integrada por aquellas disposiciones de la Constitución escrita que dibuja el horizonte utópico del Estado”, y expone:

De ahí la necesidad de establecer la diferenciación entre Constitución de sentido propio y la ley de la Constitución, de tal modo que la primera vendría a estar integrada por aquellas disposiciones de la Constitución escrita que dibujen el horizonte utópico de estado que toda Constitución encarna aquellas otras que establecen las formas constitucionales de gobierno propias y típicas del ordenamiento por la ley fundamental establecido y en su caso, por las disposiciones que señala las fronteras de las políticas económicas y sociales compatibles con la ley fundamental, aquel conjunto de disposiciones del código constitucional que determinan las “señas de identidad” del mismo. En contrapartida constitucional las segundas aquellas disposiciones de la Constitución escrita que o bien son mero desarrollo o con creación de las anteriores, o bien se hayan en el texto sin otra base que la voluntad del constituyente. Tal definición conlleva que las primeras tienen en el sistema una posición distinta a la de las segundas una posición de primeridad y supremacía en cuanto aquellas son el presupuesto de la segundas, pero también, en cuanto a que dotadas de una mayor capacidad fundamentadora, ostentan en consecuencia una posición más alta en la jerarquía de las normas, se hallan dotadas de superfundamentalidad. [16]

El propio autor, califica lo que Carlos Schmitt refiere como las leyes de la Constitución como infraconstitucionales, las cuales ubica en un nivel jerárquico inferior a las que antes denominó de superfundamentalidad, según Carlos Schmitt las leyes constitucionales, concluyendo que cualquier pugna entre estas debería dar como resultado la expulsión del orden constitucional de las primera, a saber:

La Constitución es la norma de mayor jerarquía del sistema, es la cúspide del ordenamiento. En consecuencia, cualquier concurso de normas entre una o varias normas constitucionales y una o varias infraconstitucionales se resuelve en aplicación del principio jerárquico mediante la expulsión del ordenamiento de la norma no constitucional concursante…  [17]

Corresponde ahora contrastar la referida teoria con la que doctrinalmente le resulta contrapuesta, a saber:

 

III. TEORÍA DE LA ILIMITABILIDAD DE LAS ATRIBUCIONES DEL PODER REFORMADOR

 

Uno de los aspectos que se contrapone a las ideas antes expuestas, tiene que ver con la labor legislativa, autónoma en sus principios dogmáticos y por lo tanto, a simple vista, imposible de ser desplazada bajo la sospecha de la existencia un error consistente en haber sido aprobada bajo el análisis del crisol de los valores o principios preponderantes de la Constitución, cuando la referida ley o reforma surge de la deliberación parlamentaria generando su promulgación y vigencia, deliberaciones que se presumen de mayor agudeza si se trata además de una reforma o adición de carácter constitucional, en estricto apego a la referida dogmática de tan importante función; entonces, ¿Cómo sería posible poner en duda todo el proceso legislativo bajo la posible existencia de un error?, y más aún, sustentada con una mayoría abrumadora, aplastante de los congresistas afines al Titular del Ejecutivo (¿Qué no implica esto la base de la democracia?), pero, aun pensando en un error de la mayoría ¿quién y mediante que instrumento jurídico podría enmendarse?, al efecto es necesario tomar en cuenta las palabras expuestas por el maestro Diego Valdés, en su libro El control del Poder:

Es evidente que a Foucault le interesa, esencialmente, descifrar los resortes internos del poder, para poder así descubrir sus motivaciones en la relación externa. Para nosotros solo es útil en medida que plantea la circularidad del poder, que en la teoría jurídica se confunde con la norma misma. Lo que sugieren las relaciones entre los órganos del poder, a través de los instrumentos constitucionales de control, es que nos encontramos en una situación límite donde la existencia del poder se practica desde el poder mismo, y donde el poder tiene que utilizar su instrumento natural de expresión coactiva en su propio perjuicio. Es por eso que los instrumentos de control quedan tan profundamente condicionados, en su ejercicio, por criterios de naturaleza política. De ahí que los partidos políticos, los medios de comunicación y la propia sociedad civil tengan una participación cuya relevancia no podría justificarse de otra manera. Se trata, nada menos, que de verificar, matizar, atestiguar y a veces impulsar el uso del poder coactivo del Estado, por el Estado, contra el Estado. [18]  

En cuanto a la interrogante antes planteada, en el sentido de ¿Quién y mediante que instrumento jurídico podría enmendarse?, de igual forma Diego Valdés da luces sobre un elemento a tomar en cuenta en la función legislativa que es la capacidad libre de tomar decisiones, razonamiento a tomar en cuenta:

La función del control es una de las manifestaciones de la naturaleza deliberadamente de los parlamentos y congresos “deliberar” es, por otra parte, una función que importa en la vida de las instituciones democráticas. Deliberar supone una capacidad libre para asumir decisiones. La etimología del verbo, examinada por Cuervo (II, p.8878), parece encontrar un eco de ”liberar”, esto es, de libertad. De ahí su doble acepción, en los sentidos de ser una consideración acerca de la determinación que ha de tomarse o de la solución que ha de darse a un problema, por una parte, y la resolución que ha de adoptarse ante un asunto especifico, por otra. El debate sobre el control supone ambas formas de deliberación e incluye el ejercicio libre de esas facultades. [19]

Los elementos anteriores, aportados por Diego Valdés, tienden a establecer un orden o sistema de control del poder de mayor reglamentación procedimental, aunque de menor rigor en cuanto a instrumentarlo en el aspecto que más interesaría a los ciudadanos de los pueblos, que sería en el control político de los encargados del ejercicio del poder, en el caso concreto de la seguridad de las personas, agrego la cita:

Porque la tendencia a hacer cada día más reglamentarias las constituciones, se ha enseñoreado en la mayor parte de los sistemas, obligara a incluir entre los restos del constitucionalismo contemporáneo la formulación de un orden que, además de racional, sea razonable…

Lo contradictorio del caso es que el reglamentarismo constitucional se dirige más a cuestiones técnicas (urbanísticas, ambientales, energéticas, demográficas, fiscales, procesales, por ejemplo) que a aspectos relacionados con las garantías del orden democrático-constitucional, y de manera más precisa a los controles políticos. [20]

El esquema de control del poder propuesto por Diego Valdés, alienta la esperanza de que exista fundamento para que cualquier persona pudiera encausarse en la búsqueda del apego de adiciones o reformas constitucionales a principios constitucionales preponderantes, como podría ocurrir de crearse una Guardia Nacional que vulnerara, por errores sustantivos constitucionales, principios de libertad y garantías de seguridad jurídica y debido proceso ya existentes, sin embargo, el Maestro Raúl Gonzalez Schmal, incorpora sus ideas al libro denominado El significado actual de la Constitución, específicamente en el capítulo que recibe el nombre de la interrogante ¿Una reforma a la Constitución puede ser Inconstitucional?, señalando que la posibilidad de lograr la expulsión de la Constitución de normas que aparentan ir en su contra, es más compleja de lo que pudiera pensarse, al abrumarnos (gratamente) con las interrogantes que derivan del texto referido y que opto por agregar a la letra para no omitir detalles:

Ahora bien, en el supuesto de que las mencionadas y otras reformas se hubieran puesto eventualmente en contraste con normas fundamentales de la Constitución, en realidad se ¿podrían determinar estas “normas fundamentales”? o, aún más, ¿existen normas fundamentales en la Constitución y otras que no? o, en  otros términos, ¿existe una jerarquía de normas ad intra la Constitución? Y si existen estas normas esenciales ¿podrían ser tocadas por el órgano reformador? ¿Este órgano reformador es absoluto en su capacidad de modificar todas y cada una de las normas de la Constitución? Es decir, ¿es ilimitado par su competencia transformadora? Y si es así, ¿esta competencia absoluta la viene de que esta investido de soberanía absoluta, o alguna otra causa? Y si es la primera hipótesis, ¿entonces tiene exactamente el mismo poder que el constituyente creador de la Constitución? Y, si es la segunda, ¿qué causa origina su poder ilimitado?, ¿y si el órgano reformador puede modificar los principios y las normas esenciales?, ¿no se estaría en presencia de un poder avasallador del principio de seguridad jurídica que le da sustento al estado de derecho?, ¿no sería uno contrasentido un estado de derecho con un poder jurídico legitimado que pueda inclusive destruir al propio estado de derecho que lo creo?, ¿no podría convertirse este poder en un verdadero Frankestein que se volviera contra el autor de su existencia?, ¿dónde quedaría la permanencia de las normas jurídicas fundamentales establecidas por la voluntad suprema de poder a través del Congreso Constituyente originario?  [21]

El Ilustre Ignacio Burgoa, ofrece interesante respuesta y señala que el poder constituyente permanente sí se encuentra acotado respecto de algunos aspectos de las reformas constitucionales, es decir, señala que existen principios básicos que no es posible modificar aún con las facultades competenciales de las que dispone el referido poder constituyente, señalado al efecto:

La facultad prevista en el artículo 135 constitucional en favor del congreso de la unión y de las legislaturas de los estados para reformar y adicionar la Constitución debe de contraerse a modificar o ampliar las disposiciones  contenidas en ellas que no proclamen los principios básicos derivados del ser, modo de ser y querer ser el pueblo, sino que simplemente los regulen. De ello se infiere que los citados órganos no pueden cambiar la esencia de la Constitución al punto de transformarla en una nueva mediante la alteración, supresión o sustitución de los aludidos principios. [22]

Existe también lapidaria conclusión en contra de los posicionamientos anteriores, el maestro Felipe Tena Ramirez, categórico señala que el órgano revisor de la Constitución se encuentra impedido para reformar o adicionar cualquier situación de la carta magna, exponiendo:

El órgano constituyente del artículo 135 es el único investido de plenitud de soberanía para reformar o adicionar en cualquiera de sus partes la Constitución mexicana. Por vía de reforma o de adición, nada escapa a su competencia, con tal de que subsista el régimen constitucional, que aparece integrado por aquello principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución. [23]

En desacuerdo con lo expuesto por el maestro Tena Ramirez, el no menos Ilustre maestro Mario de la Cueva expone su opinión, agregando a la discusión un argumento que alarma, sosteniendo que un poder omnipotente como lo percibe Tena Ramirez, podría llevar a extinguir figuras tan relevantes como la figura de El Amparo, sin soslayar éste autor que Tena refiere en sus argumentos que la salvedad de que la facultad reformadora o de adición del órgano constituyente debe entenderse “…con tal de que subsista el régimen constitucional…”, lo que podría dar una salida válida al argumento expuesto por De la Cueva, en el sentido de que el poder constituyente no puede ir en contra del régimen constitucional, sin embargo, Tena no refiere la existencia de principios de la Constitución de mayor jerarquía, como lo han expuesto otros autores anteriormente, o aquellos que le dieron vida a la propia Constitución, lo que implica que quizá solo se haya referido al Juicio de Amparo que como ejemplo refirió De la Cueva, pero que no encuentra eficacia respecto de otro ejemplo como el de suprimir el principio de igualdad o de libertad, aún a expensas del ofrecimiento de estándares aceptables de seguridad, de ahí que la reflexión en el caso concreto nos lleve a ponderar si la propuesta de solución puede resultar en el inicio de un problema mayor.

Para estar más claros en el punto que se dilucida, es necesario retomar el argumento expuesto por De la Cueva, mismo que parte del siguiente cuestionamiento ¿Es posible incoar ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación la inconstitucionalidad de los actos del poder reformador?, generando él mismo una respuesta afirmativa, en los siguientes términos:

La tesis de la ilimitabilidad de sus atribuciones rompe el principio de la seguridad jurídica y el sistema del control de la constitucionalidad de los actos de los poderes públicos, si el poder reformado puede hacerlo todo, si puede suprimir o cambiar los principios fundamentales de la Constitución, podrá suprimir nuestro juicio de amparo y la jerarquía de las normas consignada en el artículo 133. Sin género alguno de duda, la incondicional subordinación de los poderes estatales, legislativo, ejecutivo y judicial, es esencial para la vigencia de la seguridad jurídica, pero no igualmente grave o tal vez más, que el poder reformador sea tan elevado a la categoría de autoridad omnipotente. [24]

Gonzalez Small, expone sus conclusiones efectuando una crítica a los posicionamientos del maestro Felipe Tena Ramírez señalando:

El maestro Tena atribuye al órgano revisor la plenitud de la soberanía para reformar o adicionar en cualquiera de sus partes la Constitución mexicana. Y enfatiza que por vía de reforma o adición, nada escapa a su competencia, no obstante, después de hacer tan categórica afirmación, en la que no explica porque considera que dicho órgano investido de soberanía plana, introduce una matización que más pudiera considerarse como una contradicción de su tesis, al sujetar la actuación de poder reformado a “aquellos principios que la conciencia histórica del país y de la época considera esenciales para que exista una Constitución”. ¿Y cuáles son – tendríamos que preguntarnos- esos principios esenciales? ¿No son acaso los relativos a los derechos fundamentales a la división de poderes, al de la laicidad del Estado, al del sistema federal, al del juicio de amparo, al de la supremacía de la Constitución, al de la soberanía popular? ¿No son esos principios a los que Carl Schmitt denomina “decisiones políticas fundamentales” y que sustrae de la competencia del órgano reformador? Y tendríamos que seguirnos preguntando también si esos principios esenciales de que habla Tena no se expresan acaso en las normas de rango superior, de que hablan otros autores, que son definitorias de la esencia y de los fines de la Constitución. Si don Felipe Tena hubiera pasado de la expresión abstracta de “principios esenciales”, como barreras infranqueables por el órgano reformador, y los hubiera traducido en las formulaciones concretas plasmadas en el texto constitucional, pienso que no sería una alteración abusiva de la tesis del insigne maestro el reformularla en el sentido – opuesto al que él sostiene – de que el poder constituyente permanente sí tiene límites en su competencia y que estos límites están dados por los principios, valores  y normas, que configuran la identidad de la Constitución cuya alteración sustancial produciría la destrucción total o parcial de la Constitución. [25]

El análisis nos lleva a un punto extremo, ¿Será esta facultad omnipotente semejante al poder del soberano?, ¿Podría la democrática mayoría del constituyente modificar el régimen democrático existente y establecer una monarquía o una dictadura? Herbert Lionel Adolphus Hart expone en su obra The Concept of de Law (El concepto del Derecho), en el capítulo denominado Limitaciones Jurídicas a la potestad Legislativa, la necesidad de que existan limitaciones al poder legislativo, en el ámbito del derecho constitucional, lo que conocemos nosotros como el poder constituyente, haciendo una referencia concreta a lo que significaría la no existencia de dichas limitantes, indicando que en tal situación tendríamos que hablar de súbditos y del soberano, cito:

En la doctrina de la soberanía el hábito general de obediencia del súbdito tiene, como complemento, la ausencia de tal hábito por parte del soberano. Este crea derecho para sus súbditos, y lo crea desde afuera. No hay, y no puede haber, limitantes jurídicos a su potestad de creación del derecho. Es importante comprender que la potestad jurídicamente ilimitada del soberado pertenece a éste por definición: la teoría afirma simplemente que sólo podría haber límites jurídicos a la potestad legislativa si el legislador estuviera bajo las órdenes del otro legislador a quien obedeciera habitualmente; en tal caso el primero ya no sería soberano. Si lo es, no obedece a ningún otro legislador y, por lo tanto, no puede haber límites jurídicos a su potestad legislativa. [26]

Hart nos invita a realizar un ejercicio mental, para poder ubicar lo que implicaría la ilimitabilidad del poder legislador, haciendo referencia a Rex, es decir al rey o soberano, de la siguiente manera:

En base a eso imaginemos una sociedad en la que hay una regla generalmente aceptada por los tribunales, funcionarios y ciudadanos, en el sentido de que todas las veces que Rex ordena algo su palabra constituye una pauta o criterio de conducta para el grupo. [27]

El panorama en el ejercicio mental planteado por Hart se advierte a lo menos preocupante, sin una base sólida que permita el auténtico goce de las garantías o derecho fundamentales más importantes para los gobernados, el poder legislativo se convierte en un súper poder, capaz de ejercer una voluntad inducida por una persona o un grupo de ellas favorecidas y convencidas por ésta, ¿El Rex podría ser el Titular del Ejecutivo Federal con un congreso controlado?, sin mucho esfuerzo, viene a nuestras mentes el caso Venezuela en el contexto histórico del año 2017, 2018 e inicios de éste 2019, en este preciso momento en que se escriben estas líneas y que se debate en base a la decisión de una sola persona llamada Nicolás Maduro (entiéndase un grupo importante favorecido por éste, incluida la fuerza pública y militar) que ha desconocido al poder legislativo, creado un poder constituyente para la elaboración de una nueva Constitución a medida, avasallando cualquier procedimiento electoral mediante la injerencia de todos los órdenes de gobierno en torno a los intereses oficialistas y desconociendo la formalidad que si ha respetado a cabalidad el Presidente Constitucional Juan Guiado, (tema en el que no se abunda, pero que se propone para nuevo análisis legal en donde se soporte dicha conclusión) en este caso, como en todos, la historia se sigue escribiendo.

Así, lo que Hart propone en base al mismo ejemplo planteado es la necesidad de establecer límite o ausencia de potestad, cito:

Es importante que nos detengamos un poco más en este caso simple imaginario, para ver precisamente en qué consisten los límites jurídicos de este tipo. Podríamos expresar la posición de Rex diciendo que él “no puede” aprobar normas que autoricen la privación de la libertad  sin juicio; es esclarecedor contraponer este sentido de “no puede” a aquél que indica que una persona tiene alguna obligación o deber jurídico de omitir algo. “No puede” es usado en este último sentido cuando decimos “Usted no puede andar en bicicleta por la vereda”.  Una Constitución que efectivamente limita las potestades legislativas de la suprema legislatura del sistema no lo hace (o, en todo caso, no es necesario que lo haga) imponiendo a aquélla el deber de no intentar legislar de ciertas maneras; en lugar de ello establece que tal pretendida legislación será nula. No impone deberes jurídicos sino que establece incompetencia jurídica. “Límites” no significa aquí la presencia de un deber  sino la ausencia de potestad jurídica. [28]

Analizando las dos posturas doctrinales, es factible de manera preliminar exponer los motivos que impiden hasta este momento una conclusión categórica en la reflexión planteada y que dan lugar a una exposición mediante una segunda parte.

 

  1. CONCLUSIONES PRELIMINARES.

 

Los pensamientos expuestos deben ampliarse, sin duda, en este punto una conclusión resultaría aun aventurada, no solo por el hecho de que la reforma constitucional propuesta por el Ejecutivo Federal a efecto de formalizar la existencia de una Guardia Nacional castrense incorporada como policía preventiva no se ha concretado, y quizá no ocurra esto, o por lo menos no en los términos propuestos en la iniciativa, sino además por cuestión de espacio en esta publicación jurídica, sin pasar por alto que lo expuesto anteriormente debe de aportar al sano debate del tema, pretendiendo que el mismo se dirija esencialmente a los aspectos que como juristas nos ocupan y no a ramas ajenas a estos, que solo no harían perder la brújula del tema.

De momento podemos avizorar una tema de interés académico jurídico, sin embargo queda el pendiente de profundizar en lo doctrinal, en aspectos jurisprudenciales, y explorarse, a mi entender como indispensables las teorías del Territorio Inviolable de Norberto Bobbio, Coto Vedado de Ernesto Garzón y de las Esferas de lo Indecidible de Luigi Ferrajoli, además de un análisis o confrontación de principios prexistentes de la constitución a la luz de las teorías doctrinarias que nos permitan calificar, basados en su profundidad y amplitud argumentativa las que resulten más convincentes y por lo tanto sustentables, a saber: los razonamiento aquí planteados en relación a las figuras aportadas como la de Valores Fundamentales a que se refiere el maestro Otto Bachof, los postulados sobre Las Normas Fundamentales Dentro de La Constitución de Diego Valdez, la brillante exposición sobre Principios Básicos de la Constitución que refiere Ignacio Burgoa, o los Principios de la Conciencia Histórica del País a que hace alusión Felipe Tena Ramirez, sin olvidar los postulados sobre Principios de Importancia y Trascendencia de la Constitución que brillantemente expone el maestro Ramón Sanchez Medal, o lo que Manuel Martinez Sospenda refiere como superfundamentalidad, así como la excelsa aportación de Carl Schmitt sobre Decisiones Políticas Fundamentales y su aportación al establecer una diferencia del texto constitucional entre Constitución propiamente dicha y leyes constitucionales.

Dejo entonces la pregunta latente a mis apreciados compañeros académicos, la cual intentaré responder en la segunda parte de ésta aportación, ¿La Guardia Nacional propuesta por iniciativa del Ejecutivo Federal es inconstitucional en la forma en que fue planteada?; podría ser el caso que en el momento de la aportación de la segunda entrega de este trabajo, ya tengamos noticias precisas en cuanto al tema y que por ello los cuestionamientos se modifiquen a su dimensión de temporalidad, de momento no es posible avanzar más, pero insisto, se advierte intelectualmente obligatorio profundizar y concluir la investigación.

Expongo finalmente en esta parte de la investigación la siguiente:

 

  1. BIBLIOGRAFÍA

 

 

FUENTES BIBLIOGRÁFICAS:

 

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SCHMITT, CARL. Teoría de la Constitución, Madrid, alianza universitaria, 1982.

 

[1]SCHMITT CARLOS. (Citado) Memoria del Simposio Internacional; El significado actual de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1975.

 

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[1] FIX-ZAMUDIO, Hector, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Instituto de Investigaciones Jurídicas, Comisión Plural Organizadora del LXXX Aniversario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Senado de la República LXXX Legislatura, 1ª edición, México, 1997, p. 96.

 

[2] Ibíd. Pág. 112.

 

[3] URIBE ARZATE, Eduardo, Notas Para la Reconstrucción Epistemológica de la Constitución en la Globalización, Coordinador Serna De La Garza Jose Maria, Contribuciones al Derecho Constitucional; Universidad Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas; ISBN 978-607-02-6937-0; 1ª ed., México, 2015.P. 745.

 

[4] FIX-FIERRO, Héctor, Reformas Constitucionales, coordinador: Serna De La Garza Jose Maria, Contribuciones al Derecho Constitucional, Universidad Nacional Autónoma de México Instituto de investigaciones jurídicas, 1ª ed., México, 2015. P. 358.

 

[5] DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Reformas Constitucionales por Periodo Presidencial. Última reforma publicada el 24 de febrero de 2017. Consulta por internet realizada el 25 de julio de 2017. Liga: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum_per.htm.

 

[6] ORLANO GARCÍA, Hernán Alejandro. Fix-Fierro, Hector (Director). Ferrer Mac-Geregor, Eduardo, Martinez Ramirez Fabiola, Figueroa Mejía Giovanni A. (Coordinadores); Diccionario de Derecho Procesal Constitucional y Convencional, tomo II, Editado por Poder Judicial de la Federación y Consejo de la judicatura Federal. México D.F. 2014. P. 1029

 

[7] BACHOF, Otto, ¿Normas Constitucionales Inconstitucionales? Editorial Palestra, 2010, Lima, Perú. P. 14.

 

[8] FERRER MAC-GREGOR, Eduardo. Panorámica del Derecho Procesal Constitucional y Convencional, Madrid, Marcial Pons, 2013, P. 197.

 

[9] BACHOF, Otto. ¿Normas Constitucionales Inconstitucionales? Editorial Palestra, 2010, Lima, Perú. Pp. 15-16.

 

[10] SÁCHICA, Luis Carlos. Constitucionalismo y Desarrollo, Exposición y Glosa del Constitucionalismo Moderno, Bogotá, Temis, 1976,    Pp. 161-181.

 

[11] FIX-ZAMUDIO, Hector. (participa) Memoria del Simposio Internacional; El significado actual de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, p. 111.

[12] BACHOF, Otto. ¿Normas Constitucionales Inconstitucionales? Editorial Palestra, 2010, Lima, Perú. p.  73-74.

 

[13] SANCHEZ MEDAL, Ramón, citado por Gonzales Small Raúl en la Memoria del Simposio Internacional; El significado actual de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, p. 332.

 

[14] SCHMITT, Carl. Teoría de la Constitución, Madrid, alianza universitaria, 1982, p.333.

 

[15] LOEWENSTEIN, Karl. Teoría de la Constitución, Barcelona, Ariel, 1983, p. 335

 

[16] MARTINEZ SOSPENDA, Manuel. Derecho Constitucional Español, Valencia, fundación universitaria, San Pablo C.E.U, 1995.

 

[17] SCHMITT, Carlos. (Citado) Memoria del Simposio Internacional; El significado actual de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, p. 338

[18] VALADÉS, Diego. El control del Poder, editorial Universidad Nacional Autónoma de México, 1998 México, p. 122.

 

[19] Ibíd. Pág. 121

[20] Ibíd. Pág. 101

 

[21] GONZALEZ SCHMAL, Raúl. Tendencias Actuales del Derecho, editorial Universidad Nacional Autónoma de México, Fondo de Cultura Económica, 2001. México. p. 284.

 

[22] BURGOA, Ignacio. Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1994 pag. 380.

 

[23] TENA RAMÍREZ, Felipe. Derecho Constitucional Mexicano, México, Porrúa, 1975, p.  63.

 

[24] DE LA CUEVA MARIO. Teoría de la Constitución, México, Porrúa, 1982, pág. 127.

 

[25] SCHMITT, Carlos, (citado) Memoria del Simposio Internacional; El significado actual de la Constitución, Universidad Nacional Autónoma de México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 1998, p. 345

 

[26] HART, Herbert Lionel Adolphus, The Concept of Law (El Concepto de Derecho), Abeledo-Perrot S.A. E. e I.; Buenos Aires, Argentina, p. 82.

 

 

[27] Ibíd. Pág. 84.

 

[28] Ibíd. Pág. 86.

 

]]> AMPARO II https://montanezyasociados.com.mx/amparo-ii/ Tue, 27 Aug 2019 18:31:56 +0000 http://montanezyasociados.com.mx/2019/?p=624 AMPARO II
Doctor en Derecho Roberto Montañez Perez (Facilitador)

MÉTODOS DE APREDIZAJE

La DIDÁCTICA CRÍTICA, propone una forma diferente de entender el hecho educativo, mediante el replanteamiento de los papeles de los involucrados (Facilitador y compañeros), así como del entorno, considerando que los problemas que debe resolver la educación trascienden el espacia áulico y que tienen un sentido ético, social y práctico, se considera en este método que la realidad no es algo que esté dado, sino que es siempre perfeccionable o reconstruible, a partir de la participación individual y colectiva. Se trata a fin de cuentas de personas humanas conformadas en un grupo, que a partir de sus acciones transformadoras construyen diferentes objetivos de conocimiento al mismo tiempo que se transforman a sí mismos y buscan transformar para bien a la sociedad, de ahí lo relevante del conocimiento de la realidad social, la participación oral de todos los involucrados en clase y el estudio anticipado del tema a tratar en cada sesión del grupo.

En relación con el MÉTODO DE CASOS, a partir de los elementos conceptuales que ha adquirido el participante de manera sólida en su primer curso de amparo, la responsabilidad del facilitador y de los propios participantes aumenta, ahora es necesario que dichos conceptos interactúen y entren en una dinámica de manejo teórico activo a partir de casos reales.

Una vez explicado el método de estudio de la materia de amparo, el material base (mínimo indispensable, no limitativo) para el curso es el siguiente:

TEMA 1
CONCEPTO DEL JUICIO DE AMPARO

1.- CONCEPTO DE AMPARO: CONCEPTO DE AMPARO (Roberto Montañez Pérez) Juicio de Control Constitucional en tratándose del Amparo Indirecto del que conoce un Juez de Distrito o Procedimiento Autónomo de Control Constitucional entratandose del Amparo Directo del que conoce un Tribunal Colegiado de Circuito en cualquier materia, excepto en materia penal federal, pues en ésta materia conoce un Tribunal Unitario de Circuito, que se funda en lo establecido en los artículos 103 y 107 de nuestra Constitución, el cual hace valer quien tiene interés jurídico o legítimo y se siente violentado en sus garantías individuales, derechos humanos o tratados internacionales, denominado quejoso, quien tiene la carga procesal de hacer valer sus conceptos de violación en contra del acto reclamado en las materias de estricto derecho, conceptos de violación en los que imputa dichas violaciones a la autoridad o particulares en funciones de autoridad que han llevado a cabo el acto u omisión reclamada a la que se denomina autoridad responsable, en el que interviene aquel a quien le puede deparar perjuicio la sentencia concesoria de amparo denominado tercero interesado, quien al igual que todas las partes goza de la posibilidad de hacer valer recursos como lo son la revisión, queja, reclamación e inconformidad, además de asistirle el derecho para hacer valer el amparo adhesivo en el amparo directo, con el objeto de fortalecer o aumentar los argumentos de la responsable y hacer valer violaciones procesales respecto del juicio del que deriva el acto reclamado, lo que no podrá hacer valer posteriormente de omitir éstas en el referido amparo adhesivo, interviniendo de igual forma el representante de la sociedad denominado ministerio público con idénticos derechos que los del tercero interesado, siendo el objeto del amparo consesorio el que se restituya al quejoso en el goce de la garantía individual, derecho humano o tratado internacional violado si el acto reclamado es positivos o que se conmine a la autoridad responsable a realizar los que por su naturaleza sean negativos u omisiones, so pena de que la autoridad responsable y su superior jerárquico sean destituidos de sus cargos y denunciados penalmente, como culminación del proceso de incumplimiento del fallo protector, por lo que éste ha de cumplirse de manera inmediata, puntual, sin excesos ni defectos.

2.- GARANTÍAS INDIVIDUALES DE SEGURIDAD JURÍDICA.- La certeza jurídica es la seguridad que debe tener todo gobernado de que su libertad, propiedades, posesiones o derechos serán respetados por la autoridad y si ésta debe afectarlos deberá ajustarse a los procedimientos previamente establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y leyes secundarias, de tal manera que como se comentó y ahora se amplía, la certeza jurídica encierra tres garantías constitucionales fundamentales, las cuales en lo que interesan establecen lo siguiente:

A).- GARANTÍA DEL DEBIDO PROCESO.- ARTÍCULO 14 CONSTITUCIONAL. ¨…Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho…”.

B).- GARANTÍA DE LEGALIDAD.- ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.

C).- GARANTÍA DE AUDIENCIA.- ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. … Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales…”.

3.- DERECHOS HUMANOS O FUNDAMENTALES.- El maestro LUIGI FERRAJOLY en su libo, Derechos y Garantías nos proporciona una definición formal del concepto de derechos fundamentales, como sigue:

Son derechos fundamentales, todos aquellos derechos subjetivos que corresponden universalmente a todos los seres humanos en cuanto dotados del status de personas, de ciudadanos o personas con capacidad de obrar; entendiendo por derecho subjetivo cualquier expectativa positiva (de prestaciones) o negativa (de no sufrir lesiones) adscrita a un sujeto por una norma jurídica.

4.- TRATADOS INTERNACIONALES CELEBRADOS POR MÉXICO. Por tratados celebrados por México, debe entenderse cualquier “acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular” (artículo 2, inciso a), de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969), así como aquellos celebrados entre México y organizaciones internacionales.
6.- JERARQUÍA DE LEYES.- El 3 de septiembre de 2013, se discutió en sesión plenaria de los Ministros de la Suprema Corte de justicia de la Nación, lo que algunos consideran como el pataguas del sistema de administración de justicia en México, pues se pensaba que la resolución por emitirse marcará en forma importante los pronunciamientos de la décima época jurisprudencial, de tal forma que el procedimiento de unificación de criterios que fue resuelto en dicha fecha tuvo por objeto el de determinar la prevalencia entre los dos criterios existentes a saber:
Décima Época
Registro digital: 2006224
Instancia: Pleno
Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 5, Abril de 2014, Tomo I
Materia(s): Constitucional
Tesis: P./J. 20/2014 (10a.)
Página: 202
DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO CONSTITUCIONAL.
El 5 de abril de 2014 La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó que los jueces tienen la obligación de aplicar los Derechos Humanos contenidos tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, aunque estableció que cuando la Carta Magna establezca límites o restricciones deben prevalecer las normas internas, el resultado de la contradicción de tesis ampliamente divulgado no dejó a todos satisfechos.

El Ministro Cosío expresaría a los medios de comunicación, un día después de resolverse la contradicción de tesis, cito: “la decisión de la Corte sí es un retroceso, en particular porque no se respeta el principio “pro persona”, que significa que se debe aplicar la norma más favorecedora para éstas”.

TEMA 2
JURISPRUDENCIA

1.- CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA.-

Es importante distinguir en este curso lo que implica la jurisprudencia en sentido amplio y la que no interesa que es la que reúne dos caracteristicas básica, la jurisprudencia como regla interpretativa y obligatoria.

En sentido amplio, como ciencia del derecho ha merecido múltiples definiciones; basta recordar aquella inolvidable que de Ulpiano: “Jurisprudentia est divinarum atque humanarum rerum notitia, justi atque injusti scientia” (jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto).

Muchos siglos después encontramos otra definición con marcado acento positivista, según la cual la ciencia del derecho es el estudio de las normas e instituciones que imperan coactivamente en una comunidad estatal.

Poco a poco se ha ido ampliando el concepto de derecho hasta que en la actualidad ese “conjunto de normas”, sólo viene a representar una parte del contenido conceptual, pues a la misma se le agrega una dimensión empírica y una dimensión de valor (axiológica), dentro de lo que se conoce como teoría tridimensional del derecho (Jellinek, Lask, Radbruch, Max Ernst Mayer, etc.).

Esta concepción de jurisprudencia que se identifica con ciencia del derecho, no será estudiada en el desarrollo de este tema, pues la que habremos de analizar corresponde a la que reúne dos elementos a saber: como regla interpretativa y generadora de obligatoriedad.

1.2.- LA JURISPRUDENCIA COMO REGLA INTERPRETATIVA Y OBLIGATORIA.

Por ésta, habremos de entender, en el derecho mexicano, no cualquier tipo de resolución, sino solamente aquellas que reuniendo ciertos requisitos que la ley correspondiente exige, es obligatoria para órganos jurisdiccionales determinado por la propia ley de amparo en base a la jerarquía, la cual puede generarse por reiteración de criterios, por contradicción y por sustitución.se establece por el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por los Plenos de Circuito.

De ahí que podamos definir a la jurisprudencia como¨: “La interpretación que realiza los operadores jurídicos en materia de amparo, respecto de la ley, siendo necesario que la referida interpretación adquiera fuerza vinculante para estos o diversas autoridades judiciales, administrativas o del trabajo.”

2.- JURISPRUDENCIA POR REITERACIÓN DE CRITERIOS

La jurisprudencia por reiteración se establece cuando se sustente un mismo criterio en cinco sentencias no interrumpidas por otra en contrario, emitidas por Tribunales Colegiados o Unitarios de circuito

3.- JURISPRUDENCIA POR CONTRADICCIÓN DE TESIS

La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los Tribunales Colegiados de Circuito, en los asuntos de su competencia.

Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;
II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y
III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente.

Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran.

La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

5.- JURISPRUDENCIA POR SUSTITUCIÓN.

Obedece a la existencia o nacimiento de situaciones jurídicas relevantes que superan paradigmas jurídicos existentes, como pueden ser por ejemplo la equidad de género, el respeto a la diversidad, a la libre determinación de las personas, a la individualidad, etcétera,.

Sin embargo no puede darse la referida sustitución por sí sola, pues el MOTIVO DE LA SOLICITUD, siempre debe ser por un asunto concreto, sea del Tribunal Colegiado o de las Salas, según de donde provenga la petición. Debe agregarse que la solicitud de modificación es FACULTATIVA, NO OBLIGATORIA. Así aparece de la tesis aislada del Pleno P. XXXIII/92, que dice: “JURISPRUDENCIA. EL ARTICULO 197, ULTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO NO OBLIGA A SOLICITAR SU MODIFICACIÓN SÓLO FACULTA PARA ELLO.”, otra duda a resolver consiste en responder si ésta procede ¿antes de que el tribunal solicitante resuelva o después?, en este dilema el Pleno de la Corte ha sido muy clara desde mil novecientos noventa y dos, al establecer la tesis P.XXXI/92, que dice: “JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. PREVIAMENTE A LA SOLICITUD DE SU MODIFICACIÓN DEBE RESOLVERSE EL CASO CONCRETO QUE LA ORIGINA.” Esta tesis revela la intención de la Suprema Corte en el sentido de que la solicitud de la modificación extraordinaria no paralice la función jurisdiccional, sino que se resuelva conforme al criterio ya establecido, a reserva del estudio que posteriormente se haga sobre la modificación.

Finalmente, El Pleno o la Sala correspondiente que modifica los EFECTOS DE LA SENTENCIA JURISPRUDENCIA no necesariamente tienen que hacerlo en el sentido propuesto por el solicitante, sino como consideren pertinente conforme a derecho y con toda libertad, pero es importante señalar que en caso de modificación, el nuevo criterio vale de ahí para lo venidero, pero no afecta a las situaciones jurídicas concretas de las ejecutorias que se hubieren dictado aplicando la jurisprudencia anterior.

Para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustituya la jurisprudencia, se requerirá mayoría de cuando menos ocho votos en pleno y cuatro en sala.

Cuando se resuelva sustituir la jurisprudencia, dicha resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los que se hayan dictado las sentencias que la integraron, ni la que se resolvió en el caso concreto que haya motivado la solicitud. Esta resolución se publicará y distribuirá en los términos establecidos en esta Ley.

6.- OBLIGATORIEDAD DE LA JURISPRUDENCIA.

La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales.

La jurisprudencia que establezcan los Plenos de Circuito es obligatoria para los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de las entidades federativas y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales que se ubiquen dentro del circuito correspondiente.

La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para los órganos mencionados en el párrafo anterior, con excepción de los Plenos de Circuito y de los demás tribunales colegiados de circuito.

La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.

Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los Plenos de Circuito o los tribunales colegiados de circuito establezcan un criterio relevante, se elaborará la tesis respectiva, la cual deberá contener:

I. El título que identifique el tema que se trata;
II. El subtítulo que señale sintéticamente el criterio que se sustenta;
III. Las consideraciones interpretativas mediante las cuales el órgano jurisdiccional haya establecido el criterio;
IV. Cuando el criterio se refiera a la interpretación de una norma, la identificación de ésta; y
V. Los datos de identificación del asunto, el número de tesis, el órgano jurisdiccional que la dictó y las votaciones emitidas al aprobar el asunto y, en su caso, en relación con el criterio sustentado en la tesis.

Cuando las partes invoquen tesis de jurisprudencia o precedentes expresarán los datos de identificación y publicación. De no haber sido publicadas, bastará que se acompañen copias certificadas de las resoluciones correspondientes.

TEMA 3
REGLAS GENERALES,
PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO
QUE RIGEN EL JUICIO DE AMPARO,
SISTEMA DE CONTROL CONSTITUCIONAL Y
CONTROL DIFUSO DE LA CONSTITUCIÓN

1.- REGLAS GENERALES:

• PROTECCIÓN: El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos en que realicen funciones en carácter de autoridades.

• TRÁMITE: El juicio de amparo se tramitará en vía directa o indirecta. Se substanciará y resolverá de acuerdo con las formas y procedimientos que establece la Ley de amparo, una vez agotado el PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

• SUPLETORIEDAD: A falta de disposición expresa se aplicará en forma supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles y, en su defecto, los principios generales del derecho.

• EXCEPCIÓN A LA REGLA DEL TÁMITE O SUSTANCIACIÓN PRIORITARIA: De manera excepcional, y sólo cuando exista urgencia atendiendo al interés social o al orden público, las Cámaras del Congreso de la Unión, a través de sus presidentes, o el Ejecutivo Federal, por conducto de su Consejero Jurídico, podrán solicitar al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que un juicio de amparo, incluidos los recursos o procedimientos derivados de éste, se substancien y resuelvan de manera prioritaria, sin modificar de ningún modo los plazos previstos en la ley. La urgencia en los términos de este artículo se justificará cuando:

I. Se trate de amparos promovidos para la defensa de grupos vulnerables en los términos de la ley.

II. Se trate del cumplimiento de decretos, resoluciones o actos de autoridad en materia de competencia económica, monopolios y libre concurrencia.

III. Se trate de prevenir daños irreversibles al equilibrio ecológico.

IV. En aquellos casos que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estime procedentes.

2.- PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO. ¿QUÉ SON LOS PRINCIPIOS GENERALES DEL DERECHO Y EN QUÉ SE DISTINGUEN DE LAS REGLAS JURÍDICAS?

De acuerdo con el sentido en que la doctrina utiliza el término “principios”, éstos a menudo incluyen un vasto conjunto de consideraciones teóricas y prácticas, sólo parte de las cuales se relacionan con las cuestiones que RONALD DWORKIN, filósofo del derecho y catedrático de derecho constitucional Estadounidense, egresado de la Universidad de Harvard, en sus libros Los Derechos en Serio y El Imperio de la Justica, manejó el tema de los Principios Generales de derecho señalando que: Aun cuando se considere que el vocablo “principio” se limita a parámetros normativos, incluida la conducta de los tribunales al decidir casos, hay distintas maneras de comparar las reglas y esos principios; pensó que todos los que han estudiado a fondo los Principios estarían de acuerdo en que éstos se distinguen de las reglas al menos por dos características. La primera es una cuestión de grado: a diferencia de las reglas, los principios son amplios, generales o indeterminados, en el sentido de que a menudo lo que se consideraría como un conjunto de reglas distintas puede servir de ejemplo o concreción de un solo principio. La segunda consiste en que los principios, como se refieren más o menos expresamente a algún propósito, meta, derecho o valor, son considerados desde cierta perspectiva como algo deseable de ser mantenido o adherido y, de este modo, no sólo como proveedores de explicación o fundamento de las reglas que los ejemplifican, sino que, al menos, como contribuyentes a su justificación.

MANUEL ATIENZA Y JUAN RUIZ MANERO, en su obra Las piezas del Derecho. Teoría de los enunciados jurídicos, 2ª ed., Barcelona, Ariel, 2004, señalan que los principios en sentido estricto son normas, explícitas o implícitas, que establecen la obligación, permisión o prohibición de realizar una cierta acción —que se entiende expresa alguno de los valores superiores de un ordenamiento jurídico, de un sector del mismo, de una institución—, dirigidas a los operadores jurídicos a fin de indicar cómo seleccionar la norma aplicable o cómo interpretarla.

3.- PRINCIPIOS GENERALES DE DERECHO MÁS RELEVANTES Y DE APLICACIÓN DIRECTA AL JUICIO DE AMPARO.

1.- INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, POR QUIEN GOCE DE INTERÉS JURÍDICO O LEGÍTIMO. Se ejercitará a Petición de la Parte Agraviada, también llamada, Principio Dispositivo o de Jurisdicción Rogada, por quine goce de interés jurídico o legítimo.

Consistente en que el juicio de garantías sólo pude ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado y únicamente podrá seguirse por el agravio, incorporando la figura del Interés Legítimo, cuando anteriormente era necesaria la existencia solo de un interés Jurídico.
INTERÉS JURÍDICO, para su integración se requiere: a) la existencia de un derecho establecido en una norma jurídica, b) la titularidad de ese derecho por parte de una persona, c) la facultad de exigencia para el respeto de ese derecho, y d) la obligación correlativa a esa facultad de exigencia. Ej. El respeto a la propiedad privada.
INTERÉS LEGÍTIMO Se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Ej. El respeto a los bosques donde tengo mi casa de campo aunque no sea el propietario del bosque.
(INTERÉS LEGÍTIMO EN EL JUICIO DE AMPARO. PARA DETERMINAR SI SE ACREDITA, DEBE RESPONDERSE A LAS PREGUNTAS ¿QUÉ? ¿QUIÉN? Y ¿CUÁNDO? NÚMERO DE REGISTRO DIGITAL: 2009197.

2.- ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE OFICIO, pues en el juicio de amparo son de orden público y por lo mismo de estudio preferente.

Las causales de improcedencia podemos ubicarlas fácilmente equiparándolas a los efectos que producen los presupuestos procesales en el juicio de orden civil, pues dichas causas producen que se deseche el inicio del juicio de amparo. (Las causas de improcedencia se regulan en 23 fracciones contenidas por el Artículo 61 de la ley de amparo)

3.- APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO DE LA DEMORA, COMO ELEMENTOS PARA CONCEDER O NEGAR LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.

LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo que según un cálculo de probabilidades sea posible anticipar que en la sentencia definitiva se declarará la inconstitucionalidad del acto impugnado.

EL PELIGRO EN LA DEMORA consiste en la posible frustración de los derechos del promovente de la medida como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo.
APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y PELIGRO DE LA DEMORA. CUESTIONES JURÍDICAS. REGISTRO DIGITAL: 2001572 Y REGISTRO DIGITAL: 161166

4.- DEFINITIVIDAD. Consisten en que el quejoso, previamente al ejercicio de la acción constitucional, debe agotar los medios ordinarios de defensa que prevén los preceptos aplicables al acto reclamado, pues de no ser así el mencionado juicio será improcedente. Artículo 61 fracción XIV de la ley de amparo.

5.- EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO SON ERGA OMNES. El insistente reclamo de la comunidad jurídica a permitido incorporara a la ley la figura de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad, que permite, para muchos terminar con la perniciosa formula otero o tambien conocida como teoría de relatividad del juicio de amparo, que no es otra cosa que la imposibilidad de que una declaratoria de inconstitucionalidad abarque a quien no hizo valer agravio personal o directo en contra del acto de autoridad, es decir, quien no promovió amparo contra el mismo, sin embrago, sin razón justificada, se dejó fuera de la figura legal señalada, a la materia recaudatoria, esta excepción, representa un ejemplo más del poder político sobre el jurídico, algo de lo que como juristas debemos sentirnos avergonzados o por lo menos insatisfechos. (Opinión personal del facilitador de libre interpretación). Excepción a la Declaratoria Cuasi General de Inconstitucionalidad Artículo 231 de la Ley de Amparo, materia recaudatoria.

6.- SISTEMA DE CONTROL CONCENTRADO Y DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD.

La constitucionalidad de un ordenamiento jurídico equivale a la integridad y honorabilidad de una persona. En ambos debe haber congruencia en los principios y valores, en lo que se dice y se hace.

La congruencia del orden jurídico se basa en que debe prevalecer el principio de supremacía constitucional (derechos humanos y tratados) en la legislación nacional, que en nuestro caso involucra a la legislación federal y estatal.

Hablando de control constitucional o control concentrado de la mismas, el único poder que lleva a cabo éste, es el Poder Judicial de la Federación, cuando resuelve y emite resoluciones de los amparos interpuestos contra normas consideradas inconstitucionales, sobre controversias inconstitucionales y las acciones de inconstitucionalidad previstas en los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución.

Con la reforma al artículo 1° constitucional llevada a cabo en el año 2011, en que se transforman a las garantías individuales en derechos humanos contenidos en los tratados internacionales, y se establece la obligación para todos los jueces y magistrados judiciales y administrativos de tomar en cuenta por encima de la legislación nacional, lo que dicen los tratados internacionales en esta materia, de acuerdo a principios específicos de interpretación, siempre y cuando no contradigan la constitución.

Esto quiere decir que el control de la constitucionalidad adquiere otra dimensión, al extenderse esta obligación a todas las autoridades judiciales, por lo que la palabra extenso es la acepción adecuada del termino difuso, ya que también difuso significa confuso o poco claro, que aún que puede llegar a serlo, ésta última terminología no es la que debe deducirse de termino control difuso de la constitucionalidad, sería sinónimo entonces igualmente acertado denominarlo control extenso de la constitucionalidad a diferencia del control concentrado de la constitucionalidad que como se dijo solo corresponde al Poder Judicial Federal.

Así pues, hablando del Control Difuso de Constitucionalidad debemos señalar que el control constitucional mexicano es parcialmente de carácter difuso al permitir a cualquier órgano de aplicación de la ley el negarse a aplicarla al advertir una contradicción constitucional de la mismas, a diferencia del sistema de Control Concentrado de Constitucionalidad pues a través del juicio de amparo son los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial Federal, quienes tienen a su cargo la decisión de conflictos sobre la constitucionalidad de algún acto de autoridad; aunque también es parcialmente concentrado, en cuanto corresponde únicamente al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el conocimiento de las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad. Por lo anterior, con la expresión “CONTROL DIFUSO” nos referiremos a la facultad que tienen todos los órganos jurisdiccionales, en vía de excepción, de estudiar la constitucionalidad de normas generales, especialmente, y omitir su aplicación en casos de inconstitucionalidad.
CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD. SU EJERCICIO NO LIMITA NI CONDICIONA EL DEL CONTROL CONCENTRADO. REGISTRO DIGITAL: 2010144

TEMA 4

PARTES, CAPACIDAD, PERSONALIDAD, PLAZOS Y
NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO.

1.- PARTES EN EL JUICIO DE AMPARO:

A. EL QUEJOSO, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo denominado interés jurídico o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan sus garantías individuales, derecho humanos o los que deriven de los tratados internacionales y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico.

• El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. Ej. Vivo en Yucatán y promuevo amparo por la tala del bosque de Chihuahua.
• El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común.

B.- LA AUTORIDAD RESPONSABLE, tiene tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que reclama el quejoso.

• Los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad.
• El superior jerárquico de la autoridad referida en el amparo, tendrá ese carácter en la etapa de cumplimiento de la sentencia de amparo, aún y cuando no haya sido referido en la demanda de amparo como tal.

C.- EL TERCERO INTERESADO, pudiendo tener tal carácter:

a) La persona que haya gestionado el acto reclamado o tenga interés jurídico en que subsista;

b) La contraparte del quejoso.

c) La víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño.

d) El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal por el Ministerio Público;

e) El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable.

D. EL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL en todos los juicios, en donde éste facultado para interponer recursos.

2.- CAPACIDAD Y PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO:

A.- CAPACIDAD.- El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. (QUEJOSO MATERIAL)

B.- PERSONALIDAD.- El quejoso puede promover el juicio de amparo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (QUEJOSO FORMAL)

• Abogado.- El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar para oír notificaciones en su nombre, a cualquier persona con capacidad legal, quien quedará facultada para interponer los recursos que procedan, ofrecer y rendir pruebas, alegar en las audiencias, solicitar su suspensión o diferimiento y realizar cualquier acto que resulte ser necesario para la defensa de los derechos del autorizante, pero no podrá substituir o delegar dichas facultades en un tercero. En las materias civiles, mercantil, laboral tratándose del patrón, o administrativa deberá ser abogado. Sin embargo, las partes podrán designar personas solamente para oír notificaciones e imponerse de los autos, a cualquier persona.

• Defensor.- Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita.

• Servidor Público.- La Federación, los Estados, el Distrito Federal, los municipios o cualquier persona moral pública podrán solicitar amparo por conducto de los servidores públicos o representantes que señalen las disposiciones aplicables.

• Cualquier persona mayor de edad.- El menor de edad, persona con discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin la intervención de su legítimo representante.

• Cualquier persona incluso menor de edad.- Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. En estos casos, el órgano jurisdiccional de amparo decretará la suspensión de los actos reclamados, y dictará todas las medidas necesarias para lograr la comparecencia del agraviado.

3.- PLAZOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO.

• 15 días, para presentar la demanda de amparo.

• 30 días, cuando se reclame una norma general auto aplicativo, o el procedimiento de extradición.

• 7 años.- cuando el amparo se promueva contra actos que tengan por efecto la privación de la propiedad o posesión de derechos agrarios.

• 8 años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión.

• En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales.

4.- NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO.

Las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de dicha resolución. El quejoso y el tercero interesado podrán autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para oír notificaciones aún las de carácter personal e imponerse de los autos, quien no gozará de las demás facultades previstas en el artículo 12 de esta Ley.

4.1.- DIVERSAS FORMAS DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO.-

I. EN FORMA PERSONAL; Algunos ejemplos:

a) Al quejoso privado de su libertad.

b) La primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable;

c) Los requerimientos y prevenciones;

d) Las sentencias, dictadas fuera de la audiencia constitucional;

f) El sobreseimiento dictado fuera de la audiencia constitucional;

II. POR OFICIO; Algunos ejemplos:

a) A la autoridad responsable;

b) A la autoridad que tenga el carácter de tercero interesado; y

c) Al Ministerio Público de la Federación.

III.- POR LISTA; Algunos ejemplos:

Actuaciones de menor relevancia como la expedición de copias, autorizaciones, solicitud de oficios etc.

IV. POR VÍA ELECTRÓNICA; Algunos ejemplos:

Cualquiera de las anteriores, excepto la personales y solo a las partes que expresamente así lo soliciten, y que previamente hayan obtenido la Firma Electrónica.

TEMA 5

COMPETENCIA, CONFLICTOS COMPETENCIALES,
IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES

1.- CONCEPTO DE COMETENCIA: SANTIAGO KELLEY HERNÁNDEZ: Es el límite de la jurisdicción, determinante para que una autoridad pueda actuar válidamente.

2.- ÓRGANOS JURISDICCIONALES COMPETENTES PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO:

• La Suprema Corte de Justicia de la Nación, por sala o en pleno.
• Plenos de Circuito.
• Los tribunales colegiados de circuito.
• Los tribunales unitarios de circuito;
• Los juzgados de distrito; y
• Los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los Estados, en los casos previstos por esta Ley.

2.1.- LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ACTUANDO POR SALA O EN PLENO.- Las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son los órganos jurisdiccionales, encargados de resolver respecto de la inconstitucionalidad de una norma general, y la Declaratoria Cuasi General de Inconstitucionalidad, lo cual acontece en los casos en los que por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, se declara la inconstitucionalidad de una norma, por lo que el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará en tal sentido a la autoridad emisora de la norma, con la desafortunada salvedad de que, la resolución declarativa de inconstitucional cuasi general no es aplicable a normas en materia tributaria.

2.2.- LOS PLENOS DE CIRCUITO.- Es competente para conocer de las contradicciones de tesis que sustentes los Tribunales Colegiados de los mimos circuito y especialidad.

2.3.- LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. Son competentes para conocer del juicio de amparo directo, además de ser el órgano revisor de las resoluciones de amparo emitidas por los Juzgados de Distrito.

2.4.- LOS JUZGADOS DE DISTRITO. Son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto.

2.5.- LOS TRIBUNALES UNITARIOS DE CIRCUITO. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito y también conocerán de los juicios de amparo indirecto promovidos contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza.

2.6.- LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DE LOS PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS, EN LOS CASOS PREVISTOS POR ESTA LEY.

El Artículo 33 Fracción V de la ley de amparo, prevé la posibilidad de acudir el juicio de amparo ante los órganos de jurisdicción de los estos, su procedencia se presenta respecto de violaciones a la leyes locales y el ámbito de competencia corresponde a la autoridad judicial del mayor rango del estado, su objetivo se advierte como doble, primero el permitir el desarrollo de la justicia local y segundo hacer de crecer el serio rezago del Poder Judicial Federal por la atención de un número de amparos que rebaza sus capacidades de administración de justicia, generando una justicia federal lenta.

3.- REGLAS GENERALES SOBRE COMPETENCIA EN MATERIA DE AMPARO.

• EN EL DOMICILIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.- La competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia.

• EN DONDE EL ACTO RECLAMADO DEBA TENER EJECUCIÓN.- En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de lo contencioso administrativo, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

• EN DONDE PRIMERO HUBIERE RECIBIDO LA DEMANDA.- Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre la misma.

• FACULTAD DE ATRACCIÓN.- El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer, de manera oficiosa o a solicitud del Procurador General de la República la facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito, cuando por su interés y trascendencia lo ameriten.

4.- CONFLICTOS COMPETENCIALES.

4.1.- REGLAS A APLICAR EN CASO DE CONFLICTOS COMPETENCIALES.-

• Ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior.

• Luego que se suscite una cuestión de competencia, se suspenderá todo procedimiento con excepción del incidente de suspensión.

• Cuando alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tenga información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto a que aquélla le corresponda, la requerirá para que cese en el conocimiento y le remita los autos.

• Cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca de la revisión interpuesta contra la sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como directo, declarará insubsistente la sentencia recurrida y remitirá los autos al correspondiente tribunal colegiado de circuito.

• Cuando se reciba en un tribunal colegiado de circuito una demanda que deba tramitarse en vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente.

• Cuando un tribunal colegiado de circuito tenga información de que otro conoce de un asunto que a aquél le corresponda, lo requerirá para que le remita los autos.

• Cuando el tribunal colegiado de circuito que conozca de un juicio o recurso estime carecer de competencia para conocer de ellos, lo declarará así y enviará dentro de los tres días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea.

• Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda.

5.- DIVERSOS TIPOS DE COMPETENCIA.

5.1.- COMPETENCIA OBJETIVA: La competencia propiamente dicha es el mismo concepto anterior estudiado de KELLEY HERNÁNDEZ y cito: Es el límite de la jurisdicción, determinante para que una autoridad pueda actora válidamente. La Jurisdicción es la función del estado de decir el derecho.

5.2.- COMPETENCIA SUBJETIVA: Además de que el funcionario judicial cuente con competencia en cuanto el ejercicio de su jurisdicción, es necesario que sea imparcial, luego entonces debe ser ajeno a relaciones de parentesco por filiación o afinidad o a sentimientos de amistad o animadversión, respecto de las partes, además de evitar obsequios, invitaciones personales a fiestas o convites, a efecto de garantizar la referida imparcialidad (evitando cualquier influencia de las partes), además debe actuar con independencia (evitando cualquier influencia de otro órgano de poder formal o de facto) y finalmente con objetividad (evitando que sus propias creencias. Principios y convicciones personales lo alejen de la aplicación de la ley) . En caso de que la imparcialidad referida anteriormente no se actualice por presentarse algunos de los supuestos también señalados, la autoridad judicial de mutuo propio debe EXCUSARSE y si no lo hace la parte agraviada puede hacer valer la RECUSACIÓN de la referida autoridad probando la causa de la misma.

6.- IMPEDIMENTOS, EXCUSAS Y RECUSACIONES.

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento:

I. Si son cónyuges o parientes de alguna de las partes, de sus abogados o representantes, en línea recta por consanguinidad o afinidad sin limitación de grado; en la colateral por consanguinidad dentro del cuarto grado, o en la colateral por afinidad dentro del segundo;

II. Si tienen interés personal en el asunto que haya motivado el acto reclamado o lo tienen su cónyuge o parientes en los grados expresados en la fracción anterior;

III. Si han sido abogados o apoderados de alguna de las partes en el asunto que haya motivado el acto reclamado o en el juicio de amparo;

IV. Si hubieren tenido el carácter de autoridades responsables en el juicio de amparo, o hubieren emitido en otra instancia o jurisdicción el acto reclamado o la resolución impugnada, excepto cuando se trate del presidente del órgano jurisdiccional de amparo en las resoluciones materia del recurso de reclamación;

V. Si hubieren aconsejado como asesores la resolución reclamada;

VI. Si figuran como partes en algún juicio de amparo semejante al de su conocimiento;

VII. Si tuvieren amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes, sus abogados o representantes; y

VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad.

• Sólo podrán invocarse como excusas las causas de impedimento referidas anteriormente.

• Las partes podrán plantear como causa de recusación cualquiera de tales impedimentos.

• El que se excuse deberá, en su caso, proveer sobre la suspensión excepto cuando aduzca tener interés personal en el asunto, salvo cuando proceda legalmente la suspensión de oficio. El que deba sustituirlo resolverá lo que corresponda, en tanto se califica la causa de impedimento.

TEMA 6

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO

Dos instituciones fundamentales del juicio de amparo están constituidas por la improcedencia de la pretensión y el sobreseimiento de juicio, lo que equivale a las figuras que la doctrina denomina inadmisibilidad e imporcedibilidad.

IMPROCEDENCIA- INADMISIBILID SOBRESEIMIENTO-IMPROCEDIBILIDAD

El maestro HECTOR FIX ZAMUDIO, se refiere a LA IMPROCEDENCIA, como: “La inadmisibilidad de la pretensión manifiesta e indudable que impide el inicio del juicio de la demanda de amparo, por presentarse alguna de las causas a que se refiere el artículo 61 de la ley de amparo, como por ejemplo el desacato del principio de definitividad”

EL SOBRESEIMIENTO según el maestro MÁXIMO CASTRO es “La declaración judicial de la existencia de un obstáculo jurídico o material que impide el examen de fondo de la controversia una vez iniciada ésta.”

Todas las causas de improcedencia, dan lugar al sobreseimiento, sin embargo el sobreseimiento además debe decretarse al presentarse el desistimiento, al no entregar el quejoso los edictos de notificación del tercero interesado, por la muerte del quejoso, al acreditase la inexistencia del acto reclamado, o cuando durante el juicio se advierta o sobre venga una causal de improcedencia.

La improcedencia se decreta antes de iniciar el juicio (salvo que no se advierta de inicio o sobrevenga), el sobreseimiento al dictarse sentencia por causas que se adviertan o sobrevengan una vez iniciado éste, en donde se incluyen las propias causas de improcedencia y se adicionan otras como por ejemplo la muerte del quejoso.

Las causales de improcedencia son necesarias, porque todas ellas descansan en principios que fortalecen la seguridad jurídica o que constituyen candados para el debido funcionamiento del sistema judicial.

1.- IMPROCEDENCIA.

Solo para ubicar algunas de las causas de improcedencia, debemos referirnos a la siguiente parte del artículo 61 de la ley de amparo, pues su estudio total mi análisis completo será materia del segundo curso de ésta materia y cito:

El juicio de amparo es improcedente:

I. Contra adiciones o reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
II. Contra actos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;
IV. Contra resoluciones dictadas por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación;
V. Contra actos del Congreso de la Unión…
VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito;
IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;
XVIII. (PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD) Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas.

ANÁLISIS DE LAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DE OFICIO.- Finalmente, es necesario señalar que las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

2.- SOBRESEIMIENTO.

El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando:
I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio.
No obstante, cuando se reclamen actos que tengan o puedan tener como consecuencia privar de la propiedad o de la posesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos o núcleos de población que de hecho o por derecho guarden el estado comunal, no procede el desistimiento del juicio o de los recursos, o el consentimiento expreso de los propios actos, salvo que lo acuerde expresamente la Asamblea General, pero uno y otro sí podrán decretarse en su beneficio;
II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;
III. El quejoso muera durante el juicio, si el acto reclamado sólo afecta a su persona;
IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y
V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior.

Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten.

Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga.

El sobreseimiento no prejuzga sobre la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, ni sobre la responsabilidad de la autoridad responsable al ordenarlo o ejecutarlo y solo podrá decretarse cuando no exista duda de su actualización.

TEMA 7

INCIDENTES Y SENTENCIAS

1.- INCIDENTES.- Los incidentes, son todas aquellas cuestiones, ajenas al fondo del juicio de amparo, pero que son instrumentos legales de gran importancia para las partes en el mismo, incidencias, que pueden tramitarse a petición de parte o de oficio, sobre cuestiones que expresamente contempla la ley de amparo durante o una vez concluido el juicio.
Algunas de las cuestiones incidentales que pueden hacerse valer en juicio de amparo, son las siguientes:
1.1.- INCIDENTE DE SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO.- La incidencia más importante, sin duda la constituye el incidente de suspensión del acto reclamado, que es:
“Una institución de seguridad en el juicio de amparo, que tiene por objeto evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación a los agraviados, y así conservar la materia objeto del conflicto, impidiendo que el acto reclamado se consume irreparablemente; de esta manera, al concederse la protección constitucional pueden restituirse las cosas al estado que guardaban antes de la violación.”
1.2.- INCIDENTE DE NULIDAD DE NOTIFICACIONES.- Cuando a las notificaciones les faltaré algunas de las formalidades que exige la ley de amparo para su realización, podrán las partes, pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Este incidente no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. Declarada la nulidad, se repondrá el procedimiento a partir de la actuación anulada.

1. 3.- INCIDENTE DE REPOSICIÓN DE CONSTANCIAS DE AUTOS.- Es posible que durante cualquier proceso de amparo se presente el extravió de documentos o constancia del mismo, incluso la perdida de expedientes enteros, por tal motivo la ley de amparo prevé, el incidente de reposición de constancias de autos que se tramitará a petición de parte o de oficio, en ambos casos, se certificará su preexistencia y falta posterior. Este incidente no será procedente si el expediente electrónico a que hace referencia el artículo 3o de Ley de amparo permanece sin alteración alguna, siendo únicamente necesario, en tal caso, que el órgano jurisdiccional realice la copia impresa y certificada de dicho expediente digital.

2.- SENTENCIAS.

Etimológicamente, según lo define la Enciclopedia Jurídica Omeba, sentencia proviene del latín “sententia” y ésta a su vez de “sentiens, sentientis”, participio activo de “sentire” que significa sentir.

Luego, la connotación del concepto no deja de ser especialmente singular, pues implica el sentimiento que el juzgador se ha formado acerca de la controversia planteada a su consideración, a la luz desde luego de la norma jurídica, plasmado en el fallo que sólo a él es dado pronunciar.

Ya técnicamente hablando, para ALFREDO ROCCO la sentencia es: ”el acto por el cual el Estado, por medio del órgano de la jurisdicción destinado para ello (juez), aplicando la norma al caso concreto, indica aquellas norma jurídica que el derecho concede a un determinado interés”.

3.- PRINCIPIOS QUE DEBE OBSERVAR LA SENTENCIA DE AMPARO:

A).- EL TRIBUNAL DE AMPARO NO GOZA DE LA FACULTAD DE SUSTITUCIÓN, POR LO QUE DE CONCEDERSE EL AMPARO SERÁ ESPECIFICANDO LOS EFECTOS DEL MISMO.

La facultad de sustitución de la que no goza el Juez de Control Constitucional se traduce en la atribución con la que cuentan determinadas autoridades judiciales como las Salas Civiles al resolver las apelaciones ordinarias del juzgado de primera instancia, para reemplazar a éstos y en su lugar en caso de revocarse o modificarse el auto, interlocutoria o la sentencia impugnada dictar otro u otra que considere apegada a derecho, dicho de otra manera, no existe reenvío en la segunda instancia en materia civil.

El Diccionario nos refiere que, sustituirse es la acción o efecto de sustituir y que sustituir significa “poner a una persona o cosa en lugar de otra” para efectos de la figura que se estudia se traduce en que el Magistrado de la Sala Civil al momento en que dicta sentencia de segunda instancia se coloca en el lugar del juzgador y en vez de éste dicta sentencia, esto es, se sustituye a él, contrario a la técnica del juicio de amparo en donde el juzgador en caso de que conceda éste debe especificar los efectos a cumplir por la autoridad responsable en el fallo protector.

B).- EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO SON ERGA OMNES VS RELATIVIDAD O FORMULA OTERO.

Los efectos de la sentencia de amparo serán generales para todas las personas que se encuentren en el rango de aplicación de la ley declarada inconstitucional bajo el procedimiento de Declaración Cuasi General de Inconstitucionalidad, excepto en materia recaudatoria.
Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo en donde no se involucren cuestiones de constitucionalidad de leyes sometidas al procedimiento de Declaración Cuasi General de Inconstitucionalidad, sólo se ocuparán de los individuos particulares o de las personas morales, privadas u oficiales que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda.

C).- PRINCIPIO DE ESTRICTO DERECHO.

El juzgador de amparo, al dictar sentencia, está imposibilitado para subsanar las omisiones o suplir las deficiencias de los conceptos de violación o agravios, salvo en los siguientes casos:

• Cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia.

• En materia penal.

• En materia agraria, a favor de los núcleos de población ejidal o comunal o de los ejidatarios o comuneros en lo individual.

• En materia laboral, a favor del trabajador.

• En favor de los menores de edad e incapaces.

• Cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa.

D).- PRINCIPIO DE CONGRUENCIA.- Conforme al principio de congruencia, debe existir identidad o correspondencia entre lo controvertido por las partes y lo resuelto por el juzgador, sin que éste pueda incurrir en contradicciones por cuanto hace a las declaraciones, consideraciones y afirmaciones expresadas en la sentencia.
E).- PRINCIPIO DE EXHAUSTIVIDAD.- Por su parte, en términos del principio de exhaustividad, el juzgador de amparo, en la sentencia, debe referirse a todos y cada uno de los elementos de la litis, así como abordar todos los planteamientos formulados por la partes y valorar todas las pruebas que, en su caso, éstas hubiesen rendido.

TEMA 8
EL AMPARO INDIRECTO
PROCEDENCIA Y DEMANDA

1.- DIFERENCIA ENTRE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO Y EL INDIRECTO.

Para poder enfocar adecuadamente el tema en estudio es necesario establecer de manera breve la diferencia entre el amparo directo y el amparo indirecto, y las primeras interrogantes que se presentan son: ¿De dónde surge la denominación de amparo directo y amparo indirecto?, ¿Es correcta ésta?, la respuesta se encuentra en la propia ley de amparo que los refiere de esta manera, en los que utiliza estos términos en vez de los también muy usados en la doctrina de Uniinstancial y Biinstancial, denominación ésta última, que es imprecisa por el hecho de que como se h analizad en este curso el amparo directo también admite dos instancias entratandose de resoluciones que aborden la constitucionalidad de una ley, así pues, la denominación de directo e indirecto tiene que ver con el hecho de que la presentación de la demanda de amparo directo se realiza por conducto de la autoridad responsable, es decir, de manera directa ante quien emitió el acto reclamado y la de amparo indirecto se presenta ante el juez de distrito en forma indirecta con respecto a quien dictó el acto reclamado de ahí su denominación, aunque coincidiremos en que lo anterior solo es una cuestión de perspectiva, sin embargo, lo cierto es, que al otorgarnos la propia ley la referida denominación, debemos apegarnos a ella.

Ahora bien, mucho se ha discutido en la doctrina si debemos considerar al amparo directo como un auténtico juicio o en realidad solo es un recurso, al efecto debemos señalar que el amparo tiene características de ambos, pues el amparo directo, en realidad tiene la finalidad de que el juzgador de amparo, de nueva cuenta someta a su estudio la controversia de fondo planteada ante el juez natural, para determinar si es fundado o no, pero ahora desde el enfoque de la búsqueda de violaciones constitucionales, sin más materia que los conceptos de violación planteados en el mismo, lo que sin duda puede verse claramente como un recurso, sin embargo si dicho juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones respecto de las cuales no proceda algún medio ordinario ¿cómo el juicio de amparo directo puede ser un recurso si procede después de agotados éstos?, la respuesta pude encontrarse en que no se trata de un medio de defensa ordinario sino de uno evidentemente extraordinario, por el hecho de que solo tiene un propósito específico y determinado, la revisión de la constitucionalidad de las sentencias, resoluciones o laudos una vez cumplido el principio de definitividad.

Por otro lado, el juicio de amparo indirecto es en sí mismo un juicio en toda la extensión de la palabra, pues abarca etapas procésales que le permiten ser considerado como tal, entre las cuales destaca el hecho de que él mismo cuenta con una etapa probatoria, que se desarrolla en la audiencia constitucional y prevé un catálogo específico de pruebas, cuyo desahogo se encuentra perfectamente establecido en la ley de amparo, lo que solo ocurre en los procedimientos seguidos en forma de juicios.

2.- PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO:

El amparo indirecto procede contra:

I.- Normas generales.
II. Actos que provengan de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo.
III. Actos o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio.
IV. Actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados después de concluido el juicio.
V. Actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación.
VI. Actos que afecten a personas extrañas al juicio.
VII. Omisiones del Ministerio Público.
VIII. Actos de autoridad que determinen cuestiones de incompetencia.

3.- DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO, QUE DEBE CONTENER.

La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará en forma general:

I. El nombre y domicilio del quejoso.
II. El nombre y domicilio del tercero interesado.
III. La autoridad o autoridades responsables.
IV. El acto reclamado.
V. Bajo protesta de decir verdad los antecedentes del acto reclamado.
VIII. Los conceptos de violación.

La sustanciación de la demanda de amparo directo es objeto de su segundo curso.

4.- DEFINICIÓN DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. Razonamientos lógico jurídicos que expresa el quejoso en su demanda de amparo a la luz de las garantías individuales consagradas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los derechos humanos y de los tratados internacionales, en las materias de derecho que se rigen bajo el principio de estricto derecho, en contra de los argumentos y fundamentos aplicados en el acto reclamado por la autoridad responsable, en los cuales, el quejoso debe referir con precisión los preceptos jurídicos secundarios y/o constitucionales que fueron violentadas por la autoridad al inobservarlos o aplicarlos inexactamente, cumpliendo en dichos razonamientos con el principio de exhaustividad, así como con el principio de importancia y trascendencia, con el objeto de lograr que el juez federal que conoce del amparo, emita una sentencia en la que decrete la restitución al quejoso en el goce de la garantía constitucional violada.

TEMA 9
AMPARO DIRECTO Y ADHESIVO

1.- PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO.

El juicio de amparo directo procede: Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo.

2.- QUE SE ENTIENDE POR SENTENCIAS DEFINITIVAS.

Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito.

3.- PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos.

4.- EXCEPCIÓN AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD.

Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ejidatarios, comuneros, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, ni en los de naturaleza penal promovidos por el inculpado. Tampoco será exigible el requisito cuando se alegue que, la ley aplicada o que se debió aplicar en el acto procesal, es contrario a la Constitución o a los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

5.- PROCEDENCIA DEL AMPARO ADHESIVO.

Si al presentarse el amparo directo, el presidente del tribunal colegiado de circuito no encuentra motivo de improcedencia o defecto en el escrito de demanda, o si éste último fuera subsanado, la admitirá y mandará notificar a las partes el acuerdo relativo, para que en el plazo de quince días presenten sus alegatos o promuevan amparo adhesivo. Lo que se traduce en que le maro adhesivo solo existe con motivo de la existencia del amparo directo.

La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado podrán presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado, el cual se tramitará en el mismo expediente y se resolverán en una sola sentencia. La presentación y trámite del amparo adhesivo se regirá, en lo conducente, por lo dispuesto para el amparo principal, y seguirá la misma suerte procesal de éste.

El amparo adhesivo únicamente procederá en los casos siguientes:

I. Cuando el adherente trate de fortalecer las consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y
II. Cuando existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente, trascendiendo al resultado del fallo.
III.- Impugnar las consideraciones que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. (CONTRADICCIÓN J/P 10/2015 SOLO LOS DOS PRIMEROS SUPUESTOS)

Los conceptos de violación en el amparo adhesivo deberán estar encaminados, por tanto, a fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al juicio, que determinaron el resolutivo favorable a los intereses del adherente, o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le perjudica. Se deberán hacer valer todas las violaciones procesales que se hayan cometido, siempre que pudieran trascender al resultado del fallo y que respecto de ellas, el adherente hubiese agotado los medios ordinarios de defensa, a menos que se trate de menores, incapaces, ejidatarios, trabajadores, núcleos de población ejidal o comunal, o de quienes por sus condiciones de pobreza o marginación se encuentren en clara desventaja social para emprender un juicio, y en materia penal tratándose del inculpado.

5.1.- CONSECUENCIA DE LA FALTA DE PRESENTACIÓN DEL AMPARO ADHESIVO.

La falta de promoción del amparo adhesivo hará que precluye el derecho de quien obtuvo sentencia favorable para alegar posteriormente las violaciones procesales que se hayan cometido en su contra, siempre que haya estado en posibilidad de hacerlas valer.

6.- REQUISITO DE LA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO.

La demanda de amparo directo deberá formularse por escrito, en el que se expresarán:

I. El nombre y domicilio del quejoso y de quien promueve en su nombre;
II. El nombre y domicilio del tercero interesado;
III. La autoridad responsable;
IV. El acto reclamado.
Cuando se impugne la sentencia definitiva, laudo o resolución que haya puesto fin al juicio por estimarse inconstitucional la norma general aplicada, ello será materia únicamente del capítulo de conceptos de violación de la demanda, sin señalar como acto reclamado la norma general, debiéndose llevar a cabo la calificación de éstos en la parte considerativa de la sentencia.

La demanda de amparo deberá presentarse por conducto de la autoridad responsable, con copia para cada una de las partes.

TEMA 10
SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO
REGLAS GENERALES
Dentro del procedimiento del juicio de amparo indirecto pueden presentarse algunos incidentes, entre los cuales se encuentra el de suspensión.
El incidente de suspensión es una institución de seguridad en el juicio de amparo, que tiene por objeto evitar que se causen daños y perjuicios de difícil reparación a los agraviados, y así conservar la materia objeto del conflicto, impidiendo que el acto reclamado se consume irreparablemente; de esta manera, al concederse la protección constitucional pueden restituirse las cosas al estado que guardaban antes de la violación.
POR LO TANTO, PODEMOS DECIR QUE SUS REGLAS GENERALES SON LAS SIGUIENTES:
* La suspensión tiene por objeto paralizar los efectos del acto reclamado manteniendo las cosas en el estado que guarden en el momento de decretarse.
* El juzgador debe precisar el acto o actos que hayan de suspenderse para evitar todo tipo de confusiones en el quejoso y autoridades responsables.
* Al resolverse sobre la suspensión no procede estudiar cuestiones relativas al fondo del amparo.
* La jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta que la suspensión procede en contra de la aplicación de una ley.
1. CLASIFICACIÓN DE LA SUSPENSIÓN.
De oficio o “de plano”, Es la que se decreta en el mismo auto en que el juez admite la demanda.
A petición de parte. Estriba en la naturaleza del acto; en los amparos indirectos, procede primero en forma provisional y después en forma definitiva.
1.1.- CUÁNDO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE OFICIO.
La suspensión de oficio en el juicio de amparo está en razón de la naturaleza del acto reclamado y la necesidad de conservar la materia de amparo, en los siguientes supuestos:
I. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de vida, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el Artículo 22 de la Constitución Federal;
II. Cuando se trate de algún otro acto que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía individual reclamada.
La suspensión señalada, se decreta de plano en el mismo auto en que el Juez admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento.
Los efectos de la suspensión de oficio únicamente consistirán en ordenar que cesen los actos que directamente pongan en peligro la vida, permitan la deportación o el destierro del quejoso u ordenar que las cosas se mantengan en el estado que guarden, tomando el Juez las medidas pertinentes para evitar la consumación de los actos reclamados.
Además, de igual forma procede la suspensión de oficio del acto reclamado, cuando los actos reclamados tengan o puedan tener por consecuencia la privación total o parcial, temporal o definitiva de los bienes agrarios del núcleo de población quejoso o su substracción del régimen jurídico-ejidal.
1.2. LA SUSPENSIÓN A PETICIÓN DE PARTE.
Se clasifica de la siguiente manera:
A. Suspensión provisional.
B. Suspensión definitiva.
La suspensión provisional, como su nombre lo indica, surte sus efectos mientras se resuelve sobre la definitiva, una vez celebrada la audiencia incidental.
Cabe señalar que en contra del auto que concede o niega la suspensión provisional, procede el recurso de queja.
Así también, el recurso que procede en contra de la resolución que concede o niega la suspensión definitiva, es el de revisión, del cual conoce el Tribunal Colegiado de Circuito.
Cuando el quejoso que solicita la suspensión aduzca un interés legítimo, el órgano jurisdiccional la concederá cuando el quejoso acredite el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, y el interés social que justifique su otorgamiento.
En ningún caso, el otorgamiento de la medida cautelar podrá tener por efecto modificar o restringir derechos ni constituir aquéllos que no haya tenido el quejoso antes de la presentación de la demanda.
2.- FIANZA PARA GARANTIZAR EL PAGO DE DAÑOS Y PERJUICIOS.
En los casos en que sea procedente la suspensión pero pueda ocasionar daño o perjuicio a tercero y la misma se conceda, el quejoso deberá otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable en el juicio de amparo.
Cuando con la suspensión puedan afectarse derechos del tercero interesado que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la garantía.

La suspensión concedida a los núcleos de población no requerirá de garantía para que surta sus efectos.
2.- CONTRA GARANTÍA PARA DEJAR SIN EFECTO LA SUSPENSIÓN.
La suspensión, en su caso, quedará sin efecto si el tercero otorga contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación reclamada y pagar los daños y perjuicios que sobrevengan al quejoso, en el caso de que se le conceda el amparo.

No se admitirá la contragarantía cuando de ejecutarse el acto reclamado quede sin materia el juicio de amparo o cuando resulte en extremo difícil restituir las cosas al estado que guardaban antes de la violación.

Cuando puedan afectarse derechos que no sean estimables en dinero, el órgano jurisdiccional fijará discrecionalmente el importe de la contragarantía.

TEMA NÚMERO 11
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN. RECURSOS

1.- CONCEPTO DE RECURSO: (FÁBREGA) Se llama recurso judicial a la facultad que a los litigantes compete de pedir la enmienda de una resolución judicial, ante un tribunal superior. El fundamento de los recursos judiciales estriba en la falibilidad humana, los jueces y tribunales pueden incurrir en errores al dictar sus resoluciones y por tanto es preciso que los litigantes gocen de medios para poder enmendarlos.

Los recursos que prevé la lay de amparo son revisión, queja y reclamación; y tratándose del cumplimiento de sentencia, el de inconformidad.

2.- RECURSO DE REVISIÓN

2.2.- PROCEDE EL RECURSO DE REVISIÓN:

I. En amparo indirecto, en contra de las resoluciones siguientes:

a) Las que concedan o nieguen la suspensión definitiva; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia incidental;
b) Las que modifiquen o revoquen el acuerdo en que se conceda o niegue la suspensión definitiva, o las que nieguen la revocación o modificación de esos autos; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la audiencia correspondiente;
c) Las que decidan el incidente de reposición de constancias de autos;
d) Las que declaren el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional; y
e) Las sentencias dictadas en la audiencia constitucional; en su caso, deberán impugnarse los acuerdos pronunciados en la propia audiencia.

II. En amparo directo, en contra de las sentencias que resuelvan sobre la constitucionalidad de normas generales que establezcan la interpretación directa de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de los derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, u omitan decidir sobre tales cuestiones cuando hubieren sido planteadas, siempre que fijen un criterio de importancia y trascendencia, según lo disponga la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cumplimiento de acuerdos generales del pleno.

La materia del recurso se limitará a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin poder comprender otras.

2.2.- REVISIÓN ADHESIVA

La parte que obtuvo resolución favorable en el juicio de amparo puede adherirse a la revisión interpuesta por otra de las partes dentro del plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de la admisión del recurso, expresando los agravios correspondientes; la adhesión al recurso sigue la suerte procesal de éste.

2.3.- ¿QUIEN CONOCE DE LA REVISIÓN CONTRA RESOLUCIÓN EMITIDA EN AMPARO DIRECTO?

Es competente la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer del recurso de revisión contra las sentencias dictadas en la audiencia constitucional, cuando habiéndose impugnado normas generales por estimarlas inconstitucionales, o cuando en la sentencia se establezca la interpretación directa de un precepto de la Constitución y subsista en el recurso el problema de constitucionalidad.

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante acuerdos generales, distribuirá entre las salas los asuntos de su competencia o remitirá a los tribunales colegiados de circuito los que, conforme a los referidos acuerdos, la propia Corte determine.

Son competentes los tribunales colegiados de circuito para conocer del recurso de revisión en los casos no previstos en el artículo anterior. Las sentencias que dicten en estos casos no admitirán recurso alguno.

2.4.- PLAZO

El recurso de revisión se interpondrá en el plazo de diez días por conducto del órgano jurisdiccional que haya dictado la resolución recurrida.

La interposición del recurso por conducto de órgano diferente al señalado en el párrafo anterior no interrumpirá el plazo de presentación.

3.- RECURSO DE QUEJA.

3.1.- EL RECURSO DE QUEJA PROCEDE:

I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:

a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;

b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o la provisional;
c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero interesado;
e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; así como las que con las mismas características se emitan después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;
f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y perjuicios;
g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y
h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo;

II. Amparo directo, tratándose de la autoridad responsable, en los siguientes casos:

a) Cuando omita tramitar la demanda de amparo o lo haga indebidamente;
b) Cuando no provea sobre la suspensión dentro del plazo legal, conceda o niegue ésta, rehúse la admisión de fianzas o contrafianzas, admita las que no reúnan los requisitos legales o que puedan resultar excesivas o insuficientes;
c) Contra la resolución que decida el incidente de reclamación de daños y perjuicios; y
d) Cuando niegue al quejoso su libertad caucionar o cuando las resoluciones que dicte sobre la misma materia causen daños o perjuicios a alguno de los interesados.

3.1.1.- Quien conoce del recurso de queja.

Décima Época
Registro digital: 2005704
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Tesis Aislada
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 3, Febrero de 2014, Tomo III
Materia(s): Común
Tesis: XIX.2o.P.T.3 K (10a.)
Página: 2619
RECURSO DE QUEJA EN EL AMPARO INDIRECTO. SU PRESENTACIÓN ANTE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL DISTINTO DEL QUE CONOCE DEL JUICIO NO INTERRUMPE EL TÉRMINO PARA SU INTERPOSICIÓN.
De conformidad con los artículos 97, fracción I, y 99, primer párrafo, de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, el recurso de queja que se interponga contra las resoluciones dictadas en el juicio de amparo indirecto, debe presentarse directamente ante el órgano jurisdiccional que conozca de él; por tanto, si el medio de impugnación erróneamente se presenta ante el Tribunal Colegiado de Circuito que deba conocer de aquél, ello no interrumpe el término para su interposición; de ahí que si el recurso fue recibido fuera de término por el órgano que conoce del juicio constitucional en primera instancia, debe desecharse.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS PENAL Y DE TRABAJO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.
Queja 126/2013. Gobierno del Estado de Tamaulipas. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Arturo Rafael Segura Madueño. Secretario: Alberto Chávez Aguilar. Esta tesis se publicó el viernes 21 de febrero de 2014 a las 10:32 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

3.2.- PLAZO

El plazo para la interposición del recurso de queja es de cinco días, con las excepciones siguientes:

I. De dos días hábiles, cuando se trate de suspensión de plano o provisional; y
II. En cualquier tiempo, cuando se omita tramitar la demanda de amparo.

4.- RECURSO DE RECLAMACIÓN

El recurso de reclamación es procedente contra los acuerdos de trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por los presidentes de sus salas o de los tribunales colegiados de circuito.

4.1.- PLAZO

Dicho recurso se podrá interponer por cualquiera de las partes, por escrito, en el que se expresan agravios, dentro del término de tres días siguientes al en que surta sus efectos la notificación de la resolución impugnada.

5.- RECURSO DE INCONFORMIDAD.

El recurso de inconformidad procede contra las resoluciones posteriores al dictado de la sentencia de amparo que:

I. Tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de esta Ley;
II. Declare que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del asunto;
III. Declare sin materia o infundada la denuncia de repetición del acto reclamado; o
IV. Declare infundada o improcedente la denuncia por incumplimiento de la declaratoria general de inconstitucionalidad.

5.1.- PLAZO
El recurso de inconformidad podrá interponerse por el quejoso o, en su caso, por el tercero interesado o el promovente de la denuncia a que se refiere el artículo 210 de esta Ley, mediante escrito presentado por conducto del órgano judicial que haya dictado la resolución impugnada, dentro del plazo de quince días contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación.

TEMA 12

CUMPLIMIENTO, REPETICIÓN, INEJECUCIÓN, EXCESO O DEFECTO

I CUMPLIMIENTO

El procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia de amparo ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata, puntual, sin excesos ni defectos.

1.1. REQUERIMIENTO.- En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, así mismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación.

1.2.1.- EXCEPCIONES AL PLAZO DE TRES DÍAS.- El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso.

1.2. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO.- Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en ley de amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga.

1.3. SUPERIOR JERÁRQUICO.- Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo.

1.4. RESPONSABILIDAD DE LA AUTORIDAD AUN DEJANDO EL CARGO.- Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo y quien asuma el mismo cargo, recibirá el mismo requerimiento que quien lo dejó para realizar el cumplimiento.

1.5. ATENUANTE DE SANCIÓN PENAL.- El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal.

1.6. ¿QUÉ AUTORIDADES DEBEN ACTUAR PARA CUMPLIR CON LA SENTENCIA DE AMPARO? Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este Capítulo.

1.7. ¿CUÁNDO SE ENTIENDE QUE LA EJECUTORIA FUE CUMPLIDA? La ejecutoria se entiende cumplida cuando lo sea en su totalidad, puntualmente, sin excesos ni defectos.

II.- REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO

Para estimar acreditada la repetición del acto reclamado, basta comparara los dos actos en cuanto a sus efectos; así, si se otorgó el amparo porque la autoridad realizó un acto prohibido, el análisis del segundo acto debe limitarse a verificar si produce el mismo efecto del anterior, con independencia de sus causas, motivos o fundamento y en tal sentido advertir si se reitera la lesión en las mismas condiciones en que antes lo hizo, pese a que ha sido declarada contraria a las garantías individuales. (Jurisprudencia de la Cuarta Sala SCJN registro 207678)

2.1.- PLAZO. La repetición del acto reclamado podrá ser denunciada por la parte interesada dentro del plazo de quince días ante el órgano jurisdiccional que conoció del amparo, el cual correrá traslado con copia de la denuncia a la autoridad responsable y le pedirá un informe que deberá rendir dentro del plazo de tres días.

2.2.- SANCIÓN. Vencido el plazo, el órgano judicial de amparo dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si ésta fuere en el sentido de que existe repetición del acto reclamado, ordenará la remisión de los autos al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, siguiendo, en lo aplicable, lo establecido en el artículo 193 de la ley de amparo.

• Recibidos los autos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinará a la brevedad posible, si existe o no repetición del acto reclamado.

• En el primer supuesto, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable, así como a consignarlo ante juez de distrito por el delito que corresponda.

• Si no hubiere repetición, o si habiéndola, la autoridad no actuó dolosamente y dejó sin efectos el acto repetitivo antes de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ésta hará la declaratoria correspondiente y devolverá los autos al órgano judicial que los remitió.

2.3.- ATENUANTE. Si la autoridad responsable deja sin efecto el acto repetitivo, ello no la exime de responsabilidad si actuó dolosamente al repetir el acto reclamado, pero será atenuante en la aplicación de la sanción penal.

III INEJECUCIÓN DEL FALLO PROTECTOR

Debe partir de la base de que se impute a la autoridad responsable la ausencia total de actos encaminados a la ejecución, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, o bien se impute la total persistencia de la autoridad responsable en su conducta violatoria de garantías, cuando los actos reclamados sean de carácter negativo. Por tanto, las resoluciones deberán contraerse, exclusivamente, a estudiar y determinar si la autoridad responsable es o no contumaz para acatar la ejecutoria de amparo. (Jurisprudencia de la Tercera Sala SCJN registro 206569)

IV EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO PROTECTOR

Se estima que existe exceso cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la ejecutoria que concedió la protección constitucional, en tanto que hay defecto cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la ejecutoria, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. (Registro digital: 224837 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Jurisprudencia por reiteración)

V.- PROYECTO DE SEPARACIÓN DEL CARGO DEL TITULAR DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE
El tribunal colegiado de circuito notificará a las partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a éstos. Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo directo, el tribunal colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo de los titulares de la autoridad responsable y su superior jerárquico.

V.I. ¿CUÁL ES EL ACTUAR DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN AL RECIBIR LA RESOLUCIÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO?

• Recibidos los autos en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dictará a la brevedad posible la resolución que corresponda.
• Cuando estime que el retraso en el cumplimiento es justificado, dará un plazo razonable a la autoridad responsable para que cumpla, el que podrá ampliarse a solicitud fundada de la autoridad.
• Cuando considere que es inexcusable o hubiere transcurrido el plazo anterior sin que se hubiese cumplido, tomará en cuenta el proyecto del tribunal colegiado de circuito y procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de distrito por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Las mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de la autoridad responsable si hubiese incurrido en responsabilidad, así como de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria.
• En la misma resolución, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenará que se devuelvan los autos al órgano jurisdiccional de amparo a efecto de que reinicie el trámite de cumplimiento ante los nuevos titulares, sin perjuicio de la consignación que proceda contra los anteriores titulares que hayan sido considerados responsables del incumplimiento de la ejecutoria de amparo en términos del párrafo anterior.

TEMA 13
INCIDENTE POSTERIOR A LA SENTENCIA, INCIDENTE DERIVADO DE LA SUSPENSIÓN Y OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE CUMPLIR LA SENTENCIA

1.- INCIDENTE DE CUMPLIMIENTO SUSTITUTO
El incidente de cumplimiento sustituto tendrá por efecto que la ejecutoria se dé por cumplida mediante el pago de los daños y perjuicios al quejoso.

El cumplimiento sustituto podrá ser solicitado por cualquiera de las partes o decretado de oficio por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los casos en que:
I. La ejecución de la sentencia afecte gravemente a la sociedad en mayor proporción a los beneficios que pudiera obtener el quejoso; o
II. Por las circunstancias materiales del caso, sea imposible o desproporcionadamente gravoso restituir las cosas a la situación que guardaban con anterioridad al juicio.

La solicitud podrá presentarse, según corresponda, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por conducto del órgano jurisdiccional a partir del momento en que cause ejecutoria la sentencia.

El cumplimiento sustituto se tramitará incidentalmente en los términos de los artículos 66 y 67 de esta Ley.

Declarado procedente, el órgano jurisdiccional de amparo determinará la forma y cuantía de la restitución.

Independientemente de lo establecido en los párrafos anteriores, el quejoso y la autoridad responsable pueden celebrar convenio a través del cual se tenga por cumplida la ejecutoria. Del convenio se dará aviso al órgano judicial de amparo; éste, una vez que se le compruebe que los términos del convenio fueron cumplidos, mandará archivar el expediente.

2.- INCIDENTE EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO DE LA SUSPENSIÓN.

El incidente a que se refiere este Capítulo procede en contra de las autoridades responsables, por cualquier persona que resulte agraviada por el incumplimiento de la suspensión, sea de plano o definitiva, por exceso o defecto en su ejecución o por admitir, con notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente.

Este incidente podrá promoverse en cualquier tiempo, mientras no cause ejecutoria la resolución que se dicte en el juicio de amparo.

El incidente se promoverá ante el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de la suspensión concedida en amparo indirecto, y ante el presidente del tribunal colegiado de circuito si la suspensión fue concedida en amparo directo.

El incidente se tramitará de conformidad con las reglas siguientes:

I. Se presentará por escrito, con copias para las partes, ante el órgano judicial correspondiente señalado en el artículo anterior; en el mismo escrito se ofrecerán las pruebas relativas;
II. El órgano judicial señalará fecha para la audiencia dentro de diez días y requerirá a la autoridad responsable para que rinda informe en el plazo de tres días. La falta o deficiencia del informe establece la presunción de ser cierta la conducta que se reclama; y
III. En la audiencia se recibirán las pruebas ofrecidas por las partes, se dará oportunidad para que éstas aleguen oralmente y se dictará resolución.

Si como resultado del incidente se demuestra que la autoridad responsable no ha cumplido con la suspensión, que lo ha hecho de manera excesiva o defectuosa o que con notoria mala fe o negligencia inexcusable admitió fianza o contrafianza ilusoria o insuficiente, el órgano judicial, en su resolución, la requerirá para que en el término de veinticuatro horas cumpla con la suspensión, que rectifique los errores en que incurrió al cumplirla o, en su caso, que subsane las deficiencias relativas a las garantías, con el apercibimiento que de no hacerlo será denunciada al Ministerio Público de la Federación por el delito que, según el caso, establecen las fracciones III y IV del artículo 262 de esta Ley.
OBLIGACIÓN DEL JUEZ DE AMPARO DE HACER CUMPLIR LA SENTENCIA

Lo dispuesto en este título debe entenderse sin perjuicio de que el órgano jurisdiccional haga cumplir la sentencia de que se trate dictando las órdenes y medidas de apremio necesarias. Si éstas no fueren obedecidas, comisionará al secretario o actuario para que le dé cumplimiento cuando la naturaleza del acto lo permita y, en su caso, el mismo juez de distrito se constituirá en el lugar en que deba dársele cumplimiento para ejecutarla.

Para los efectos de esta disposición, el juez o servidor público designado podrá salir del lugar de su jurisdicción, dando aviso al Consejo de la Judicatura Federal. En todo tiempo podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para hacer cumplir la sentencia de amparo.

Se exceptúan de lo dispuesto en los párrafos anteriores, los casos en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la sentencia de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado; pero si se tratare de la libertad personal, la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la sentencia y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar la resolución que corresponda de inmediato, el órgano jurisdiccional de amparo mandará ponerlo en libertad sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones, darán debido cumplimiento a las órdenes que se les giren conforme a esta disposición.

Si el pleno o la sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concedió el amparo no obtuvieren el cumplimiento material de la sentencia respectiva, dictará las órdenes que sean procedentes al órgano jurisdiccional que corresponda, los que se sujetarán a las disposiciones del artículo anterior en cuanto fueren aplicables.

En el recurso e incidentes a que se refiere este título, el órgano jurisdiccional de amparo deberá suplir la deficiencia de la vía y de los argumentos hechos valer por el promovente.

No podrá archivarse ningún juicio de amparo sin que se haya cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional o no exista materia para la ejecución y así se haya determinado por el órgano jurisdiccional de amparo en resolución fundada y motivada.

TEMA 14
MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO,
RESPONSABILIDADES, SANCIONES Y DELITOS

1.- MEDIDAS DISCIPLINARIAS Y DE APREMIO

Para mantener el orden y exigir respeto, los órganos jurisdiccionales de amparo mediante una prudente apreciación de acuerdo con la conducta realizada, podrán imponer a las partes y a los asistentes al juzgado o tribunal, y previo apercibimiento, cualquiera de las siguientes medidas disciplinarias:
I. Multa; y
II. Expulsión del recinto judicial o del lugar donde se celebre la audiencia. En casos extremos, la audiencia podrá continuar en privado.
Para estos efectos las autoridades policiacas, federales, estatales y municipales deberán prestar auxilio a los órganos jurisdiccionales de amparo cuando lo soliciten.
Para hacer cumplir sus determinaciones, los órganos jurisdiccionales de amparo, bajo su criterio y responsabilidad, podrán hacer uso, indistintamente, de las siguientes medidas de apremio:
I. Multa;
II. Auxilio de la fuerza pública que deberán prestar las autoridades policiacas federales, estatales o municipales; y
III. Ordenar que se ponga al infractor a disposición del Ministerio Público por la probable comisión de delito en el supuesto de flagrancia; en caso contrario, levantar el acta respectiva y hacer la denuncia ante la representación social federal. Cuando la autoridad infractora sea el Ministerio Público de la Federación, la infracción se hará del conocimiento del Procurador General de la República.

2.- RESPONSABILIDADES Y SANCIONES

Las multas previstas en esta Ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo.

2.1.- MULTAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE.

Se sancionará con multa de cien a mil días a la autoridad responsable que:

I. No rinda el informe previo;
II. No rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omita referirse a la representación que aduzca el promovente de la demanda.
III. No informe o no remita, en su caso, la certificación relativa a la fecha de notificación del acto reclamado, la de presentación de la demanda y de los días inhábiles que mediaron entre uno y otro acto; y
IV. No trámite la demanda de amparo o no remita con la oportunidad debida y en los plazos previstos por esta Ley las constancias que le sean solicitadas por amparo o por las partes en el juicio constitucional.

3.- DELITOS

A). DEL QUEJOSO, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y

B). DEL QUEJOSO O TERCERO INTERESADO, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos.

C).- DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE: En los siguientes casos:

I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir;
II. Repita el acto reclamado;
III. Omita cumplir cabalmente con la resolución que establece la existencia del exceso o defecto; y
IV. Incumpla la resolución en el incidente que estime incumplimiento sobre declaratoria general de inconstitucionalidad.

Las mismas penas que se señalan en este artículo serán impuestas en su caso al superior de la autoridad responsable que no haga cumplir una sentencia de amparo, además cuando:

V. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;
VI. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;
VII. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;
VIII. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y
IX. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.
X.- Aplique una norma declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante una declaratoria general de inconstitucionalidad.

La pérdida de la calidad de autoridad, no extingue la responsabilidad penal por los actos u omisiones realizados para no cumplir o eludir el cumplimiento de la sentencia de amparo cuando la ley le exija su acatamiento.

D).- AL MINISTRO, MAGISTRADO O JUEZ que dolosamente hubiere negado la causa que funda la recusación y ésta se comprueba, se le impondrán pena de dos a seis años de prisión, multa de treinta a trescientos días, destitución e inhabilitación por un lapso de dos a seis años.

F).- DEL JUEZ DE DISTRITO O LA AUTORIDAD QUE CONOZCA DE UN JUICIO DE AMPARO O DEL INCIDENTE RESPECTIVO, cuando dolosamente:

I. No suspenda el acto reclamado a sabiendas de que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, si dichos actos no se ejecutan por causas ajenas a la intervención de los órganos jurisdiccionales mencionados; y
II. No concediere la suspensión, siendo notoria su procedencia.
III. Ponga en libertad al quejoso en contra de lo previsto en las disposiciones aplicables de esta Ley.

TEMA 15
DECLARATORIA CUASI GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

1.- COMO SE INTEGRA LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD: Cuando las salas o el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, resuelvan la inconstitucionalidad de una norma general por segunda ocasión consecutiva, en una o en distintas sesiones, el presidente de la sala respectiva o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo informará a la autoridad emisora de la norma. Lo dispuesto en el presente Capítulo no será aplicable a normas en materia tributaria.

Cuando el pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los juicios de amparo indirecto en revisión, establezcan jurisprudencia por reiteración, en la cual se determine la inconstitucionalidad de la misma norma general, se procederá a la notificación a que se refiere el tercer párrafo de la fracción II del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Una vez que se hubiere notificado al órgano emisor de la norma y transcurrido el plazo de 90 días naturales sin que se modifique o derogue la norma declarada inconstitucional, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitirá la declaratoria general de inconstitucionalidad correspondiente siempre que hubiera sido aprobada por mayoría de cuando menos ocho votos.

Cuando el órgano emisor de la norma sea el órgano legislativo federal o local, el plazo referido en el párrafo anterior se computará dentro de los días útiles de los periodos ordinarios de sesiones determinados en la Constitución Federal, en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, o en la Constitución Local, según corresponda.

Los plenos de circuito, conforme a los acuerdos generales que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación, podrán solicitar a ésta, por mayoría de sus integrantes, que inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando dentro de su circuito se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general.

La declaratoria en ningún caso podrá modificar el sentido de la jurisprudencia que le da origen, será obligatoria, tendrá efectos generales y establecerá:

I. La fecha a partir de la cual surtirá sus efectos; y
II. Los alcances y las condiciones de la declaratoria de inconstitucionalidad.

Los efectos de estas declaratorias no serán retroactivos salvo en materia penal, en términos del párrafo primero del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La declaratoria general de inconstitucionalidad se remitirá al Diario Oficial de la Federación y al órgano oficial en el que se hubiera publicado la norma declarada inconstitucional para su publicación dentro del plazo de siete días hábiles.

2.- DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LA DECLARATORIA GENERAL DE INCONSTITUCIONALIDAD

Si con posterioridad a la entrada en vigor de la declaratoria general de inconstitucionalidad, se aplica la norma general inconstitucional, el afectado podrá denunciar dicho acto:

I. La denuncia se hará ante el juez de distrito que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado.

Si el acto denunciado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, el trámite se llevará ante el juez de distrito que primero admita la denuncia; en su defecto, aquél que dicte acuerdo sobre ella o, en su caso, el que primero la haya recibido.

Cuando el acto denunciado no requiera ejecución material se tramitará ante el juez de distrito en cuya jurisdicción resida el denunciante.

El juez de distrito dará vista a las partes para que en un plazo de tres días expongan lo que a su derecho convenga.

Transcurrido este plazo, dictará resolución dentro de los tres días siguientes. Si fuere en el sentido de que se aplicó la norma general inconstitucional, ordenará a la autoridad aplicadora que deje sin efectos el acto denunciado y de no hacerlo en tres días se estará a lo que disponen los artículos 192 al 198 de esta Ley en lo conducente. Si fuere en el sentido de que no se aplicó, la resolución podrá impugnarse mediante el recurso de inconformidad;

II. Si con posterioridad la autoridad aplicadora o en su caso la sustituta incurrieran de nueva cuenta en aplicar la norma general declarada inconstitucional, el denunciante podrá combatir dicho acto a través del procedimiento de denuncia de repetición del acto reclamado previsto por el Capítulo II del Título Tercero de esta Ley.

El procedimiento establecido en el presente artículo será aplicable a los casos en que la declaratoria general de inconstitucionalidad derive de lo dispuesto por la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

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